La expansión de parques eólicos y fotovoltaicos ha situado a Navarra en el centro de la transición energética. El Gobierno de Navarra defiende que acelerar el despliegue renovable es imprescindible para reducir emisiones, cumplir los compromisos climáticos y reforzar la autonomía energética.
Sin embargo, el modelo elegido vuelve a estar bajo cuestionamiento. En distintas comarcas forales se ha intensificado la discusión sobre la escala de los proyectos y su impacto acumulativo en el territorio. La polémica no se limita a la clásica oposición entre energías fósiles y limpias, sino que se adentra en un terreno más complejo: el de la planificación, la concentración de instalaciones y el papel de las grandes empresas en la transición.
Ese debate ha cobrado nuevo impulso tras la publicación de un artículo de opinión titulado «STOP a las falsedades de las energías renovables», firmado por Pablo Lorente, portavoz de Sustrai Erakuntza, y por la bióloga Aitziber Sarobe.
El texto plantea una crítica frontal al discurso dominante sobre el despliegue de macroproyectos. Los autores arrancan con una acusación directa: «Estos últimos años nos ha tocado resistir ante una avalancha de falsedades, medias verdades y mentiras intencionadas con la finalidad clara de crear en la sociedad una actitud favorable al despliegue de macroproyectos para la generación de energías renovables».
A su juicio, la narrativa pública estaría orientada a facilitar una aceptación social acrítica. El artículo sitúa el origen de esta dinámica en el contexto europeo posterior a la invasión de Ucrania.
Según escriben, «aprovechando la crisis energética generada en Europa por la guerra de Ucrania, la maquinaria neoliberal bien engrasada debilitó el marco legal europeo para la protección ambiental», al tiempo que se impulsaron ayudas masivas al sector renovable.
Lorente y Sarobe matizan que comparten la necesidad de reducir emisiones. «Urge la necesidad de una transición energética hacia un nuevo modelo energético que aminore las emisiones de gases de efecto invernadero, en eso estamos de acuerdo», afirman. Sin embargo, advierten de que «no hay energías limpias ni inocuas» y sostienen que el actual despliegue masivo exige una justificación que, en su opinión, se ha construido sobre simplificaciones.
EL MARCO NORMATIVO NAVARRO, A DEBATE
El texto también pone el foco en el marco normativo aprobado en los últimos años, como la Ley Foral 4/2022 de Cambio Climático y Transición Energética en Navarra, respaldada por una amplia mayoría parlamentaria. Para los firmantes, estas leyes no garantizan por sí mismas un modelo descentralizado ni comunitario.
En ese sentido, cuestionan propuestas políticas que plantean «electrificando en su mayor parte (movilidad, industria, calefacción); basado en renovables distribuidas territorialmente; con almacenamiento y redes públicas o comunitarias; con participación ciudadana real en la propiedad y gestión; con soberanía energética como pilar de la política económica».
A su entender, el ordenamiento vigente y el desarrollo tecnológico actual no apuntan en esa dirección. El artículo es especialmente crítico con la idea de una «transición energética justa y rápida», expresión que califican de contradictoria. «Una transición energética rápida sólo sería posible manteniendo las bases materiales y energéticas de nuestro modelo productivo; es decir, reemplazando las energías fósiles con renovables», sostienen, para añadir que, en las condiciones actuales, ello dependería del hidrógeno renovable en manos de grandes corporaciones.
Más allá de las afirmaciones del texto, el debate de fondo sigue abierto. Navarra parte de una posición singular: alto consumo energético en relación con su tamaño y una producción limitada en comparación con la demanda. La electrificación de la movilidad y de la industria exigirá un incremento notable de generación renovable si se quiere avanzar hacia la descarbonización.
El Ejecutivo foral insiste en que los proyectos deben superar evaluaciones ambientales y procesos de información pública, y defiende que la transición energética representa una oportunidad económica y de innovación.
Al mismo tiempo, crece la exigencia social de mayor planificación estratégica y de análisis acumulativo de impactos. Lorente y Sarobe concluyen que incluso un modelo basado en «renovables distribuidas territorialmente; con almacenamiento y redes públicas o comunitarias; con participación ciudadana real en la propiedad y gestión» no revertirá el problema si no se reduce el consumo total de energía.
«Ya estamos tardando», advierten. La controversia evidencia que el consenso sobre la necesidad de actuar frente al cambio climático no elimina las discrepancias sobre el cómo. Navarra encara así un debate que va más allá de la cifra de megavatios instalados: se trata de definir qué modelo energético quiere construir y con qué equilibrio entre urgencia climática, límites ecológicos y legitimidad social
