El general Juan Antonio Lara, máximo responsable de la Inspección General de Sanidad (Igesan), se encuentra bajo el foco de una investigación de la Fiscalía tras una denuncia por el presunto uso irregular de dos vehículos oficiales del Ministerio de Defensa. Según la documentación aportada por un soldado, el militar habría utilizado estos coches adscritos a hospitales para desplazamientos personales, incluyendo traslados a aeropuertos y estaciones de tren fuera de toda jornada laboral.
La línea que separa el uso operativo de los medios públicos del abuso personal vuelve a cuestionar los protocolos de los altos cargos militares.
La gravedad de la denuncia, interpuesta de forma anónima, radica en la gestión de un Ford Kuga perteneciente originalmente al Hospital Militar de Zaragoza, que el general habría trasladado a Madrid para su uso particular exclusivo durante el último año y medio. Fuentes internas señalan que este vehículo, destinado técnicamente a servicios sanitarios como el transporte de medicamentos o pacientes, ha sido visto frecuentemente circulando por el centro de la capital, lejos de sus funciones sanitarias.
El «taxi» privado desde el Gómez Ulla
El segundo vehículo implicado depende del Hospital Central de la Defensa, el Gómez Ulla, lugar donde el general reside actualmente. Según la normativa vigente, los altos cargos sin rango de subsecretario deben justificar por escrito cada petición de coche oficial, especificando un motivo estrictamente laboral. Sin embargo, la investigación sugiere que el general Lara ha convertido esta herramienta en su medio de transporte habitual para fines de semana, camuflando viajes privados como visitas de trabajo a Zaragoza.
Los registros de las cámaras de seguridad del Ayuntamiento de Madrid han captado al coche adscrito al hospital zaragozano transitando por zonas restringidas del centro en horarios nocturnos. Esta operativa, que debería estar sujeta a un control estricto, evidencia una presunta falta de transparencia en el uso de unos recursos que, por definición, pertenecen a la sanidad pública militar y no a la esfera privada de sus mandos superiores.
Navidad, aeropuertos y cambios de planes
Uno de los episodios más polémicos documentados ante la Fiscalía se produjo el pasado 20 de diciembre. En aquella ocasión, el general solicitó formalmente un vehículo para desplazarse al aeropuerto junto a su pareja. Tras ser rechazada la petición por el director del Gómez Ulla al considerar que el fin no era laboral, el general optó por una maniobra alternativa: solicitó el coche para ir solo a la estación del AVE, pero dio instrucciones de detenerse por el camino para recoger a su acompañante.
Una vez en ruta, cambió nuevamente sus planes para que el conductor le llevara al aeropuerto de Barajas, exponiendo al soldado a posibles sanciones disciplinarias. Este tipo de maniobras reflejan una tensión constante entre la normativa interna y una conducta que ignora los protocolos de uso. La acumulación de estos viajes, siempre justificados bajo etiquetas de «reunión» en Zaragoza, ha terminado por agotar la paciencia de los subordinados, que han decidido romper su silencio.
La defensa del general: ¿conspiración o mala gestión?
Al ser cuestionado por estos hechos, el general Lara se ha defendido alegando que la denuncia es una represalia orquestada por aquellos a quienes ha intentado «poner orden» dentro de la estructura hospitalaria. Según su versión, los vehículos pertenecen a la Igesan y no a los hospitales, por lo que su uso está bajo su propia supervisión directa. Asimismo, ha llegado a afirmar que utiliza el coche de Zaragoza en Madrid simplemente para no mojarse los días de lluvia al desplazarse por el recinto del Gómez Ulla.
No obstante, su versión se tambalea ante las evidencias documentales y las contradicciones detectadas. Si bien inicialmente negó el uso de los coches con su pareja, posteriormente reconoció haber viajado con ella hasta el aeropuerto, aunque desvinculándolo de un viaje de vacaciones. Mientras la Fiscalía evalúa los datos, la jerarquía militar se enfrenta a una situación delicada: el descrédito de su cúpula sanitaria ante una tropa que denuncia cómo el rigor se aplica, a menudo, solo hacia los de abajo.
Un problema sistémico en la gestión pública
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la falta de controles efectivos sobre el parque móvil de los ministerios. Aunque existen normativas claras, la realidad es que muchos altos cargos utilizan el vehículo oficial como un privilegio personal bajo la excusa de la disponibilidad permanente. La impunidad con la que se han gestionado estos traslados hacia estaciones de tren y aeropuertos plantea interrogantes sobre la cultura organizativa dentro del Ministerio de Defensa y la supervisión de sus recursos.
La denuncia no solo ataca la figura del general Lara, sino que arroja luz sobre una práctica que, lejos de ser aislada, parece estar extendida entre quienes confunden su cargo público con su patrimonio personal. A la espera de que se resuelva la investigación, lo que ha quedado al descubierto es una brecha de confianza irreparable entre el mando y el personal de tropa, que ve cómo sus herramientas de trabajo se convierten, de facto, en chóferes privados para la cúpula.
