La revisión de los registros de contratación del Ministerio de Defensa, que dirige, Margarita Robles, ha sacado a la luz unas presuntas irregularidades en la Base Aérea de Albacete que desafía cualquier lógica de mercado y seguridad aeronáutica. Esta sospecha se articula en torno a la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 23 (JSEA 23), que ha tramitado expedientes donde una pequeña tienda de accesorios para motocicletas ha logrado imponerse sobre fabricantes industriales especializados en suministros críticos para aeronaves de combate y extinción de incendios.
El primer punto de ruptura con los procedimientos que suelen ser normales en este tipo de procesos administrativos se encuentra en el expediente 2025/EA23/00001054E, destinado al suministro de escaleras móviles con plataforma. Según fuente militares consultadas, en el complejo ecosistema de una base aérea, estos elementos «no son simples herramientas de ferretería; son estructuras de ingeniería fabricadas en aleaciones de alta resistencia, diseñadas para acoplarse milimétricamente al fuselaje de cazas Eurofighter o aviones CL-415«. Estas plataformas deben integrar sistemas de protección para la delicada «piel» de los aviones y suelos antideslizantes capaces de resistir líquidos hidráulicos corrosivos como el Skydrol.
En este sentido, hay que explicar que la empresa JORPERACING S.L. compitió directamente contra Escaleras Fibermad Navarra S.L., un referente industrial en la fabricación de estructuras de fibra y materiales compuestos. El resultado de la licitación es milimétrico: la tienda de motos se hizo con el contrato por una diferencia de apenas 1.405,32 euros, lo que supone una rebaja del 3,8% frente al especialista.
Esta victoria de un «intruso sectorial» sobre un fabricante consolidado activo inmediatamente las alertas por una posible información privilegiada o «baja temeraria» durante el concurso. Resultando inexplicable desde el punto de vista operativo cómo una microempresa local, sin capacidad fabril conocida, puede batir en precio a una planta industrial navarra, a menos que posiblemente trate de una presunta estrategia de dumping comercial o de la entrega de un producto que puede cumplir los mínimos del pliego pero carece de la calidad constructiva necesaria para el entorno militar.
OTROS LICITADORES
El hecho de que otros licitadores como Guillermo García Muñoz S.L. o Sethlans Enterprise S.L. fueran excluidos por fallos técnicos severos refuerza la tesis de que JORPERACING presuntamente contó con una asistencia inusual para presentar una documentación técnica impecable, especialmente sorprendente para una firma que poco tiempo antes se dedicaba exclusivamente a la venta de cascos y guantes de moto.
Sin embargo, el rastro de irregularidades se extiende hasta la Maestranza Aérea de Albacete, que parece haberse convertido en un taller privado financiado con fondos públicos. Fuentes cercanas al entrono militar aseguran que pueda tratarse de una presunta trama donde mandos y personal técnico habrían puesto a punto aviones contraincendios para una firma estadounidense utilizando recursos del Estado. La posible gravedad de las denuncias apunta a que personal civil trabajó en horario laboral para entidades privadas sin compatibilidad legal, llegando incluso al uso del taller oficial y herramientas públicas para tareas ajenas al servicio.
SOPORTES DE PLANO PARA AVIONES
Por otro lado, se han reportado traslados de piezas fabricadas en la Maestranza hacia carpas privadas utilizando vehículos particulares, una posible fuga de patrimonio público que escapa a los controles internos de la Base. Este escenario de «cortijo particular» encuentra su máximo exponente en el segundo expediente bajo la lupa, el 2025/EA23/00000291E. En este caso, el objeto del contrato era el suministro de soportes de plano para los aviones CL215T y CL415, conocidos popularmente como «botijos».
Se trata de material sensible de soporte en tierra para aeronaves de extinción de incendios, una pieza clave en la seguridad de vuelo. De nuevo, la adjudicataria fue JORPERACING S.L. por un importe de 26.922 euros. Lo más alarmante no es solo que presuntamente una tienda de equipamiento motero suministre material estructural aeronáutico, sino que, a pesar de ser un procedimiento abierto, solo se presentó una oferta: la de ellos. La ausencia total de competencia en un sector tan específico puede sugerir un entorno de contratación dirigido o una desincentivación deliberada de otros proveedores legítimos.
La pregunta que planea sobre la Maestranza de Albacete es quién controla estas adjudicaciones y por qué se permite que una entidad encargada del mantenimiento de la flota aérea nacional ponga su infraestructura al servicio del lucro cesante de empresas ajenas. Pudiendo quedar posiblemente el patrimonio público y la seguridad de las operaciones aéreas quedan comprometidos por una red de intereses que ha sustituido la ingeniería aeronáutica por el suministro de conveniencia. La posible correlación entre estos expedientes demuestra un patrón de desviación de la lógica de mercado que exige una depuración inmediata de responsabilidades en la JSEA 23.
