La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado en uno de los teléfonos desencriptados del Caso Koldo los mensajes que Ana Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF, envió a José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, nada más terminar de declarar como testigo ante los agentes de la UCO: «No es procedente conversar tu y yo». Era el 21 de febrero de 2024, solo un día después de haber estallado el Caso Koldo.
La conversación tuvo lugar el 21 de febrero de 2024, justo un día después de haberse realizado una veintena de detenciones y registros por la Caso Mascarillas o Caso Koldo, donde resultaron detenidos entre otros Victor de Aldama y Koldo García Izaguirre.
Dicen los agentes en un nuevo oficio enviado al juzgado central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional que el 25 de junio de 2025 entraron en dos domicilios de Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF, y que obtuvieron 9 evidencias digitales y 3 documentales. Entre esas evidencias se descubrió que parte de las conversaciones mantenidas en los periodos importantes de los hechos habían sido borradas. Pero la UCO examinó en los otros terminales telefónicos de los implicados y encontró una conversación, por ejemplo, en el teléfono de Ábalos.
En esta conversación mantenida con Ábalos, Isabel Pardo de Vera le manda el contacto de una abogada penalista a Ábalos. «Unas horas más tarde de finalizar su declaración, Isabel se puso en contacto con Ábalos y le facilitó el contacto de Rosa María (…), abogada especialista en materia penal».
Es decir, para la UCO, que Pardo de Vera recomendase una abogado penalista a José Luis Ábalos indicaba que conocería algún asunto por lo que el ex ministro, entonces todavía diputado y secretario de organización del PSOE, debía hablar con una abogada penalista.
Tras recibir esta información, siempre según el oficio de la UCO, Ábalos reaccionó mostrando sorpresa y preguntó «si la recomendación era para él. A continuación, Isabel le indicó ‘Espera que le llames, para ti, sí». A esto Ábalos respondió que «no estoy en la investigación que se sepa». No obstante la presidenta de ADIF insistió en la conveniencia de que mantuviera contacto con la abogada, indicando seguidamente que ellos –Isabel y Ábalos– hablarían más adelante».
Continúan los agentes diciendo que «de esta forma, se aprecia que Isabel recurre a encuentros presenciales, evitando dejar constancia por escrito de determinadas cuestiones con afectación directa a las personas investigadas».
«QUIERES QUE LA LLAME?», PREGUNTÓ ÁBALOS A PARDO DE VERA
Según el relato de los hechos realizado por la Guardia Civil, «continuando con este intercambio e mensajes, Ábalos le preguntó «quieres que la llame?». Tras esta pregunta, Isabel ahondó en su petición señalando: «Sí, llámale, me gustaría hablar contigo pero estoy fuera, decía que no era procedente conversar tú y yo».
INFORMACIÓN TRIBUTARIA DE PARDO DE VERA
En octubre de 2025 el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno solicitó a doce entidades bancarias y a la Agencia Tributaria documentación laboral, fiscal, tributaria y financiera de la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y del exdirector general de Carreteras Javier Herrero, investigados por la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el marco de sus correspondientes departamentos.
En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 2 acordaba esta diligencia que había sido solicitada por la Unidad Central Operativa (UCO de la Guardia Civil), y que cuenta con el visto bueno de Fiscalía Anticorrupción, con el fin de que esta unidad policial sea la receptora de la documentación para elaborar un informe destinado al órgano judicial.
Se trataba, según el instructor, de recabar una serie de informaciones a los fines de la prevención del delito y de delimitar la responsabilidad de las personas en los hechos investigados. En especial, añade, cuando se trata “de investigar y constatar adecuadamente la ejecución de unas presuntas conductas delictivas que tanto en el plano de la respuesta penal como en el de la trascendencia social son de una enorme gravedad”.
En el presente caso, señalaBA Moreno, “no nos encontramos con una mera sospecha sino en la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas” en la comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, sin perjuicio de una posterior calificación.
Para el juez, de la investigación realizada hasta el momento se infería la existencia de indicios de criminalidad respecto a estos dos investigados, “que habrían tenido una relevante participación en la adjudicación irregular de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana (MITMA) entre los años 2018 y 2021.
