La situación en México ha sufrido una convulsión sistémica esta semana tras el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias «El Mencho». Hasta su caída, Oseguera lideraba el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerada la organización criminal más peligrosa a nivel global. Esta estructura, nacida originalmente como una escisión del Cártel de Sinaloa, controla junto a su antiguo aliado el 70% de la cocaína consumida mundialmente, manteniendo una vasta red de negocios ilícitos en Estados Unidos y Europa.
El panorama de seguridad nacional dio un giro drástico tras el operativo militar ejecutado el pasado 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco. La confirmación del fallecimiento del capo ha sumergido al país en una jornada de violencia sin precedentes que evoca escenarios de guerra abierta. La respuesta del CJNG fue inmediata: una ofensiva coordinada en 20 estados de la República que, según reportes de la BBC y fuentes oficiales, deja un saldo preliminar de 73 víctimas mortales y más de 70 detenciones. Entre los fallecidos se contabilizan 25 efectivos de la Guardia Nacional y 30 presuntos delincuentes, tras intensos enfrentamientos que paralizaron carreteras y núcleos urbanos. Unas cifras que se elevan a 700 en el caso de sicarios vinculados al CJNG.
Fuentes especializadas en narcotráfico indican que la operación contó con el beneplácito de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y bajo la supervisión directa del mandatario estadounidense, Donald Trump. Según han revelado a MONCLOA.COM, Trump habría presionado intensamente para la ejecución de este golpe, ante la conocida reticencia de Sheinbaum a utilizar la fuerza letal contra los grupos que operan impunemente en la costa del Pacífico.
Los especialistas señalan que la Casa Blanca habría desplegado un abanico de medidas coercitivas contra la mandataria mexicana: desde la amenaza de aranceles y sanciones económicas, hasta endurecimiento de políticas migratorias contra ciudadanos mexicanos. No obstante, el factor decisivo habría sido el presunto acoso de Trump con un tema de extrema sensibilidad: la revelación de una supuesta ayuda económica de 8 millones de dólares aportados por el Cártel de Sinaloa para sufragar la campaña electoral de Sheinbaum.
El análisis de las fuentes consultadas sugiere que el visto bueno presidencial también respondería a una relación pragmática con una de las facciones del Cártel de Sinaloa, específicamente la vinculada a los hijos de Ismael «El Mayo» Zambada. El Gobierno federal mantendría acuerdos con este grupo para favorecerlo en su guerra interna contra «Los Chapitos», los hijos de Joaquín Guzmán Loera.
Esta supuesta alianza entre la cúpula política y la facción de los Zambada se fundamentaría en la disposición de estos últimos por mantener las «reglas de la vieja escuela». Esta postura les habría permitido ganar la confianza de ciertos sectores dirigentes, bajo la premisa de intentar mantener un relativo orden y control sobre los niveles de violencia desbordada que caracteriza a los grupos mafiosos contemporáneos.
ESTADO SITIADO Y TREGUA FRÁGIL
En el epicentro del conflicto, Jalisco permanece bajo una tensión contenida. Aunque las autoridades estatales anunciaron el levantamiento del «Código Rojo» el 24 de febrero para intentar retomar la actividad escolar y administrativa, la realidad en las calles desmiente la normalidad. En diversas vialidades aún se observan los esqueletos calcinados de vehículos utilizados en los más de 250 narcobloqueos registrados, mientras que el Gabinete de Seguridad admite que al menos siete puntos estratégicos de la entidad siguen obstruidos.
El despliegue militar es masivo, especialmente en municipios como Zapopan, Tlaquepaque y la zona de cabañas en Tapalpa, donde la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene un control estricto de los accesos. Esta vigilancia se extiende incluso a los hospitales de la Zona Metropolitana de Guadalajara para custodiar a los heridos del operativo inicial. diversas fuentes consultadas por este periódico han señalado que han podido morir cerca de 700 hombres del CJNG y más de 100 entre agentes de seguridad y civiles.
ENCRUCIJADA EN LA SUCESIÓN
La desaparición de la figura central del CJNG abre una interrogante sobre el futuro de la estructura criminal. Analistas de inteligencia y agencias como InSight Crime advierten que, debido al mando personalista que ejercía Oseguera, la organización enfrenta un riesgo inminente de atomización. No se descarta que el cártel se fracture en células independientes, desatando una lucha interna por el control de las plazas.
Dentro de la baraja de posibles sucesores destacan nombres con perfiles diferenciados. Juan Carlos Valencia González, «El 03», hijastro del capo y líder del grupo de élite, es considerado por muchos como el heredero natural por vínculos consanguíneos. Sin embargo, su liderazgo es acechado por figuras de mayor peso operativo como Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, «El Sapo», quien controla la logística en Puerto Vallarta, o Audias Flores Silva, «El Jardinero», con fuerte presencia en Nayarit y Zacatecas. Asimismo, el nombre de Julio Alberto Castillo Rodríguez, «El Chorro», yerno de «El Mencho», resuena como una opción capaz de mantener la cohesión financiera y familiar del grupo.
En el ámbito diplomático, el abatimiento del hombre más buscado por las agencias estadounidenses representa un hito en la relación de seguridad bilateral entre México y Estados Unidos. Mientras el Gobierno Federal replantea la estrategia de la Guardia Nacional para contener las represalias, la Fiscalía General de la República ha concluido las pruebas forenses que ratifican la identidad del capo. Bajo protocolos de seguridad extrema, los restos de Oseguera Cervantes serán entregados a sus familiares, cerrando así un capítulo de la historia del narcotráfico y abriendo uno nuevo, marcado por la incertidumbre y el temor de la población civil.
