La jefa de prensa del expresidente valenciano Carlos Mazón, Sonia Gómez, compareció ante la instructora del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia con una declaración que profundiza en la brecha de confianza sobre la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre. Según el testimonio de la asesora, la comunicación oficial emitida sobre el paradero del entonces jefe del Consell durante las horas críticas de la emergencia no se basó en una certeza fáctica, sino en una deducción lógica que resultó ser inexacta.
Gómez explicó ante la jueza que ella desconocía dónde se encontraba físicamente Mazón durante la tarde en la que el temporal comenzó a devastar la provincia. A pesar de esta falta de información directa, desde el departamento de prensa se mantuvo la versión de que el mandatario estaba plenamente al tanto de la situación y en contacto con los equipos de emergencia. La asesora justificó esta estrategia comunicativa bajo el argumento de que, por «lógica», se presuponía que el presidente de la Generalitat debía estar ejerciendo sus funciones y recibiendo actualizaciones constantes sobre la evolución de la catástrofe meteorológica.
VACÍO EN LA COORDINACIÓN
Esta confesión judicial pone de relieve un vacío de coordinación en el núcleo de la Generalitat Valenciana durante los momentos de mayor peligro para la población. Sonia Gómez admitió que no tenía contacto directo con Mazón mientras este se encontraba en el polémico almuerzo de trabajo que lo mantuvo alejado del Centro de Coordinación Operativa Integrado hasta pasadas las siete de la tarde. En su declaración, subrayó que su creencia personal era que el expresidente estaba informado de la gravedad de la emergencia, una convicción que trasladó a los medios de comunicación sin haberla verificado previamente con el propio interesado o con su gabinete más cercano.
La relevancia de este testimonio radica en que confirma que la narrativa oficial fue construida sobre supuestos y no sobre la realidad de la agenda presidencial. La jefa de prensa insistió en que su labor era gestionar la información que se consideraba coherente con el cargo, asumiendo que el flujo de datos entre los organismos técnicos y la presidencia era fluido. Sin embargo, la realidad de aquella jornada mostró un retraso significativo en la toma de decisiones y en la incorporación de Mazón a la mesa de crisis, un lapso temporal que ahora se investiga para determinar posibles responsabilidades penales.
La declaración se enmarca en la investigación judicial que trata de esclarecer si hubo negligencia en la gestión de la catástrofe. Al admitir que se informó «por lógica» y no por conocimiento de causa, la defensa de la estrategia comunicativa del Consell queda debilitada, dejando expuesta una desconexión interna que impidió ofrecer a la ciudadanía una respuesta transparente y veraz mientras la crecida de los barrancos amenazaba ya a decenas de municipios.
Este episodio se suma a la serie de contradicciones que han rodeado las explicaciones de Mazón sobre su paradero aquel 29 de octubre. Lo que en un principio se presentó como una jornada de supervisión constante, ha quedado retratado por su propia jefa de prensa como un periodo de incertidumbre incluso para sus colaboradores más directos. La jueza deberá ahora valorar si esta falta de información real y la posterior difusión de versiones basadas en la presunción constituyen un elemento clave en la cadena de errores que precedió al envío masivo de la alerta a los teléfonos móviles de los ciudadanos.
