La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha puesto al descubierto un supuesto entramado de relaciones e influencias que trasciende a la mera gestión administrativa de emergencia durante la crisis sanitaria de 2020. Los informes recientes, remitidos al Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, dibujan un escenario donde la toma de decisiones en entidades públicas clave como ADIF parece haber estado condicionada por intereses ajenos al interés general, bajo la sombra de posibles delitos como cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
El foco de la investigación se ha centrado especialmente en la figura de Isabel Pardo de Vera, quien en el momento de los hechos ostentaba la presidencia de ADIF. Según los indicios recabados a través de intervenciones telefónicas y registros domiciliarios autorizados en junio de 2025, su participación en los hechos investigados se vincula estrechamente con Koldo García Izaguirre, entonces asesor del ministro José Luis Ábalos, y con la adjudicación de contratos millonarios a la mercantil Soluciones de Gestión. A pesar de que la exdirectiva declaró en su momento no haber recibido órdenes directas para beneficiar a dicha empresa, admitió la existencia de fuertes presiones por parte del Ministerio de Transportes para agilizar la contratación con la máxima premura.
CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
La cronología de los hechos resulta reveladora para los investigadores, ya que los mensajes de WhatsApp recuperados muestran una coordinación que precede a los trámites oficiales. El 26 de marzo de 2020, apenas una hora y media antes de que la empresa Soluciones de Gestión enviara formalmente su propuesta de suministro a ADIF, Koldo García ya había facilitado a Pardo de Vera el contacto del responsable de la mercantil con un mensaje explícito en el que indicaba que esa persona era «la del contrato». Esta comunicación previa sugiere, a juicio de los agentes, que la selección de la empresa ya estaba decidida antes de que se publicaran oficialmente las necesidades del ministerio o se evaluaran otras alternativas.
Dentro de la estructura operativa de ADIF, la figura de Michaux Miranda Paniagua, entonces director general de Gestión de Personas, emerge como una pieza fundamental para la materialización de estas adjudicaciones. Miranda Paniagua fue señalado por varios subordinados y testigos como la persona que dirigió la tramitación y quien comunicó internamente que Soluciones de Gestión sería la encargada del suministro de mascarillas, por un importe que alcanzó los 12,5 millones de euros. La investigación apunta a que Miranda mantenía contactos directos con el ministerio y que su papel fue determinante para que los trámites legales se cumplimentaran con la rapidez exigida, siguiendo presuntamente instrucciones de la cúpula del departamento dirigido por Ábalos.
TRANSFONDO ECONÓMICO
El trasfondo económico de estas operaciones revela, además, un flujo de capitales y beneficios que la Guardia Civil califica como atípicos y significativos. El patrimonio de Koldo García experimentó un incremento notable durante el periodo de las adjudicaciones, detectándose ingresos en efectivo y operativas de introducción de fondos de terceros en el sistema bancario sin justificación aparente. Paralelamente, se han identificado supuestas contraprestaciones que habrían beneficiado al entorno del ministro Ábalos, incluyendo el pago de alquileres, estancias vacacionales y la posible existencia de reservas de dinero en metálico a su disposición.
La trama no se limitó únicamente al suministro de material sanitario, ya que los informes policiales también mencionan la posible intervención de estos mismos actores en el ámbito de los contratos de obra pública y en la contratación de personas cercanas al entorno del exministro. La desaparición o borrado intencionado de contenido en los dispositivos electrónicos de algunos investigados obligó a la Guardia Civil a reconstruir los hechos mediante el análisis de terminales de otros implicados, logrando recuperar comunicaciones clave que confirman la intensidad de la relación entre el binomio formado por Koldo García y Víctor de Aldama, este último considerado uno de los responsables de hecho de los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión.
A medida que las diligencias avanzan, la implicación de altos cargos de diferentes organismos públicos, como Puertos del Estado y el propio Ministerio del Interior, refuerza la tesis de una presunta actuación coordinada desde los centros de poder. La imputación de diversas figuras clave y el análisis de las evidencias digitales capturadas continúan arrojando luz sobre un periodo donde la urgencia de la pandemia pudo haber sido utilizada como cobertura para una operativa orientada al beneficio personal y al desvío de fondos públicos, desafiando los controles administrativos y la ética en la gestión de los recursos de todos los ciudadanos.
