La instrucción judicial que rastrea las ramificaciones de la trama de las mascarillas ha sumado una nueva pieza sobre la figura de Isabel Pardo de Vera, exsecretaria de Estado de Transportes. Mientras los tribunales avanzan en el análisis de las adjudicaciones de emergencia realizadas durante la pandemia de 2020, la aparición de nuevos documentos procesales pone en entredicho la línea de defensa mantenida hasta ahora por la ex alto cargo.
En este sentido, Pardo de Vera ha negado de forma reiterada y contundente cualquier tipo de relación directa o influencia en favor de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la mercantil que se sitúa en el epicentro de la supuesta red de comisiones irregulares conocida como el caso Koldo. Sin embargo, el rastro documental que manejan los investigadores parece dibujar un escenario de interacción que contradice esa supuesta distancia administrativa.
La estrategia de la antigua cúpula de Transportes se ha basado en un principio de compartimentación, donde cada cargo asegura haber actuado bajo la urgencia del momento sin conocer los nexos de los proveedores con el entorno del ministerio. En el caso específico de Pardo de Vera, su posición como máxima responsable de infraestructuras y posteriormente de la Secretaría de Estado la situaba en un punto de supervisión clave.
Negar el vínculo con Soluciones de Gestión se ha convertido en una cuestión de supervivencia política y jurídica, pero las últimas diligencias practicadas por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional sugieren que el flujo de información sobre esta empresa circulaba de forma mucho más abierta por los despachos de lo que se ha reconocido en sede parlamentaria y judicial.
NUEVAS EVIDENCIAS DE LA UCO
El reciente informe de la Guardia Civil, refleja en providencias dictadas por el magistrado Ismael Moreno, que la causa sigue viva y en constante expansión. En una resolución fechada este mismo 26 de febrero de 2026, el juez ha dado cuenta de la incorporación de nuevos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que contienen avances significativos en la investigación.
Estos informes, identificados con referencias técnicas que ya forman parte del expediente judicial electrónico, resultan fundamentales porque analizan la trazabilidad de los contactos y las comunicaciones internas del Ministerio de Transportes durante el periodo de contratación de los suministros sanitarios. Para los investigadores, la sospecha de que Pardo de Vera falta a la verdad al negar su relación con la trama no nace de una conjetura, sino del análisis de los dispositivos electrónicos y correos intervenidos a los principales implicados.
La insistencia de la exsecretaria de Estado en presentarse como una figura ajena a la selección de los proveedores choca con el carácter personalista que, según los informes de la UCO, imprimió el equipo de confianza de José Luis Ábalos a las compras de material. Resulta difícil de sostener, bajo el prisma de la acusación, que una empresa que pasó de una facturación casi nula a recibir contratos millonarios no fuera objeto de una supervisión directa por parte de los altos responsables del departamento.
La tesis de que Pardo de Vera miente presuntamente al negar su vinculación con Soluciones de Gestión se alimenta de la premisa de que en una estructura tan jerarquizada como la de Transportes, una adjudicación de tal magnitud a una empresa sin experiencia previa en el sector sanitario no pudo pasar desapercibida ni ser fruto de una casualidad burocrática.
El proceso judicial ha entrado en una fase de «goteo» constante de nuevas partes personadas que buscan esclarecer el destino de los fondos públicos. Entre las últimas incorporaciones al procedimiento destaca la empresa Gasóleos Grupo Pedido SL, que ha solicitado formalmente ser considerada como parte perjudicada en las actuaciones. Esta personación, gestionada a través de la procuradora Belén Aroca Florez, añade una nueva capa de fiscalización sobre la gestión de Pardo de Vera y el resto de investigados.
El juez Moreno ya ha dado traslado de esta pretensión al Ministerio Fiscal para que informe sobre la procedencia de aceptar a esta nueva mercantil en el proceso, lo que incrementa el volumen de acusaciones que deben ser contestadas por los antiguos responsables de la cartera de Transportes.
PAPEL DE LOS INTERMEDIARIOS
La contradicción entre las palabras de Pardo de Vera y la realidad procesal se hace más evidente a medida que se profundiza en el papel de los intermediarios. Si bien ella sostiene que no existió relación con la empresa adjudicataria, los registros de visitas y las agendas sugieren una porosidad entre los lobistas de la trama y los despachos del ministerio. La defensa de la exsecretaria de Estado insiste en que su labor fue estrictamente técnica y que su firma en determinados documentos era una formalidad derivada de su cargo, pero la acusación sostiene que negar el conocimiento sobre quién estaba detrás de Soluciones de Gestión es una falacia diseñada para eludir la responsabilidad por la falta de fiscalización.
La sombra de la duda sobre la veracidad de su testimonio no solo afecta a su crédito personal, sino que golpea directamente la línea de flotación del anterior Gobierno. Al negar su relación con Soluciones de Gestión, Pardo de Vera intenta desvincularse de Koldo García y de Víctor de Aldama, las figuras que presuntamente movían los hilos de la contratación.
No obstante, el material incautado por la Guardia Civil el pasado 24 de febrero de 2026, que incluye soportes digitales con datos sobre el progreso de las pesquisas, está siendo analizado para confirmar si existieron instrucciones directas o indirectas que favorecieran a la mencionada mercantil. La providencia del magistrado Ismael Moreno asegura que estas nuevas pruebas se pondrán a disposición de todas las partes personadas para que puedan ser utilizadas en los interrogatorios y en la fundamentación de las acusaciones.
PARDO DE VERA EN EL DISPARADERO
El escenario actual deja a Isabel Pardo de Vera en una posición de extrema fragilidad. Si se demuestra que mantuvo contactos, reuniones o intercambios de información con los representantes de Soluciones de Gestión, su defensa se derrumbaría por completo, transformando una supuesta negligencia administrativa en una presunta falsedad en testimonio o incluso en una participación consciente en la trama. La contundencia con la que ha negado los hechos en el pasado se vuelve ahora en su contra, ya que el sistema judicial cuenta con herramientas de verificación técnica que permiten reconstruir los hechos con una precisión matemática.
En última instancia, el caso que instruye el Tribunal Central de Instancia no solo busca recuperar el dinero defraudado o castigar las mordidas ilegales, sino también determinar el grado de connivencia de los funcionarios públicos que, por acción u omisión, permitieron que la red operase con impunidad. La negativa de Pardo de Vera a reconocer cualquier vínculo con la empresa favorita de la trama es, a juicio de los observadores del proceso, una apuesta de alto riesgo que solo podrá sostenerse si los informes de la UCO no hallan una sola huella digital que la conecte con los implicados. Sin embargo, la celeridad con la que el juez está integrando nuevos avances de investigación al expediente judicial electrónico sugiere que el rompecabezas de la trama está cada vez más cerca de completarse, dejando poco espacio para las versiones que se apartan de la realidad documentada.
