La Policía Nacional de España atraviesa uno de sus momentos más delicados en términos de reputación e integridad institucional. El sindicato JUPOL, organización mayoritaria dentro del cuerpo, ha alzado la voz este 27 de febrero de 2026 para denunciar una situación que califica de auténtica consternación e indignación. El foco de la polémica se centra en un comisario de la Policía Nacional, actualmente destinado en una delegación diplomática en la India, quien presuntamente habría mantenido comportamientos de acoso sexual y laboral hacia una subordinada. La gravedad de los hechos ha trascendido el ámbito interno tras la filtración de diversos audios que comprometerían seriamente la conducta del mando policial.
Este nuevo episodio de presuntas irregularidades no es un hecho aislado en la trayectoria del comisario señalado. Según recuerda el sindicato, este mismo mando ya fue objeto de denuncia en mayo de 2020, cuando ejercía como máximo responsable de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en Barcelona. En aquel entonces, durante los meses más restrictivos de la pandemia y bajo la vigencia del Estado de Alarma, el comisario fue acusado de organizar almuerzos multitudinarios en dependencias policiales. Estos encuentros, bautizados irónicamente por la propia plantilla como los «coronapinchos«, habrían congregado a unas veinte personas, contraviniendo frontalmente la normativa sanitaria vigente y poniendo en riesgo la salud de los agentes bajo su mando.
A pesar de que JUPOL solicitó en su día la depuración de responsabilidades disciplinarias y penales por aquellos hechos, el sindicato denuncia que el desenlace fue radicalmente opuesto a una medida ejemplarizante. En lugar de recibir una sanción acorde a la irresponsabilidad cometida, el mando fue posteriormente destinado a una prestigiosa delegación diplomática en la India. Para la organización sindical, este movimiento no fue un traslado ordinario, sino un auténtico «premio» otorgado a un funcionario con antecedentes de conducta reprochable. Esta falta de contundencia en el pasado es la que, a juicio de los representantes de los trabajadores, ha permitido que se reproduzcan situaciones de abuso en destinos internacionales.
SITUACIÓN DE GRAVEDAD
La situación actual en la India presenta tintes de extrema gravedad, pues la víctima no ha confiado en los canales internos de resolución de conflictos de la propia Policía Nacional. En un gesto que evidencia la quiebra de la confianza en el sistema institucional, la agente afectada optó por interponer directamente una querella judicial. El escándalo ha escalado hasta tal punto que la subordinada ha llegado a requerir protección policial tras el estallido del caso, manifestando un temor real por su integridad física. Este hecho es interpretado por JUPOL como la prueba definitiva de que los mecanismos de control y supervisión han fallado estrepitosamente, dejando a las víctimas en una situación de vulnerabilidad absoluta.
Desde la dirección del sindicato, el portavoz nacional Ibón Domínguez advierte que «este no es un caso fortuito.» Los datos proporcionados por la propia Dirección General de la Policía revelan una tendencia preocupante: en los últimos años se han registrado al menos ocho denuncias internas por presuntos abusos sexuales o laborales en diversas delegaciones diplomáticas de España en el extranjero. De estos procedimientos, tres continúan abiertos en la actualidad, lo que refleja un problema estructural en la gestión de los destinos internacionales y la protección de los derechos de los agentes desplegados fuera de nuestras fronteras.
La crisis se extiende también a la cúpula directiva y política del Ministerio del Interior. JUPOL ha recordado que el que fuera Director Adjunto Operativo, José Ángel González, también carga con acusaciones de presunto abuso sexual hacia una subordinada, lo que profundiza el daño a la imagen de la institución. Ante este escenario de «deterioro institucional», el sindicato ha exigido la dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. La petición de cese se fundamenta en la responsabilidad política de ambos mandatarios por permitir que estas conductas se perpetúen y por la falta de garantías reales para quienes sufren el acoso.
El sindicato apela directamente a las palabras del ministro en sede parlamentaria, donde llegó a afirmar que «dimitiría si alguna víctima se sintiera desprotegida por el sistema». Para JUPOL, la realidad de la querella judicial y la necesidad de protección externa de la víctima en la India son la confirmación de que «ese sistema ha dejado de ser fiable para los propios policías». Mientras tanto, el sindicato reitera su apoyo incondicional a la compañera afectada y subraya que la inmensa mayoría de los integrantes del cuerpo ejercen su labor con profesionalidad y respeto a la ley, por lo que no permitirán que la conducta de unos pocos manche el honor de toda la institución.
La transparencia y la depuración de responsabilidades se presentan ahora como las únicas vías para restaurar la dignidad de la Policía Nacional. La organización sindical se compromete a seguir utilizando todas las herramientas legales y sociales a su alcance para asegurar que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse y que los destinos de prestigio dejen de utilizarse como moneda de cambio para encubrir o premiar comportamientos inaceptables. La gestión de esta crisis en la India y la respuesta a las denuncias de Barcelona marcarán un antes y un después en la confianza que los agentes y la propia ciudadanía depositan en la cúpula de la seguridad del Estado.
