Habrá huelga general en Euskadi y Navarra el 17 de marzo. La huelga convocada en los territorios forales por ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde nace con un objetivo claro: fijar un salario mínimo propio de 1.500 euros para 2026.
Bajo el lema de «Mejorar los salarios para repartir la riqueza», las centrales vasconavarras sitúan en el centro del debate la capacidad de decisión en materia laboral y el modelo de negociación colectiva en ambas autonomías.
Con la huelga general del 17 de marzo, los sindicatos exigirán «mejorar los salarios y un reparto más justo de la riqueza». Aseguran que, «mientras en los últimos años se han incrementado los beneficios de las empresas y del capital, las y los trabajadores han perdido poder adquisitivo». En ese contexto, defienden la necesidad urgente de un salario mínimo digno, decidido aquí y adecuado a la realidad socioeconómica de aquí.
La reivindicación central es clara: un SMI de 1.500 euros mensuales que, según sus cálculos, «mejoraría de forma directa la situación de 167.000 trabajadores y trabajadoras en los territorios agrupados» en lo que en lenguaje nacionalista se conoce como «Hego Euskal Herria» (o sur de la tierra del euskera, ya que el norte forma parte de Francia).
Los convocantes explican que un SMI más alto condiciona «la negociación colectiva para que acuerden mayores subidas salariales». Además, plantean que esa cifra se convierta también en pensión mínima, en línea con las demandas históricas del Movimiento de Pensionistas.
La convocatoria, sin embargo, sitúa en una posición incómoda a CCOO y UGT, que no se han sumado a la huelga. Ambas centrales han protagonizado en los últimos años la negociación para elevar el SMI estatal, pero rechazan la vía de un salario mínimo propio para los territorios forales, alineándose en este punto con la interpretación jurídica que reserva esa competencia al Estado.
Para los convocantes, esa negativa supone un freno a la posibilidad de adaptar los salarios al coste de la vida en Euskadi y Navarra. El contexto sindical del norte del Estado explica la dimensión del choque. Euskadi acumula habitualmente en torno al 50% de las huelgas de todo el Estado, pese a que su población apenas ronda el 5% del total. Además, registra el doble de trabajadores afiliados a sindicatos que la media española.
Más de un 28% de la población asalariada desgrava la cuota sindical en su declaración de la renta, una cifra que va al alza frente a la caída generalizada en el conjunto del país. En ese ecosistema sindical, ELA (Euskal Langileon Alkartasuna) es históricamente la primera fuerza, con más del 40% de los delegados. LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak) ocupa la segunda posición, con cerca del 20% y un fuerte arraigo soberanista.
CCOO y UGT mantienen presencia significativa, pero por detrás de las centrales nacionalistas. Euskadi es, de hecho, la única comunidad autónoma donde CCOO y UGT no ostentan una hegemonía casi total. En Navarra el mapa es más equilibrado, con un triple empate técnico entre CCOO, UGT y ELA, y con LAB acercándose en representatividad.
Aun así, la convocatoria del 17M vuelve a visualizar la fractura entre el sindicalismo de ámbito estatal y el sindicalismo vasco y navarro, que plantea la huelga como un “ejercicio de soberanismo” en clave social. El debate jurídico tampoco es menor.
El SMI y la negociación colectiva tienen lugar en el conjunto de España, sin diferencias por regiones. Los sindicatos reunieron en su día 138.495 firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular que permitiera establecer un SMI propio en la Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa. Sin embargo, el Parlamento de Navarra rechazó iniciar su tramitación alegando informes jurídicos, y en el Parlamento Vasco los votos de PNV, PSE, PP y Vox cerraron la puerta al debate.
Hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco reafirmó que compete al Gobierno central, según el Estatuto de los Trabajadores, fijar el SMI. Respondía así a la demanda de ELA y LAB contra Confebask, después de que la patronal vasca se negara a fijar un «salario o retribución mínima» para las personas trabajadoras que presten sus servicios en el País Vasco.
El tribunal precisó que esa reclamación no se refería a un salario de convenio, sino a un salario mínimo interprofesional aplicable a todas las personas trabajadoras, competencia reservada al Estado.
REALIDAD SOCIOECONÓMICA DIFERENTE AL RESTO DEL ESTADO
Tras la reciente subida del 3,1%, que supone una mejora del 66% desde 2018 tras ocho subidas firmadas por el Gobierno actual, el SMI estatal se sitúa en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que supone 17.094 euros anuales en 2026. Para los convocantes, esa cantidad es insuficiente para la realidad socioeconómica de Navarra y País Vasco.
El Gobierno vasco presentó el pasado año un informe en el que planteaba un rango para un salario mínimo de convenio en Euskadi que oscilaría entre 1.268 y 1.385 euros brutos en 14 pagas, por debajo de los 1.500 que reclaman los sindicatos. Por su parte, el Gobierno de Navarra rechaza establecer un SMI propio de la comunidad foral al entender que generaría «desigualdades territoriales», mientras LAB se ha concentrado para reclamarlo como medida para paliar la brecha salarial.
La propuesta sindical subraya también el impacto en salarios, pensiones y colectivos vulnerables. Defienden que un SMI de 1.500 euros tendría un efecto arrastre sobre el resto de sueldos, contribuiría a «reducir la brecha salarial impuesta a las mujeres trabajadoras» y mejoraría las condiciones de jóvenes, personas migrantes o con diversidad funcional, facilitando «acceder a una vivienda y desarrollar una vida independiente».
