En una de las decisiones más relevantes y polémicas de la política exterior española de las últimas décadas, el Gobierno de España que dirige Pedro Sánchez, ha invocado de manera estricta el marco jurídico bilateral para impedir que las fuerzas armadas de Estados Unidos utilicen el territorio nacional como plataforma operativa para su ofensiva contra Irán. Esta medida, que ha provocado una airada reacción de la administración de Donald Trump, no es solo un gesto diplomático de desescalada, sino una aplicación técnica y rigurosa del Convenio de Cooperación para la Defensa que regula la presencia norteamericana en suelo español.
El marco legal de este conflicto se encuentra en el Artículo 2.2 del mencionado convenio, firmado originalmente en 1988 y prorrogado sucesivamente. Este precepto establece con meridiana claridad que el uso de las «Instalaciones de Apoyo» (IDAS) para misiones que excedan el ámbito de la defensa bilateral o de la estructura de la OTAN requiere de la autorización previa y explícita del Gobierno español.
En este sentido, el Ejecutivo ha argumentado que la actual campaña militar contra Teherán, denominada por el Pentágono como Operación Furia Épica, carece de un mandato claro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Al no existir una resolución internacional que ampare el uso de la fuerza ni una situación de legítima defensa inmediata que afecte a España, la soberanía nacional se impone sobre la logística de combate.
La negativa española ha tenido consecuencias operativas inmediatas que han quedado registradas en los radares de seguimiento de vuelos internacionales. Al menos quince aeronaves estadounidenses, principalmente aviones cisterna KC-135 encargados del reabastecimiento en vuelo, han abandonado las bases andaluzas con destino a la base de Ramstein, en Alemania. La retirada de estos activos evidencia que España no solo ha prohibido el despegue de cazas de combate, sino que ha cerrado el grifo logístico. Sin el apoyo de los aviones cisterna basados en Morón, la capacidad de los bombarderos estadounidenses para alcanzar objetivos en Oriente Medio se ve seriamente comprometida, obligando a Washington a rediseñar sus rutas de ataque y a depender de aliados con posturas menos restrictivas.
EL DERECHO INTERNACIONAL COMO ESCUDO
Desde el Palacio de La Moncloa, la narrativa se ha construido sobre la defensa del ordenamiento jurídico internacional. Los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa han subrayado que las bases militares en España no son territorios bajo jurisdicción estadounidense, sino instalaciones bajo mando español donde se autoriza un uso compartido. El recurso al Artículo 15 del Convenio ha sido fundamental en esta estrategia, ya que este apartado reconoce el derecho inmanente de España a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su seguridad nacional en situaciones de emergencia o cuando la utilización de las bases pueda contravenir sus intereses o compromisos internacionales.
Para el Gobierno español, permitir que aviones cargados con munición ofensiva despeguen desde Rota para bombardear suelo iraní convertiría automáticamente a España en una parte implicada en un conflicto de consecuencias imprevisibles. En un contexto donde Irán ya ha advertido que responderá a cualquier agresión, independientemente de dónde provenga el apoyo, la seguridad del territorio nacional se ha convertido en la prioridad absoluta. La interpretación de Madrid es que el tratado de 1988 está diseñado para la protección mutua y la estabilidad regional, no para servir de cheque en blanco a intervenciones unilaterales que no cuenten con el aval de la Carta de las Naciones Unidas.
POSIBLE HERIDA EN LA ALIANZA ATLÁNTICA
La firmeza de Madrid ha desatado una tormenta diplomática en Washington. El presidente Donald Trump, fiel a su estilo disruptivo, ha calificado a España de «aliado terrible» y ha llegado a sugerir represalias económicas severas, incluyendo la suspensión de acuerdos comerciales y el aumento de aranceles. La Casa Blanca sostiene que la negativa española pone en peligro vidas de soldados estadounidenses al alargar las rutas de vuelo y complicar la logística de combate. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha evocado el espíritu del «No a la guerra» de 2003, marcando una distancia ética y legal con las decisiones que, a su juicio, dinamitan la estabilidad en el Mediterráneo y el Golfo Pérsico.
Mientras que otros aliados europeos de los estadounidenses como el Reino Unido han mantenido una posición más ambigua o de apoyo tácito a las acciones de Estados Unidos, España se ha alineado con una visión de autonomía estratégica europea que prioriza la diplomacia sobre la fuerza. Esta postura ha encontrado cierta solidaridad en la Comisión Europea, que ha recordado que cualquier represalia comercial contra un Estado miembro de la Unión Europea es una agresión contra todo el bloque. La tensión es palpable y la relación bilateral atraviesa su momento más bajo en décadas, pero Madrid parece decidida a no ceder en lo que considera una cuestión de principios legales y de supervivencia geopolítica.
El pulso continúa, y el desenlace de esta crisis no solo definirá el futuro de las bases militares en la península, sino que marcará el peso real de la soberanía nacional frente a las exigencias de la mayor potencia militar del globo en un mundo cada vez más multipolar y peligroso. Marruecos, mayor aliado de los Estados Unidos en África, se frota las manos. Un peligro para integridad española.
