La política exterior y de defensa ha irrumpido con fuerza en la actualidad nacional tras las declaraciones de Cuca Gamarra. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular ha cargado con contundencia frente a lo que considera una deriva opaca del Gobierno de Pedro Sánchez. El eje central de su crítica se sitúa en el envío de la fragata Cristóbal Colón a las proximidades de Chipre, una zona que la dirigente popular no ha dudado en calificar como «zona de guerra» dada la escalada de tensión en el Mediterráneo oriental y el conflicto en Irán.
La exigencia del Partido Popular es clara y se fundamenta en el respeto a la legalidad vigente. Gamarra ha solicitado formalmente la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que rinda cuentas sobre las condiciones de esta misión. Según la representante del PP, cualquier operación de esta envergadura debe contar necesariamente con la autorización o, en su defecto, la ratificación del Congreso de los Diputados. Esta petición no es una mera cuestión de forma, sino que se ampara en los dictados de la Ley de Seguridad Nacional. La dirigente recordó que, desde el año 2005, existe un consenso parlamentario y legal que obliga al Ejecutivo a someter este tipo de despliegues al escrutinio y votación de la Cámara Baja.
VULNERACIÓN DE LA LEGALIDAD
Para Gamarra, el incumplimiento de este trámite supone una vulneración de las reglas del juego democrático. Bajo su análisis, si España defiende a nivel internacional un orden basado en reglas, es imperativo que el propio Gobierno español cumpla con las suyas dentro de sus fronteras. La advertencia es directa: el Ejecutivo debe someterse a la democracia y a la legalidad, operando siempre dentro de los límites que marca el ordenamiento jurídico español. La sospecha que planea sobre la calle Génova es que el Gobierno evita el Parlamento no por una cuestión de agilidad logística, sino por una debilidad política manifiesta.
La vicesecretaria se preguntó abiertamente por qué existe tal reticencia a someter la misión de la fragata al voto de los diputados. La respuesta, a su juicio, reside en la fragilidad de la coalición de gobierno y sus apoyos parlamentarios. Gamarra acusó a Sánchez de mentir a los españoles para ocultar que no goza del respaldo de sus socios habituales en decisiones de política militar. En este sentido, señaló una contradicción flagrante: mientras el presidente del Gobierno intenta «desempolvar el eslogan» del «no a la guerra» para consumo interno, la realidad de los hechos y las publicaciones internacionales confirman la participación activa de España en misiones de alto riesgo con su mejor equipamiento bélico. Según la dirigente popular, el presidente miente sistemáticamente a los ciudadanos, a los aliados internacionales y a sus propios compañeros de viaje parlamentario, quienes, en palabras de Gamarra, o son engañados o se dejan engañar por conveniencia.
La crítica a la gestión de Defensa se extendió también a la relación con los aliados estratégicos. Gamarra calificó de incoherente la postura de la ministra Robles y del presidente Sánchez respecto a la cooperación militar con Estados Unidos. Denunció que el Gobierno niega ahora acuerdos de cooperación en las bases de Morón y Rota que él mismo autorizó hace apenas unos meses. Mientras el discurso oficial flirtea con el cierre de estas instalaciones, la actividad de despegues y aterrizajes de aviones estadounidenses continúa de forma ininterrumpida. La representante del PP afeó que, mientras Sánchez busca rédito político enfrentándose públicamente a la administración Trump, la ministra de Defensa mantiene reuniones discretas con el embajador de Estados Unidos para tratar de apaciguar el malestar generado por estas ambigüedades.
En cuanto a la postura del Partido Popular frente a la crisis en Oriente Próximo, Gamarra definió tres pilares irrenunciables. El primero es la contundencia e intransigencia absoluta frente al régimen iraní. El segundo es la búsqueda de una independencia estratégica para Europa que no comprometa la seguridad. El tercero, y quizá más relevante en el corto plazo, es la recuperación de la fiabilidad de España como socio internacional que cumple sus compromisos en la UE y la OTAN. Para el PP, resulta inadmisible que el régimen iraní sea quien felicite al Gobierno español, mientras decenas de compatriotas en la zona de conflicto esperan una solución rápida y una cobertura institucional adecuada por parte de sus autoridades.
