Hace unos días, la detención de Fernando Samper, presidente de Forestalia, ha vuelto a poner el foco sobre el mapa de las energías renovables en España. Este golpe judicial por presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal pone el foco en la estrecha relación de la empresa con la clase política.
Estos presuntos delitos a priori no guardan relación con la obsesiva política de fichajes políticos de Samper, que en los últimos años ha incorporado a figuras procedentes del PP, PSOE y del PAR con experiencia en Medio Ambiente, así como asesores vinculados a gobiernos posteriores y al nacionalismo catalán.
Entre los nombres más destacados se encuentran el exministro ‘popular’ José Manuel Soria; Alfredo Boné, histórico dirigente del PAR y ex consejero autonómico; Luis Marrueda, ex director general de Medio Ambiente; Ana Cristina Fraile, jefa de gabinete; Eduardo Sánchez Salcedo, responsable de comunicación; y Carlos Ontañón, exdirector del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).
Además, se incorporaron perfiles del entorno del expresidente aragonés Javier Lambán y del nacionalismo catalán, como Felip Puig, evidenciando la estrategia de Samper de tejer alianzas más allá de Aragón y consolidar su influencia política y administrativa en el sector renovable.
La operación judicial, instruida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, incluyó registros en la sede central de Forestalia y en diversos domicilios y oficinas vinculadas a sus proyectos eólicos y fotovoltaicos.
Entre los detenidos figura Eugenio Domínguez, ascendido por el PP y ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera, acusado de recibir mordidas a cambio de autorizar proyectos. Según la Guardia Civil, la investigación se centra en posibles manipulaciones de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que habrían beneficiado directamente a Forestalia.
Esta fase, denominada ‘Operación Perserte’, se centra en proyectos en la provincia de Teruel.
DEL CÁRNICO A LAS RENOVABLES
Fundada por Samper tras abandonar el Grupo Jorge en 2011, Forestalia emergió en el mercado renovable con rapidez y ambición. La compañía se consolidó en las subastas de 2016 y 2017, logrando adjudicarse 1.200 megavatios de los 3.000 disponibles, con descuentos de hasta el 63,4% y comprometiéndose a desarrollar proyectos sin primas públicas.
Su estrategia combinaba la obtención de derechos de conexión, el desarrollo administrativo de los proyectos y la venta parcial o total a fondos internacionales, todo gestionado a través de una red compleja de sociedades vinculadas. La expansión no se limitó a Aragón. Forestalia impulsó megaproyectos de evacuación eléctrica y selló alianzas estratégicas con fondos internacionales.
En 2024, el presidente aragonés Jorge Azcón respaldó públicamente una inversión conjunta entre Forestalia y la empresa china CGE para desarrollar el mayor sistema de autoconsumo industrial de España.
A pesar de estos logros, la facturación ha mostrado altibajos: en 2022 cayó a 97,7 millones de euros frente a los 294 millones del ejercicio anterior, reflejando la volatilidad del negocio de promoción y venta de activos energéticos. Desde su fundación, la estrategia de Samper fue clara: rodearse de expertos en regulación ambiental y ex funcionarios con conocimiento de la Administración.
Uno de los aspectos más polémicos del modelo de Forestalia fue la fragmentación de proyectos en bloques de 49,5 MW, justo por debajo del límite que obliga a tramitar la evaluación ambiental ante el Ministerio, dejando la supervisión en manos autonómicas. Esta estrategia dificultaba evaluar el impacto acumulado de instalaciones que, en conjunto, sumaban decenas de aerogeneradores.
Proyectos como PEol-765, con 149 molinos distribuidos por varias comarcas de Teruel, se convirtieron en símbolos de esta controversia. Colectivos ecologistas denunciaron afecciones sobre avifauna y quirópteros, el impacto paisajístico y la construcción de largas líneas de evacuación eléctrica. En Navarra, la fundación Sustrai Erakuntza celebró la cancelación de un proyecto que había generado malestar social.
Forestalia, por su parte, defendía que todos sus proyectos cumplían la normativa vigente, pero la investigación judicial ahora analiza si las autorizaciones ambientales realmente evaluaron de forma adecuada los impactos sobre hábitats y paisajes.
EL REY DE LOS MOLINOS
Nacido en Zaragoza en 1964, Fernando Samper es el mayor de cinco hermanos herederos del Grupo Jorge. Su abuelo, Tomás Samper Albala, inició el negocio en los años cuarenta, y su padre lo convirtió en un grupo industrial que en 2021 sacrificaba más de siete millones de cerdos al año. La preocupación por los purines y su impacto ambiental impulsó la exploración de la generación eléctrica mediante biogás, lo que despertó la vocación energética de Samper.
Al fundar Forestalia, Samper apostó por las renovables en pleno parón regulatorio y, con la colaboración de su red de ex funcionarios y políticos, construyó un modelo que permitió a Teruel convertirse en laboratorio del polémico nuevo mapa energético español.
