Acción Triángulo es una entidad que trabaja en la defensa de los derechos humanos, con especial atención a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente del colectivo LGTBIQ+ y personas migrantes. Desde su sede en el Mercado de San Fernando, en el madrileño barrio de Lavapiés, la organización ofrece asesoría jurídica y sanitaria, apoyo emocional y cobertura de necesidades básicas, además de una intensa agenda de actividades culturales, formativas y comunitarias.
Hablamos con Gerjo Pérez Meliá, responsable del área de Salud de la entidad y director de la Cinemateca Pedro Zerolo, sobre el trabajo diario de la organización, la situación de las personas migrantes y los retos en materia de derechos sociales.
P. ¿Qué es Acción Triángulo y qué tipo de trabajo realizáis?
R. Acción Triángulo es una entidad que trabaja en derechos humanos, centrándonos especialmente en personas en situación de vulnerabilidad y en la diversidad sexoafectiva LGTBIQ+. Trabajamos en varios ámbitos: el ejercicio del derecho a la salud, asesoría jurídica y sanitaria para que las personas puedan acceder al sistema sanitario independientemente de su situación administrativa, apoyo emocional, un ropero solidario —donde una vez al mes entregamos ropa nueva— y un banco de alimentos para cubrir necesidades básicas.
Además, organizamos muchas actividades y talleres culturales y lúdicos. Tenemos cine, clubes de lectura, yoga… prácticamente todos los días de la semana hay actividades en nuestra sede de la calle Tribulete, dentro del Mercado de San Fernando. La agenda semanal la publicamos en Instagram. Por ejemplo, los lunes solemos tener actividades artísticas y creativas; los martes talleres de salud; los miércoles hablamos de vivienda, que es un problema importante, y también hacemos talleres de sexualidad. Los sábados organizamos talleres de cocina —asiática, peruana, de distintos países— y los domingos proyectamos cine en la Cinemateca Pedro Zerolo, presente también en varias comunidades autónomas y algunos países.
Además, ofrecemos asesoría jurídica especializada en temas migratorios y en derechos y obligaciones legales. Todo de forma gratuita y con profesionales especializados.
P. En el debate público se habla mucho de regularización. ¿Cuál es la situación real de las personas migrantes?
R. Todas las personas quieren regularizarse. A mí no me gusta nada la expresión «sin papeles». Tampoco me gusta hablar de personas «irregulares», porque es una terminología que estigmatiza y no se corresponde con la realidad. En realidad, casi todo el mundo está intentando regularizar su situación administrativa.
El problema es que no consiguen citas. Los sistemas están colapsados y es prácticamente imposible obtener una cita para iniciar o continuar el proceso. Entonces se les dice que se regularicen, pero las herramientas para hacerlo no funcionan.
Por eso muchas personas viven en una situación administrativa incierta. La inmensa mayoría viene a trabajar. Pero no es lo mismo trabajar con permiso que sin él: cuando no tienes permiso, tus derechos se vulneran constantemente y se aprovechan de ti. Cuando te regularizas, contribuyes al sistema público, a las pensiones, a la sanidad, pagas impuestos y tienes derechos como cualquier trabajador: jubilación, paro, descansos o salarios dignos. Ahora mismo vemos vulneraciones gravísimas de derechos, sobre todo en sectores como la hostelería o los cuidados a personas mayores.
Muchas veces trabajan sin contrato, con jornadas interminables y por sueldos muy bajos. Tenemos casos de personas que trabajan hasta 72 horas a la semana por 1.000 euros. Según el convenio de hostelería deberían cobrar cerca de 2.000 euros y cotizar a la Seguridad Social. En lugar de eso, se ahorran miles de euros en cotizaciones e impuestos explotando a estas personas.
P. ¿Por qué defendéis la regularización extraordinaria?
R. Porque es una oportunidad valiosa para que estas personas puedan vivir con mayor dignidad y para que tengan una segunda oportunidad. También es beneficioso para el propio país: pueden cotizar, pagar impuestos y contribuir al sistema público, en lugar de estar atrapadas en un mercado laboral paralelo que no cotiza ni contribuye. Además, muchos empleadores se aprovechan precisamente de esa situación irregular. Si se regularizara a estas personas, se garantizarían derechos mínimos laborales y sociales, y se evitaría buena parte de esa explotación.
P. Hablas también de «doble discriminación». ¿A qué te refieres?
R. Muchas personas LGTBI sufren violencia o discriminación en sus países de origen y llegan aquí con esa mochila. Pero cuando llegan a España siguen teniendo vulneraciones, sobre todo si además no están regularizadas. Es una doble discriminación que vemos constantemente en nuestro trabajo diario.
P. ¿Cómo puede colaborar la ciudadanía con la organización?
R. Hay muchas formas. Una de ellas es el voluntariado de acompañamiento. Por ejemplo, tenemos personas que acompañan a pacientes en hospitales: recuerdo el caso de una señora ecuatoriana con sida o el de un chico que estaba en el Hospital 12 de Octubre esperando una operación de corazón abierto.

Ese acompañamiento es fundamental, sobre todo para superar barreras administrativas y emocionales. También hacemos educación de calle, repartiendo material preventivo a mujeres trans, por ejemplo. Y desarrollamos intervenciones en centros educativos sobre salud sexual y diversidad sexoafectiva, además de haber colaborado ccon universidades como la Rey Juan Carlos.
Otra forma de colaborar es compartir talentos. Si sabes pintar, dibujar, cantar o bailar, puedes montar un taller. Tenemos incluso un chico irlandés que organiza un grupo de socialización en inglés: no es una clase, es un espacio para practicar el idioma y convivir. También tenemos peluquería solidaria o talleres de cocina. Y por supuesto se pueden traer donaciones. No pedimos dinero: pedimos alimentos no perecederos, que nos vienen muy bien. También recibimos donaciones de ropa de empresas y particulares que luego clasificamos para el ropero solidario.
P. ¿Qué relación tenéis con las administraciones públicas?
R. Solo tenemos una subvención de la Consejería de Sanidad. Pero siempre he defendido que en un estado democrático las subvenciones deben concederse por concurrencia competitiva y que eso no debe impedir que las ONG hagamos incidencia política. Somos activistas y también recibimos subvenciones, pero eso no significa que tengamos que callarnos.
Para eso la ciudadanía destina el 0,7% de sus impuestos: para que las organizaciones trabajemos. Nosotros no somos una empresa. En Madrid, por ejemplo, notamos diferencias entre administraciones. Con el Ayuntamiento vemos mayor implicación, más profesionalidad y más compromiso en lo social. Al final las organizaciones también dependen de las personas que las gestionan.
En el Ayuntamiento vemos que se esfuerzan bastante. En cambio, con la Comunidad encontramos más dificultades en algunos ámbitos. Por ejemplo, hemos tenido problemas para entrar en colegios porque desde algunas consejerías piensan que hacemos «ideología de género».
También hemos tenido dificultades en el acceso a la sanidad para personas migrantes. De hecho, recogimos más de 50.000 firmas para defender que nadie quede fuera del sistema sanitario: ni un niño por ser migrante, ni una persona con VIH, ni una mujer embarazada.
A nivel técnico el trabajo suele ser correcto, pero a nivel político a veces encontramos grandes diferencias. Los derechos humanos no deberían ser patrimonio de ningún partido político; deberían defenderlos todos.
P. En el debate público circulan muchos bulos sobre las personas migrantes. ¿Cómo se puede combatir esta situación?
R. Las personas migrantes no reciben ayudas por el hecho de ser migrantes ni tienen prioridad en los servicios sociales. De hecho, ocurre lo contrario: muchas veces ni siquiera pueden empadronarse y, si no estás empadronado, no puedes acceder a muchos derechos, incluido el sistema sanitario o los servicios sociales.
Por eso vemos tanta gente venir a nuestras redes de ayuda a buscar algo tan básico como un kilo de arroz. Muchos de los canales oficiales están cerrados para ellos. También es falso que tengan más ayudas que los españoles. Por ejemplo, para acceder a la renta mínima de inserción hay que residir al menos un año en el país y cumplir criterios de vulnerabilidad, no de nacionalidad.
Otro mito es que vienen a delinquir. La mayoría viene a trabajar. Y también es falso que se regularice a las personas para que voten: si no tienes nacionalidad española no tienes derecho a voto. Tampoco existe ese supuesto ‘efecto llamada’. La última gran regularización en España fue hace casi veinte años.
Regularizar a quienes ya están aquí no genera efecto llamada. Lo que sí hace es fortalecer el sistema público, porque las personas migrantes trabajan, cotizan y sostienen sectores clave como la hostelería, la construcción o los cuidados.
BIOGRAFÍA
Gerjo Pérez Meliá es activista por los derechos humanos con una amplia trayectoria en la defensa de la diversidad sexual, la salud comunitaria y la cultura. Actualmente es director de la Cinemateca Pedro Zerolo y responsable del área de Salud en Acción Triángulo, donde coordina programas de intervención con personas migrantes con VIH, servicios de prueba rápida de VIH y proyectos de acompañamiento psicosocial dirigidos a trabajadores sexuales masculinos y a mujeres trans trabajadoras sexuales.
Ha impulsado iniciativas de respuesta social como la campaña #LaSolidaridadNoSeCancela durante la emergencia de la COVID-19. Desde 2007 desarrolla proyectos de cooperación internacional en distintos países de América Latina, centrados en la prevención del VIH, la reducción de riesgos y el apoyo a mujeres trans en situación de vulnerabilidad.
Desde 1989, con más de 30 años de experiencia, trabaja junto a organizaciones comunitarias en estrategias innovadoras frente al VIH, la discriminación y fenómenos emergentes como el chemsex, siempre con un enfoque integral y centrado en las personas. Su experiencia combina la gestión cultural, la acción comunitaria y la cooperación internacional, lo que le permite aportar una visión integral y comprometida en los ámbitos de salud, derechos y diversidad.
