Las elecciones autonómicas en Castilla y León, convocadas para el próximo 15 de marzo, se presentan como un termómetro clave del panorama político en la región tras décadas de dominio absoluto del Partido Popular (PP). Tras más de 35 años de gobierno ininterrumpido por parte de esta formación, la cita electoral adquiere un valor simbólico, ya que servirá para medir la fuerza de la izquierda en un territorio históricamente conservador y evaluar hasta qué punto el desgaste del PP puede traducirse en apoyos concretos para sus rivales.
Según diversas encuestas socialistas, el candidato Carlos Martínez, actual alcalde de Soria, podría lograr una tercera victoria histórica del PSOE en la comunidad en los últimos 43 años. Sin embargo, incluso un eventual triunfo electoral difícilmente significaría un cambio de gobierno. El PP, que ha gobernado de manera continua desde 1987, mantiene un electorado estable y podría conservar el poder gracias al respaldo parlamentario de Vox.
Martínez ha logrado generar una renovada esperanza entre las filas socialistas, que llegan a estas elecciones cabizbajas tras los decepcionantes resultados obtenidos en otras autonomías como Extremadura y Aragón. Su liderazgo ha movilizado a votantes desencantados, recuperando la ilusión por un proyecto de izquierda capaz de competir en una región tradicionalmente hostil.
Además, Soria se ha convertido en un foco simbólico de esta renovación, ya que la capital provincial representa un ejemplo de cómo la gestión local eficaz y cercana puede traducirse en capital político a nivel autonómico.
Paralelamente, otra fuerza autonómica progresista, la Unión del Pueblo Leonés (UPL), se perfila para alcanzar sus mejores resultados históricos. Esta formación, que tradicionalmente ha tenido un papel marginal en la política regional, ha sabido aprovechar el desencanto ciudadano con los grandes partidos para consolidar su propuesta ‘independentista’ y convertirse en una alternativa al bipartidismo. La UPL plantea reivindicaciones centradas en la defensa del territorio y la gestión local.
En el espacio de la izquierda estatal, la coalición Izquierda Unida–Sumar aspira a recuperar el escaño que anteriormente ocupaba Podemos, que podría quedar fuera de las Cortes autonómicas si no logra movilizar a su base.
DESGASTE
El contexto electoral llega marcado por varios escándalos que afectan al PP y a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que han erosionado la imagen del partido en la ciudadanía y podrían influir en la intención de voto. Uno de los casos más relevantes es la denominada trama eólica, considerada el mayor caso de corrupción en Castilla y León. Este juicio comenzó el 15 de septiembre en la Audiencia Provincial de Valladolid, con 14 personas imputadas, incluyendo ex altos cargos de la Junta durante la etapa del presidente Juan Vicente Herrera y empresarios del sector energético.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el principal encausado, Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía entre 2003 y 2007, tuvo un papel «determinante» en la adjudicación de 100 parques eólicos de manera ilícita, con mordidas que ascienden a 75 millones de euros. La magnitud del caso y el impacto mediático de los procesos judiciales han alimentado un sentimiento de desconfianza hacia la gestión del PP en materia de contratación pública y transparencia.
Otro episodio polémico es el denominado caso Primarias, relacionado con presuntas irregularidades en las elecciones internas del PP en Salamanca, que ganó en 2017 Mañueco. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca acordó el sobreseimiento libre y el archivo definitivo del caso, al entender que los hechos investigados carecían de tipicidad penal.
A estos escándalos se suman otras actuaciones controvertidas del propio Mañueco, como su viaje a la final de la Champions League de 2022 en París junto al empresario Julián Ramos, propietario de Biorama Guijuelo, S.L., empresa que recibió una adjudicación a dedo por 2.340.000 euros para la realización de test de antígenos contra la COVID-19. El viaje, junto al portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, generó críticas.
Desde 2010, el PP también ha canalizado cerca de 300 millones de euros públicos hacia la televisión autonómica privada de Castilla y León propiedad de dos constructores con antecedentes penales, José Luis Ulibarri y Míchel Méndez Pozo.
