En un momento decisivo para el futuro de la gestión pública, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha protagonizado un acto informativo en Burgos con un mensaje claro y contundente dirigido al electorado. Durante su intervención, la dirigente popular ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana para concentrar el voto en el Partido Popular el próximo domingo, argumentando que es la única vía para “garantizar la calidad de los servicios públicos” y asegurar que la región cuente con un “Gobierno estable”. Según Fúnez, esta estabilidad es el escudo necesario para impedir que “el sanchismo meta las manos en la Sanidad y el sistema de Dependencia”, subrayando con firmeza que en la actual coyuntura política y social “no podemos jugar con la estabilidad y con los servicios públicos”.
La crítica de la vicesecretaria se ha centrado especialmente en la gestión del Ministerio de Sanidad y su impacto en la operatividad de las comunidades autónomas. En sus declaraciones a los medios en Burgos, Fúnez ha denunciado lo que considera una falta de compromiso real con el refuerzo de las plantillas médicas en el país. En este sentido, ha exigido a la ministra Mónica García la incorporación inmediata de más facultativos al Sistema Nacional de Salud, recordando que las cifras actuales son alarmantes. Según las estimaciones manejadas por el Partido Popular, solo en Atención Primaria existe un déficit de 4.500 médicos, una carencia que contrasta drásticamente con la gestión estatal, ya que el Gobierno central solo ha aumentado en 36 las plazas MIR durante la última convocatoria. Para Fúnez, esta situación evidencia que “el Gobierno sanchista bloquea la incorporación de médicos y genera dificultades a las comunidades autónomas”, trasladando la presión asistencial a los gobiernos regionales sin aportar los recursos humanos necesarios.

Frente a lo que describe como una parálisis administrativa en Madrid, la dirigente popular ha defendido un modelo sanitario basado en la expansión y la dignificación del sector, apostando por más centros de salud, un incremento de profesionales y mejores remuneraciones que frenen la fuga de talento. En este contexto, ha puesto en valor el esfuerzo inversor del Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, resaltando que se han destinado más de 467 millones de euros en esta legislatura a infraestructuras, tecnología y mejoras laborales. Este balance sirve a Fúnez para marcar distancias con la titular de Sanidad, a quien acusa de ejercer una dirección unilateral donde “obvia y no escucha ni a las comunidades autónomas ni a los médicos”, provocando una conflictividad en el sistema que, a su juicio, no tiene precedentes en la etapa democrática española.
La situación de descontento profesional ha sido otro de los ejes centrales de su discurso en la capital burgalesa. Carmen Fúnez ha lamentado profundamente que, bajo el mandato de Pedro Sánchez y Mónica García, se haya fracturado el diálogo con el sector sanitario, afirmando con severidad que “no se escucha a los médicos y se está imponiendo condiciones laborales que los médicos no quieren”. Como contrapartida a esta tensión, la representante del PP ha celebrado hitos locales que simbolizan el futuro de la profesión, como el avance para que Burgos cuente con su propia Facultad de Medicina. Con la previsión de que la primera promoción comience en el curso 2026-2027, Fúnez ha manifestado que es un “auténtico orgullo” que la ciudad se convierta en un polo de formación para nuevos médicos que posteriormente se integrarán en el sistema público.
Finalmente, el artículo de la política popular ha cerrado con una defensa cerrada de los servicios sociales, entendidos como una “política de segunda oportunidad” esencial para los colectivos más vulnerables. En este ámbito, ha situado a Castilla y León como un “auténtico referente” nacional, destacando el liderazgo de la comunidad en número de plazas residenciales y su eficacia al presentar la lista de espera más reducida en materia de Dependencia, pidiendo el voto precisamente para evitar que Sánchez “meta mano en la calidad de la Sanidad y los Servicios Públicos” que hoy definen a la región.
