El juzgado central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional ha dictado una providencia donde recoge definitivamente las personas investigadas por la causa conocida como los contratos de Santos Cerdán. Se tratarían de 14 personas: 8 directivos ligados a constructoras, más otros 5 nombres de políticos o altos cargos, y el intermediario Víctor de Aldama.
«Dada cuenta; por recibido el anterior informe del Ministerio Fiscal, de fecha 06/03/26, dando cumplimiento al traslado conferido en resolución de 03/03/26, intégrese en el expediente judicial electrónico de su razón; visto su contenido, hágase saber a las partes que la presente pieza separada referida a contratos de obra pública, se va a seguir con la tramitación, teniéndose en calidad de investigados, a: José Luis Ábalos Meco, Koldo García Izaguirre, Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, Santos Cerdán León, Daniel Fernández Menéndez, Antonio Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, Joseba Antxon Alonso Egurrola, Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz, Manuel José García Alconche, Isabel Pardo de Vera y Francisco Javier Herrero Lizano, sin perjuicio de que en un futuro y según se derive de la instrucción de la causa y la práctica de diligencias, aparezcan nuevos investigados».
El Alto Tribunal ya llamó a declarar a todos los imputados en julio de 2025. El primero en comparecer fue José Ruz, gerente de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), que admitió haber comido varias veces con el exministro José Luis Ábalos y haber mantenido «decenas» de reuniones con Koldo García, pero negó el pago de mordidas. Sin embargo, en el informe de la UCO sobre los contratos en los que habría intermediado Santos Cerdán y Koldo García, se señalaba que Ruz habría pagado a Koldo un sueldo mensual a través de un tercero.
Ese tercero, según la investigación, se habría cansado de hacer los pagos cuando Ábalos y el propio Koldo abandonaron el Ministerio de Transportes en 2021. «Koldo, estoy pensado que ha llegado el momento en que hables con Pepe que busque una alternativa, un plan B», decía Ruz en uno de los audios publicados del informe de la UCO. Algo que el propio Koldo García le trasladó a Ábalos: «Porque yo cobraba mil cien euros de Pepe, ¿vale? Y no me, y ya no me los pagan».
Los hermanos Menéndez, Antonio y Daniel, están imputados por su pertenencia a la empresa OPR. Antonio Fernández Menéndez, gerente de Obras Públicas y Regadíos (OPR), en su declaración negó cualquier relación, aunque los mensajes recogidos por la UCO acreditan que se quejó a Koldo de que su empresa no conseguía adjudicaciones. El juez ve indicios de criminalidad en sus mensajes cruzados con el ex asesor de Ábalos. «¡Toma!», dijo, mostrando su alegría, cuando Koldo le informó del nombramiento de Ángel Contreras como presidente de Adif.
Su hermano Daniel, que era el director general de OPR, se habría encargado de la contratación de la pareja de Koldo García, Patricia Úriz. El juez ve clara su implicación en la trama por varios mensajes en los que Koldo le facilitaba por adelantado información sobre decisiones estratégicas en empresas públicas, como el cese de Javier Herrero como director de Carreteras del Estado, también imputado en la causa.
«Qué putada», respondió Daniel Fernández al conocer por Koldo García el cese de Herrero. Sin embargo, ante el juez, justificó el comentario no porque Herrero hubiese facilitado adjudicaciones a OPR, sino porque era «un gran profesional».
Junto a Fernando Merino, ex jefe de la zona norte de Acciona en España, acudirán al juicio otros tres directivos de de la constructora, Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel. El juez les procesa tras ver el informe de la UCO relativo a la concesión de varias obras, fechado el 11 de noviembre de 2025, que según el juez Leopoldo Puente, que instruyó el caso, «contiene referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudieran haber tenido participación» los tres directivos.
Sobre Merino el fiscal Anticorrupción concluyó en su informe «que establecen la connivencia de Fernando Agustín Merino, Director del Departamento de Navarra y La Rioja de Acciona Construcción entre 2015 y 2019 con el investigado, Koldo García, asesor del también investigado en esta causa, el Ministro José Luis Ábalos, para obtener a cambio de presuntos beneficios económicos la adjudicación de obras públicas licitadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)».
SANTOS CERDÁN
El resto son el empresario Joseba Antxon Alonso Egurrola, dueño de Servinabar, empresa que la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama al recoger en su informe que estaba participada por Santos Cerdán, ex diputado y secretario de Organización del PSOE. También serán enjuiciados el ex director general de Carreteras Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif, como responsables máximos de los contratos investigados por el Supremo.
Los tres restantes son Koldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y el empresario Víctor de Aldama, como beneficiarios de las supuestas «mordidas» pagadas por las empresas concesionarias de los contratos del Estado.
Fueron unas grabaciones realizadas por Koldo García las que pusieron a la UCO sobre la pista para procesar a Santos Cerdán, entonces diputado y secretario de Organización del PSOE como miembro de una trama de corrupción ligada a contratos del Estado.
