La representación procesal del ex ministro José Luis Ábalos ha presentado una «protesta» formal ante el Tribunal Supremo no admitió la práctica de tres pruebas solicitadas por su nuevo abogado, Marino Turiel dentro de la instrucción del Caso Koldo. Una de las pruebas era el interrogatorio del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska por la compra de mascarillas para su departamento durante la pandemia de Covid 19.
Entiende el abogado de Ábalos que la denegación de la práctica de esas pruebas supone «una clara situación de indefensión material y lesiona el derecho fundamental de mi representado a valerse de los medios de prueba pertinentes para su defensa».
Las pruebas a las que se refiere el letrado son una declaración en calidad de testigo de «don Fernando Grande-Marlaska Gómez, por cuanto resulta una prueba esencial para esclarecer el proceso de adquisición de mascarillas por parte del Ministerio del Interior, citado en el escrito de acusación como supuesto ejemplo de la presunta capacidad de influencia atribuida a nuestro defendido».
La segunda es una prueba pericial que consiste en un «informe sobre adecuación y contingencias del sistema de pagos en metálico del PSOE (2017-2024), a cargo de Félix Alberto Vega Borrego y César Martínez Sánchez, cuyo domicilio profesional consta en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, ciudad universitaria de Canto Blanco, 28049, Madrid toda vez que dicha prueba serviría para explicar el funcionamiento real del sistema de pagos en metálico del Partido Socialista Obrero Español durante el período investigado».
La tercera, pero no menos importante que las anteriores es una «prueba anticipada». En ella el ex ministro pide la «devolución -o acceso para realizar copia autentica- de los archivos digitales incautados en el domicilio de D. Koldo García, propiedad de nuestro representado».
Se trataría de un disco duro de la marca Ewent y una bolsa precinto GC, «que son la base de la acusación, a fin de poder elaborar, con carácter previo a la vista, pericial propia con examen del disco duro intervenido, a través de un proceso en varias fases, que parte del registro y de número de serie, marca, modelo y cualquier distintivo, verificación del hash (…) incluido en el acta de aseguramiento original, cálculo y verificación de integridad (hashes), análisis de la estructura lógica y sistema de archivos, indexación del contenido, recuperación de archivos borrados, análisis de metadatos, comparación con informes UCO y, fundamentalmente, construcción de una línea temporal verificable del uso legítimo del soporte , análisis de accesos no autorizados o redirecciones, reconstrucción de cronología comunicacional , entre otros».
Según el abogado de Ábalos, «dicha prueba resulta imprescindible para esta defensa en cuanto
los archivos contenidos en dicho soporte constituyen elemento fundamental de las imputaciones formuladas frente al Sr. Ábalos Meco, siendo necesario su examen directo a efectos de verificar su integridad, autenticidad y contexto, así como para posibilitar la elaboración de la correspondiente pericial de contraste».
Ábalos también hace un «requerimiento a la Fiscalía actuante a fin de que facilite escrito de acuerdo de conformidad entre dicha Fiscalía y el acusado Don Víctor de Aldama, para, a su vista, poder proponer prueba. Caso de no existir dicho acuerdo en soporte papel o en cualquier otro soporte, requerimiento a dicha Fiscalía a fin de que informe sobre todos los puntos del acuerdo de conformidad, para, a su vista, poder proponer prueba». Esta prueba resultaría «fundamental para valorar adecuadamente la credibilidad de las manifestaciones efectuadas por el Sr. Aldama y el contexto procesal en el que éstas se producen».
ÁBALOS REQUIERE A ALDAMA
Además requiere también a otro de los acusados, el intermediario Víctor de Aldama, para que «aporte los documentos de pago a Don Luis Alberto Escolano relativos al alquiler del piso de la Plaza de España, por tratarse de prueba directamente relacionada con los hechos objeto de acusación y necesaria para el ejercicio efectivo del derecho de defensa».
El escrito de Ábalos también pide que mande «oficio al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (antes de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) a fin de que el oficial mayor del Ministerio certifique el número de folios entregados a la secretaría del Ministro entre los años 2018 y 2021, período en que nuestro representado desempeñó dicho cargo. Por cuanto la diligencia propuesta persigue la acreditación de un dato objetivo y verificable con potencial incidencia en la valoración de los hechos imputados y en la articulación de la defensa». Se refiere el abogado a los famosos «folios» que el ministro pedía a Koldo García que le llevase a su despacho y que los investigadores de la UCO traducían como dinero en metálico.
El abogado pide también que se envíe exhorto «al Juzgado Central de Instrucción nº 5 a fin de remita testimonio de los acontecimientos 4183 y 4608 de (…), del Juzgado Central de Instrucción número 5. En el primero se contiene un cd con 6138 mensajes, anexo al atestado 191/2023 (acontecimiento 4608), donde se encuentran las conversaciones en formato digital entre (…) y el capitán de la Guardia Civil, (…)».
Hay que recordar que la comparecencia del ministro Grande-Marlaska al igual que la de la presidenta del Congreso y ex presidenta de Baleares, Francine Armengol, está prevista para el 22 de abril-
