Es un galimatías difícil de entender a no ser que se haya estudiado Matemáticas. Según el informe emitido por la Unidad de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para la Fiscalía Anticorrupción que investiga los contratos de obra pública otorgados por ADIF y la Dirección General de Carreteras, dentro del Caso Koldo, varios de estos contratos se adjudicaron con fórmula de «juicios de valor» diferentes para cada uno de los contratos. Se desconoce la causa de por qué se usó un criterio en unos casos y otro en otras adjudicaciones. La unidad especializada de Hacienda adscrita a Fiscalía Anticorrupción ha estudiado los contratos del Caso Koldo en un informe remitido este 11 de marzo al juez.
Comienzan los técnicos diciendo que se les han remitido seis expedientes, «uno fue adjudicado antes del año 2018, aunque un modificado de este contrato se aprobó después de esa fecha». Luego pasa a advertir antes de explicar los expedientes que «la Dirección general de Carreteras en la evaluación de los criterios basados en juicios de valor utiliza dos fórmulas para transformar la puntuación originaria obtenida (la denominada valoración) en la puntuación que finalmente (la denominada puntuación) se utilizará para adjudicar el contrato».
Los técnicos de Hacienda explican también que «la puntuación obtenida sobre 100, se debe multiplicar por 0,49, pues los criterios basados en juicios de valor ponderan un 49% en la puntación final».
La fórmula que aplicaba Carreteras era que la puntuación de la oferta es igual a la valoración de la oferta entre la valoración de la mejor oferta por la puntuación máxima.
La segunda de las fórmulas aplicadas, que se usó tanto en el contrato de la Autovía A-12, como en la famosa obra del «puente de los tirantes» de Sevilla. En este caso la fórmula es que la puntuación de la oferta es igual a la puntuación máxima de los criterios cualitativos que dependen de un juicio de valor por el resultado de la suma de la valoración de la mejor oferta menos la valoración de la oferta. Luego, todo eso hay que multiplicarlo por el resultado de la resta de la puntuación máxima de los criterios cualitativos que dependen de un juicio de valor menos la valoración de la peor oferta que no haya sido rechazada por no cumplir el umbral mínimo definido en la cláusula 24.
Si esto parece poco, el resultado hay que dividirlo por el resultado de la valoración de la mejor oferta menos la valoración de la peor oferta que no haya sido rechazada por no cumplir el umbral mínimo definido en la cláusula 24. Tal cual.
Mediante esta compleja fórmula «se reparten 50 de los 100 puntos de los criterios basados en juicios de valor, porque se considera que la oferta que no llega a 50 puntos se la excluye. Por lo tanto, toda oferta no excluida obtiene 50 puntos y la mejor oferta 100», añaden desde Hacienda.
La conclusión es que «no se alcanza a ver qué justificación tiene la aplicación de la indicada fórmula, que permite que diferencias pequeñas, que siempre son más fáciles de justificar por el valorador, se transformen en diferencias elevadas».
SEIS CONTRATOS DE CARRETERAS
De los seis contratos estudiados por la IAGE, dos se adjudicaron a Acciona Construcción en UTE con otras empresas y «en estos dos contratos se han producido modificaciones que han supuesto un incremento de presupuesto cercano al 20% (19,98% y al menos, 19,02%) (…) aunque cuando se puso de manifiesto la necesidad de la modificación las obras estaban en ejecución», dicen los técnicos del IGAE.
La primera obra modificada fue la de la «autovía A32, Linares-Albacete, corredor Carretera N322 de Córdoba a Valencia, tramo Úbeda-Torreperogil». El presupuesto de licitación fue de 85.410.199,19€, que con el IVA al 16% se puso en 99.075.831,06€. El adjudicatario fue OPR en UTE con Cyopsa-Sisocia y GEA-21 por 69.055.00€ (IVA incluido).
Pero esta obra fue objeto de dos modificaciones por 780 mil euros la primera y por 5.815.084,10€ (IVA incluido). La segunda modificación se quedó finalmente en la ejecución material de 4.037.557,58€. Pero en julio de 2019 se debió «replantear el modificado, porque el proyecto, que lleva fecha de julio de 2019, recoge un adicional en términos de ejecución material de 5.605.806,63€ sin separar entre conceptos nuevos y regularización de mediciones, pues se consideró integrarlos en un único presupuesto (…)» y añaden desde Hacienda que «la certificación final arrojó un saldo por exceso de mediciones de 3.334.755,39€ en términos de ejecución material, lo que supuso un 4,80% del presupuesto primitivo».
El proyecto «de adaptación parcial de la segunda calzada de la autovía A-63 en el tramo Salas-La Espina del Pk (…)» también sufrió una modificación. El presupuesto de licitación ascendió a 7.580.649,92€ y «los criterios de adjudicación ponderaban del siguiente modo: los basados en juicios de valor ponderaban 49 puntos sobre 100 y los basados en fórmulas 51 puntos sobre 100, de los que correspondían todos al precio». La adjudicación cayó en la UTE OPR y Construcciones Pérez Jiménez por un importe de 6.102.423,18€ (IVA excluido).
La modificación que se realizó hizo ascender el contrato a 6.754.814,89€. Esto supuso un incremento del 9,35% sobre el presupuesto inicial.
En el caso de la autovía A-68, «tramo Arrúbal-Navarrete, provincia de La Rioja», el presupuesto era de 123.420.106,32€ (IVA excluido). Esta concesión la ganó la UTE Acciona y Aquaterra, con 47,31 puntos de los 49 posibles mediante juicio de valor.
Una vez comenzada la ejecución del proyecto, el mismo sufrió dos modificaciones. Una de 7.513.500,12€, «superior por tanto al umbral de aplicación de la Directiva para el contrato de obras y, en consecuencia no se cumplía lo establecido en la LCSP de 2017», advierten desde Hacienda en su informe para la Fiscalía.
El 26 de noviembre de 2024 se aprobó un nuevo modificado por 946.530,60 (IVA excluido) lo que supuso una modificación del 1,02% fuera del precio del contrato y «acumulada con la anterior fuera de un 19,98%». Si hubiera llegado al umbral del 20% se hubiera resuelto el contrato.
Así la IGAE va desgranando todo los contratos de la Dirección General de Carreteras. El imputado por esta causa es Javier Herrero, ex director general de ese departamento. Ahora será el fiscal quien con este informe y los datos de las obras de ADIF decida qué delitos se le imputen tanto a Herrero como a Isabel Pardo de Vera, ex directora de ADIF.
