El último informe de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil sobre el caso Forestalia que investiga las «mordidas» a altos cargos del gobierno de Aragón y del Gobierno Central para favorecer declaraciones de impacto ambiental (DIA) favorables a la empresa Forestalia, recoge que los agentes tomaron declaración hasta 6 altos cargos y 14 testigos, funcionarios o ex funcionarios de la Subdirección General de Evaluación Ambiental.
Los agentes trataron de acortar la función desempeñada por el ex subdirector general de Evaluación Ambiental, Eugenio Jesús Domínguez Collado, adscrito al Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), uno de los principales investigados, bajo las órdenes de Teresa Ribera, que habría autorizado la instalación de varios parques eólicos en Aragón.
Para ello fue fundamental las declaraciones de estos testigos que refirieron el modus operandi de Eugenio Domínguez mientras fue Subdirector General de Evaluación Ambiental, primero y luego ya jubilado, asesor del Secretario de Estado de Medio Ambiente. La Guardia Civil tomó declaración a Manuel García Hernández, director General de Política Energética y Minas del Miteco, a Marta Gómez Palenque, directora General de Calidad y Evaluación Ambiental del Miteco, Eugenio Domínguez Collado, ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Miteco, y Carlos Redondo López, subdirector General de Energía Eléctrica del Miteco. Respecto a las autoridades autonómicas, declararon Jesús Lobera Mariel, ex director del INAGA y Ángel Lagunas, ex director del Servicio Provincial de Industria de Teruel. De momento, sólo Domínguez permanece como investigado en la causa.
La UCOMA atribuye a Domínguez la manipulación fraudulenta de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) en favor de la empresa energética, necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos. Según la Guardia Civil, el investigado habría actuado a cambio de una contraprestación económica a través de dos sociedades pantalla.
Los testigos señalaron a Eugenio Domínguez como «el responsable de asignarse a sí mismo la práctica totalidad de los proyectos de energías renovables presentados por promotores pertenecientes al grupo Forestalia, una práctica calificada como «extraordinaria». Se le acusa de haber creado un sistema de tramitación paralelo, derivando esos expedientes a la empresa pública Tragsatec para su evaluación bajo supervisión directa (…). Domínguez Collado «acudía de forma habitual a la empresa Forestalia por las tardes al finalizar su horario laboral» (…) tras su jubilación, continuó su actividad como «asesor del Secretario de Estado de Medio Ambiente», presuntamente para seguir facilitando la tramitación de dichos proyectos», según el informe de la UCOMA.
Respecto a Forestalia, los agentes concluyeron que «sus expedientes recibían un trato diferenciado y privilegiado». La empresa pública Tragsatec «pasó de ser un apoyo opcional a convertirse en la herramienta central para tramitar los proyectos del Grupo Forestalia» y según la declaración de un testigo, «emitían los informes que le llegaban al Subdirector (Domínguez) ya redactados para su firma».
Otro testigo dijo que este subdirector «mantenía reuniones asiduas con promotores, se autoasignaba proyectos y los delegaba en Tragsatec. Admite no tener cualificación técnica para haber sido asignado como técnico, un dato relevante dado que, como se verá, figuró como técnico responsable en proyectos de gran complejidad asignados a Eugenio Domínguez Collado».
TESTIGOS DEL INAGA EN EL CASO FORESTALIA
Los testigos del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) apuntaron a «situaciones extrañas y cambios de criterios injustificados en sus informes, que pasaban de ser negativos a positivos en proyectos del grupo Forestalia. Se relatan también «amplios conflictos» de una técnica del Inaga con su dirección debido a los informes desfavorables a proyectos de esta empresa, técnica que, según se testifica, fue posteriormente apartada de sus funciones», recoge el informe de la UCOMA.
La Benemérita reflejó los patrones de estas supuestas actuaciones irregulares del ex subdirector Domínguez con Forestalia, mientras investigaban el presunto soborno con 4,4 millones de euros a la empresa de tres ex altos cargos aragoneses de la Consejería de Medio Ambiente. Esta empresa tenía como único cliente a Forestalia.
El investigado eludiría los canales de registro oficial: «describen una práctica recurrente, la recepción de documentación relativa a los proyectos de Forestalia de forma directa, a través de memorias USB entregadas personalmente a Eugenio Jesús Domínguez Collado».
Según los agentes, «esta práctica suponía una ruptura deliberada de la cadena de custodia administrativa. La documentación se incorporaba a la plataforma SABIA sin pasar por el registro oficial del Miteco, impidiendo, como señala el testigo (…), la trazabilidad formal de su entrada y eludiendo un control fundamental. Este era el primer paso para tomar control del expediente al margen de los cauces reglamentarios».
La autoasignación de expedientes de Forestalia era el segundo paso necesario. Dicen los agentes que esa era una práctica «calificada de extraordinaria por múltiples testigos» y que sería «el acto que permitió todas las irregularidades posteriores. Esta acción creaba una caja negra en la que los expedientes desaparecían del circuito de supervisión ordinario, concentrando en su persona un conflicto de funciones al ser supervisor y gestor a la vez». Esta práctica se llevó a cabo en varios proyectos importantes en Aragón, como Masía I, Masía II y Clúster Maestrazgo.
«A raíz del boom de las renovables la mayoría de proyectos del Grupo Forestalia eran asignados directamente a Tragsatec. La tramitación se realizaba bajo la dirección y supervisión exclusiva de Eugenio Domínguez, excluyendo por completo la participación de los consejeros y los técnicos funcionarios del Miteco», explica la Guardia Civil. Incluso un testigo calificó de «guardia pretoriana» a este equipo de Tragsatec.
Eugenio Domínguez, subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) entre 2017 y 2023, Fernando Samper, dueño de Forestalia, y otras cuatro personas están siendo investigadas por delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal por el Juzgado de Instrucción 1 de Teruel.
