La pequeña localidad navarra de Fitero, con poco más de 2.000 habitantes, se ha convertido en el escenario de un conflicto que trasciende al propio municipio y señala a varios partidos políticos.
La amenaza de desahucio que pesa sobre hasta 19 familias que viven en viviendas construidas con ayudas públicas no solo ha abierto un drama social, sino también un debate político que, de una forma u otra, alcanza a formaciones de distinto signo: desde UPN y PSOE hasta PP, Vox, Junts y la coalición progresista navarra Contigo-Zurekin.
Todo comenzó a escalar tras el primer desahucio ejecutado en el bloque de viviendas situado en las calles Peña Hitero y Ruiz de Mendoza. La familia afectada, con cuatro hijos menores —dos de ellos menores de diez años—, tuvo que abandonar su casa ante la mirada de vecinos que temen ser los siguientes.
El episodio dejó una profunda huella en el barrio. Muchas familias llevan años viviendo con la incertidumbre de si un día recibirán la orden de abandonar sus casas. Patricia Alvero, vecina del edificio desde hace casi dos décadas, resume ese sentimiento con crudeza: «Si seguimos aguantando es porque no tenemos dónde ir».
Durante años, los residentes aseguran haber recibido comunicaciones que les exigían abandonar las viviendas o reclamaciones económicas que consideran injustificadas. Según explican, la situación se agravó cuando las viviendas perdieron su condición de protección oficial.
DE ALQUILER PROTEGIDO A VIVIENDA LIBRE
Las viviendas de Fitero se construyeron hace aproximadamente veinte años dentro de un programa de alquiler protegido. En aquel momento, las familias accedieron a ellas con rentas reducidas y con ayudas públicas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda.
Sin embargo, con el paso del tiempo esa protección expiró y los inmuebles pasaron a operar dentro del mercado libre. Esa transición fue posible por la normativa que durante años rigió en Navarra bajo gobiernos de UPN, que permitía que las promociones de vivienda protegida perdieran esa calificación tras un determinado periodo.
El resultado fue un cambio brusco para muchos inquilinos. Familias que pagaban alquileres relativamente asequibles se encontraron de repente con recibos muy superiores, en algunos casos triplicando el coste anterior. A esa situación se sumó otro factor que alimentó la incertidumbre: el cambio constante de propietarios.
Las viviendas pasaron por distintas sociedades inmobiliarias hasta terminar dentro del entramado de activos gestionados por el Banco Santander. Actualmente el inmueble pertenece a Altamira Luni 6, filial de la entidad financiera que preside Ana Patricia Botín.
Desde allí se gestiona una cartera de activos inmobiliarios que forma parte del legado de la crisis financiera y de las inversiones posteriores del banco en el sector residencial. Para los vecinos, ese entramado empresarial ha creado una distancia casi insalvable entre quienes viven en las viviendas y quienes toman las decisiones desde despachos corporativos.
Muchos denuncian que resulta prácticamente imposible contactar con los responsables de los inmuebles para resolver incidencias o negociar condiciones.
LA APARICIÓN DE AÑÓN
En las últimas horas el conflicto ha dado un nuevo giro con la aparición de un posible comprador. Según adelantó Merca2, existe un contrato de arras firmado el pasado 4 de diciembre de 2025 que apunta a una futura operación de compraventa. El interesado sería el Grupo Añón, una empresa del empresario navarro Iosu Belio Añón.
Este empresario no es un desconocido en la política navarra: entre 2015 y 2021 formó parte de la ejecutiva del Partido Socialista de Navarra y fue concejal en el municipio de Cortes. La posible operación ha generado inquietud entre los vecinos, especialmente después de que personas vinculadas al grupo comenzaran a visitar el edificio y a enviar mensajes asegurando que pronto serían los nuevos propietarios.
Algunos residentes aseguran que trabajadores del grupo intentaron incluso fotografiar las viviendas sin autorización, presentándose en algunos casos como representantes del Gobierno de Navarra. Tanto el Ejecutivo foral como la Mancomunidad de Servicios Sociales de Cintruénigo y Fitero recomendaron a los vecinos no atender esas peticiones.
La operación todavía no se ha materializado, pero el hecho de que un exmiembro de la ejecutiva socialista esté negociando la compra de viviendas construidas con ayudas públicas ha añadido una dimensión política al conflicto.
LA RESPONSABILIDAD HISTÓRICA DE UPN
La raíz del problema se encuentra en una decisión normativa adoptada durante los años de gobierno de UPN en Navarra. Durante ese periodo, la legislación permitía que las promociones de vivienda protegida pasaran al mercado libre una vez transcurrido un determinado tiempo. Esa política permitió que viviendas construidas con recursos públicos dejaran de estar protegidas y acabaran integrándose en operaciones inmobiliarias privadas.
En casos como el de Fitero, el resultado ha sido que hogares pensados para garantizar acceso asequible a la vivienda se han convertido en activos inmobiliarios dentro de carteras financieras.
El actual Gobierno foral modificó posteriormente ese marco legal para evitar que situaciones similares se repitieran en el futuro. Sin embargo, los cambios no tienen carácter retroactivo, lo que significa que promociones antiguas como la de Fitero siguen sometidas al régimen anterior.
EL PSOE BAJO PERSIÓN
El conflicto no solo interpela al pasado político de Navarra. También coloca en una posición incómoda al actual Gobierno foral liderado por el PSOE. Por un lado, el posible comprador de las viviendas es un exdirigente socialista con vínculos con el partido.
Por otro, el Ejecutivo navarro —a través de sus servicios sociales— todavía no ha logrado ofrecer una solución habitacional estable a la primera familia afectada por los desahucios, aunque fuentes socialistas explican a MONCLOA.com que el caso se encuentra en vías de solución. La situación es especialmente delicada tras el desalojo de la familia con cuatro hijos menores, que ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema de protección para los hogares en situación vulnerable.
PP, VOX Y JUNTS
El conflicto de Fitero también está condicionado por decisiones tomadas en el ámbito estatal. Durante los años posteriores a la pandemia, el llamado escudo social aprobado por el Gobierno central permitió suspender temporalmente muchos desahucios de familias vulnerables. Sin embargo, la prórroga de esas medidas ha sido objeto de fuertes disputas políticas.
En el Congreso, partidos como PP, Vox y Junts sumaron fuerzas para tumbar algunas de las iniciativas destinadas a prolongar esas protecciones. El resultado es que en situaciones como la de Fitero la protección frente a los desahucios se ha debilitado, dejando a muchas familias en una situación de mayor vulnerabilidad jurídica.
CONTIGO-ZUREKIN
Dentro del Gobierno de Navarra, la cartera de vivienda está en manos de la coalición progresista Contigo-Zurekin, que se encuentra explorando distintas soluciones para evitar una cadena de desalojos.
Entre ellas figura la posibilidad de que las viviendas vuelvan a integrarse en el circuito de alquiler social mediante acuerdos con los propietarios o con futuros compradores. El objetivo sería reducir las rentas y permitir que las familias con menos recursos puedan seguir viviendo en sus casas con apoyo público.
