«Cabe significar, que el presente informe no hace sino incorporar unas primeras impresiones de los indicios obtenidos, no obstante, no es sino el inicio de los amplios extremos que se estima documentar mediante el posterior análisis de documentación física y digital intervenida en los registros y que se llevará a cabo posteriormente». Así comienzan sus conclusiones la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) en el último atestado de 10 de marzo presentado ante el juez que investiga el Caso Forestalia.
Los seis principales investigados en la causa son Jesús Domínguez Collado, ex subdirector General de Evalución Ambiental, su esposa, Montserrat Heredero, el empresario Fernando Samper, propietario de Forestalia, que habría pagado sobornos para beneficiarse de declaraciones positivas de impacto ambiental, los hermanos Eduardo y Roberto Pérez Agueda y el notario Javier de Lucas y Cadenas.
Explican los agentes de la Guardia Civil que los registros practicados en los despachos profesionales y viviendas de los investigados han servido para «la localización de diferente documentación mercantil, de las sociedades objeto de investigación en las presentes Diligencias, en domicilios en los que supuestamente, no guardaban relación alguna, refuerza aún más si cabe, la relación entre todas las personas físicas y jurídicas que han sido referidas por sus diferentes grados de participación, a lo largo de las presentes diligencias de las que entiende S.S. por haber sido informado».
El informe, que forma parte del último atestado presentado al juez el 10 de marzo, recoge una relación de los diferentes delitos encontrados durante la investigación. Así, por ejemplo, sobre el delito de cohecho «se ha podido determinar, a pesar de intentar ocultarlo, el acuerdo de compraventa que no se elevó a público al que llegan entre los hermanos Eduardo y Roberto Pérez Águeda y Eugenio Domínguez y su mujer para la adquisición del 100% de las empresas Caliope Energy Greem y Caliope Smart Energy, que les permite ostentar el 97% de la empresa Babieca Investment Renewable. Sin olvidar que esta última fue beneficiaria de un préstamo de 5.200.000€ realizado por la empresa Cemsal SL, propiedad de Eduardo Pérez Águeda, incrementando indirectamente el valor patrimonial de las empresas adquiridas por el ex Subdirector General de evaluación Ambiental».
Pero además «se ha podido saber que esta transmisión de sociedades para su posterior incremento patrimonial, responde a la ejecución de un plan predeterminado que le fue ofrecido por Roberto Pérez Águeda al ex Subdirector General y que se llevó a cabo premeditadamente ante el notario de confianza de Roberto», según los investigadores.
DEL MITECO A FORESTALIA
En el caso del ex subdirector de Teresa Ribera dicen los investigadores que «es fácil deducir cuando se analizan las diferentes irregularidades que cometió Eugenio Domínguez para facilitar la obtención de declaración de impacto ambiental favorables para proyectos de Forestalia, que la contraprestación que se ha descrito fue a cambio de esta facilitación irregular».
En lo referente al delito de blanqueo de capitales, «se ha podido evidenciar que la trama empresarial mediante la que se han realizado la contraprestación del cohecho está formada por multitud de empresas ficticias las cuales no parecen tener otro propósito que el instrumental para la justificación de operaciones mercantiles y dinerarias que ocultan su verdadero propósito que en este caso no ha sido otro que pagar a un responsable público con capacidad de influencia para el beneficio de Forestalia», recoge el sumario de la causa.
Asimismo, «se entiende que son acciones de blanqueo de capitales la ocultación que se llevó a cabo mediante el contrato de compraventa que no se elevó a público y en la que el notario omitió numerosos deberes de comprobación establecidos por la Ley de Prevención de Blanqueo de capitales que habrían obligado a no permitir realizar esos actos de compraventa», añaden los agentes.
Sobre el delito de pertenencia a organización criminal, «se han obtenido evidencias que abundan en la idea de que Fernando Samper a través de sus hombres de confianza (Roberto y Eduardo Pérez Águeda) creó entramados empresariales de actividad ficticia que utilizó para, de forma premeditada, pagar a Eugenio Domínguez Collado y su mujer Monserrat Heredero a cambio de que este último en su calidad de Subdirector General y posteriormente Asesor de la Secretaria de Estado de Medioambiente facilitara el desarrollo de proyectos de energía renovable de Forestalia. Y a sabiendas de que esos pagos eran totalmente ilícito se valieron del notario Javier Cadenas para ocultar la mencionada contraprestación».
A Jesús Domínguez, de 72 años, se le acusa de prevaricación (Arts 404 y 329 CP), cohecho pasivo (Art. 419 CP), pertenencia a organización criminal (Art. 570 bis CP) y blanqueo de capitales.
Los indicios sobre la prevaricación estarían en que «según manifestaciones de diferentes testigos, se produjo la entrega de documentación de proyectos en memorias USB directamente a Domínguez Collado, evitando el registro de entrada preceptivo y rompiendo la trazabilidad legal en la plataforma SABIA».
En el sistema informático, «el investigado figuraba simultáneamente como «consejero responsable» y «técnico responsable» de los mismos expedientes, eliminando la separación necesaria entre quien evalúa y quien supervisa», explican.
Además, se llegó a la «creación de una «vía paralela de tramitación: Domínguez Collado desplazó a los técnicos funcionarios del Ministerio y utilizó a personal de la empresa pública TRAGSATEC como una «guardia pretoriana» bajo sus órdenes directas, emitiendo informes ya redactados para su firma sin supervisión técnica real», recoge el sumario.
Los agentes señalan también a Domínguez por «alteración de resultados técnicos en los proyectos «Masía I y Masía II», tras un borrador técnico inicialmente desfavorable por impactos ambientales significativos, Domínguez Collado se autoasignó el expediente y ordenó modificarlo para emitir una resolución favorable, eliminando contenidos que perjudicaban la viabilidad del proyecto».
Sobre el delito de blanqueo de capitales, los investigadores sostienen que «el blanqueo se justifica mediante el uso de una arquitectura societaria y notarial compleja diseñada para ocultar el origen ilícito de los fondos».
En relación al delito de organización criminal, «los indicios sugieren la existencia de una trama organizada con una clara división de funciones y una permanencia en el tiempo (…), con implicación del núcleo familiar», ya que «la organización involucraba a su esposa (como administradora) y a sus cuatro hijos (como socios) en la mercantil receptora de fondos de Estudio de Asesoramiento Dherco SL».
También dicen los agentes que el ex funcionario «se coordinaba con figuras externas como Roberto Pérez Águeda y Eduardo Pérez Águeda (vinculado a Forestalia) para triangular la propiedad de las sociedades y ocultar a los beneficiarios finales».
La investigación también apunta a irregularidades y presiones en el INAGA (Aragón), «donde informes inicialmente negativos para Forestalia terminaban siendo positivos tras apartar a técnicos críticos», según el atestado de la Guardia Civil.
La esposa de Domínguez, Montserrat Heredero, de 68 años, está acusada de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Los investigadores acusan a Heredero de «figurar como Administradora Única de Estudio de Asesoramiento Dherco. A juicio de la presente Instrucción, dicha mercantil es una estructura «ad hoc» con nula actividad comercial real y un objeto social (diseño y decoración) que resulta «lógicamente insostenible» para una entidad que supuestamente recibe pagos por complejos estudios de impacto ambiental», recoge el atestado.
Los investigadores consideran que «su función real era servir de pantalla para canalizar pagos vinculados al cargo público de su marido».
EL DUEÑO DE FORESTALIA
Fernando Samper Rivas, de 61 años, es el tercer nombre que figura en los informes de la UCOMA. Es el propietario de Forestalia, empresa que da nombre al caso y está acusado de pertenencia a organización criminal, blanque de capitales y cohecho activo. Se denomina activo porque él habría sido el pagador «mediante entrega de beneficios económicos a un funcionario público (Eugenio Domínguez) para asegurar resoluciones administrativas arbitrarias a favor de sus proyectos».
La operativa, según la Guardia Civil, era que «a través de su mercantil Nearco Renovables SL, Samper Rivas transmitió 3.000 participaciones sociales de Fuentes de Energía de Fumarel SL hacia Caliope Innova SL, empresa dirigida por su colaborador Eduardo Pérez Águeda y propiedad en 50% de su hermano Roberto Pérez Águeda a través de su empresa Fundasoft SL».
El grupo Forestalia es señalado «como el principal y casi exclusivo beneficiario de un trato privilegiado en la tramitación de expedientes ambientales, obteniendo Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) favorables a pesar de haber eliminado un gran número de deficiencias técnicas», añade el documento.
Luego están los hermanos Eduardo y Roberto Pérez Agueda, acusados de los delitos de organización criminal, blanqueo y cohecho. En el caso de Eduardo, «su papel tiene una figura de un intermediario clave o «testaferro» encargado de conectar los intereses del Grupo Forestalia con el funcionario Eugenio Jesús Domínguez Collado».
En cambio, añaden los investigadores, «según la propia manifestación del ex Subdirector General, Roberto le ofreció y le explicó al funcionario la forma en la que crearían una estructura societaria donde recaerían los beneficios producidos por la explotación de diferentes parques eólicos. Dicho ofrecimiento fue aceptado por Eugenio que procedió a la compra del 100% de las empresas Caliope Smart Energy y Caliope Energy Greem. La compra la realizó siguiendo las instrucciones de Roberto Pérez Agueda, formalizándose a título personal».
La acusación contra el notario Javier de Lucas, acusado de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, es que «habría actuado como una herramienta esencial para la ejecución del blanqueo de capitales al proporcionar una estructura de opacidad deliberada, con el uso anómalo de la figura del Acta de Depósito», concluyen los investigadores.
