Los teléfonos móviles siguen siendo uno de los principales objetos prohibidos dentro de los centros penitenciarios por el grave riesgo que suponen para la seguridad y el control de las comunicaciones de los internos. Durante el pasado año se han incautado 2.466 teléfonos móviles en las cárceles dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Esta cifra confirma que la presencia de estos dispositivos sigue siendo una realidad constante dentro de las cárceles españolas, con más de seis terminales intervenidos cada día por los empleados públicos penitenciarios.
Si la estadística se extiende a los últimos cinco años, la cifra arroja el decomiso de más de 13.000 teléfonos móviles, lo que refleja la dimensión estructural de este problema y la presión permanente a la que se enfrentan los trabajadores penitenciarios para impedir su uso dentro de los centros.
Los teléfonos móviles están prohibidos dentro de los centros penitenciarios porque permiten a los internos eludir los controles de comunicación establecidos, facilitando la continuidad de actividades delictivas desde el interior de las cárceles. Estos dispositivos pueden ser utilizados para coordinar redes criminales, mantener el control sobre actividades ilícitas o contactar con víctimas en casos de violencia de género, entre otras conductas que ponen en riesgo la seguridad de instalaciones críticas del Estado.
MÓVILES EN EL MERCADO NEGRO
Además, su presencia genera un mercado negro dentro de los centros penitenciarios, provocando conflictos entre internos, deudas y episodios de violencia asociados a su posesión y control.
Desde ACAIP-UGT queremos poner en valor el trabajo de los empleados públicos
penitenciarios que, a pesar de que las plantillas ni están bien dimensionadas ni
cubiertas todas las plazas, y de no disponer de medios técnicos adecuados, logran
detectar y decomisar miles de estos dispositivos cada año mediante requisas, cacheos
y controles constantes.
La introducción de estos teléfonos se realiza mediante métodos cada vez más sofisticados. A su reducido tamaño y facilidad para ocultarlos se suma el uso de drones, que permiten lanzar paquetes al interior de los centros con gran precisión, dificultando las labores de prevención y facilitando la entrada de dispositivos más sofisticados con acceso a internet.
A esta situación se añade la obsolescencia de muchos sistemas de inhibición de señal instalados en los centros penitenciarios, que no se han adaptado a las nuevas tecnologías de telecomunicaciones y que, en muchos casos, resultan insuficientes para impedir el uso efectivo de estos dispositivos.
Desde ACAIP-UGT, sindicato de prisiones, «insistimos en la necesidad urgente de modernizar los sistemas de seguridad, actualizar los inhibidores de frecuencia y reforzar las plantillas de trabajadores penitenciarios, adaptándolas a las necesidades reales de los centros, para poder hacer frente a este fenómeno».
La seguridad en prisión es un elemento imprescindible para garantizar el buen funcionamiento del sistema penitenciario y el desarrollo de los programas de reinserción. La proliferación de objetos prohibidos como los teléfonos móviles socava el orden interno y pone en riesgo la seguridad de trabajadores, internos y de la sociedad en su conjunto.
Por ello, ACAIP-UGT reclama a la Administración penitenciaria «una respuesta firme y decidida, con inversiones en tecnología de seguridad y un refuerzo real de los medios humanos disponibles en los centros penitenciarios», explican en un comunicado.
