Sumar ha registrado en el Congreso una proposición de ley para eliminar las clases de Religión de los colegios públicos y concertados, una medida que busca avanzar hacia una educación plenamente laica. La propuesta del grupo parlamentario liderado por Yolanda Díaz pretende que las confesiones religiosas salgan del horario escolar y que sus contenidos dejen de ser evaluables, lo que supondría una reforma profunda de la actual Ley de Educación (LOMLOE) y un desafío directo a los Acuerdos con la Santa Sede.
La laicidad en las aulas se convierte en el nuevo campo de batalla ideológico en el Congreso de los Diputados.
La formación de Sumar defiende que la enseñanza de la religión debe quedar fuera del sistema educativo financiado con fondos públicos para garantizar la neutralidad del Estado. Esta iniciativa no solo afectaría a los centros de titularidad pública, sino que también obligaría a los colegios concertados a retirar la asignatura de su oferta obligatoria, reabriendo un debate histórico sobre la libertad de elección de las familias.
El órdago de Sumar al Concordato con el Vaticano
La propuesta presentada este viernes en la Cámara Baja no es una simple reforma administrativa, sino un ataque frontal a los pilares que sostienen la enseñanza religiosa en España desde la Transición. Al exigir que la formación confesional sea extraescolar, Sumar pone en jaque los compromisos internacionales del Estado español con la Iglesia Católica. Según el grupo parlamentario, la escuela debe ser un espacio de conocimientos científicos y valores cívicos, dejando la fe para el ámbito privado de las familias y los centros de culto.
El texto de la proposición argumenta que mantener la religión en el currículo escolar supone una discriminación indirecta y un gasto público innecesario en personal que no ha pasado por procesos selectivos convencionales. Es evidente que esta medida busca separar definitivamente la Iglesia del sistema educativo público, una reivindicación que la izquierda transformadora lleva años intentando consolidar sin éxito legislativo pleno hasta la fecha.
Un choque frontal con la escuela concertada
Si la prohibición en los centros públicos ya genera polémica, la inclusión de la escuela concertada en la propuesta de Sumar ha elevado la temperatura política de forma inmediata. Muchas familias eligen estos centros precisamente por su ideario cristiano, y la idea de que se prohíban las clases de religión en estos centros se percibe desde sectores conservadores como una vulneración del derecho constitucional a la libertad de enseñanza. Sumar, por contra, sostiene que quien recibe dinero público debe cumplir con el principio de laicidad estatal.
Esta parte de la ley es la que más resistencia encontrará en el trámite parlamentario, ya que afecta a un sector que escolariza a casi dos millones de alumnos en España. El debate no es solo educativo, sino económico, ya que la financiación de los conciertos siempre ha estado ligada al respeto de unos mínimos curriculares que ahora Sumar quiere reescribir de arriba abajo. La batalla por el control de los contenidos en la concertada promete ser larga y bronca.
La evaluación del currículo bajo lupa política
Uno de los puntos clave de la iniciativa es que la religión deje de computar para la nota media y para la obtención de becas, algo que ya se ha intentado matizar en anteriores leyes educativas. Sumar propone que la asignatura no tenga alternativa obligatoria, evitando que los alumnos que no la cursan tengan que realizar materias espejo de valores éticos. La intención es que el horario lectivo se dedique íntegramente a materias académicas comunes, optimizando el tiempo escolar para las competencias básicas.
Esta eliminación de la evaluabilidad busca reducir el incentivo de cursar religión por «subir nota», una crítica recurrente de los sindicatos de la educación pública. Sin embargo, los defensores de la asignatura sostienen que la cultura religiosa es esencial para comprender la historia y el arte de Occidente. La propuesta de Sumar, no obstante, es tajante: si se quiere aprender religión, debe hacerse fuera de las horas financiadas por el contribuyente.
El difícil equilibrio en el Gobierno de coalición
Como suele ocurrir con las medidas de calado ideológico de Sumar, esta propuesta también pone a prueba la cohesión con su socio mayoritario, el PSOE. Los socialistas se han mostrado históricamente más cautos a la hora de denunciar los acuerdos con la Santa Sede por el coste político y diplomático que conlleva. Veremos si el apoyo del ala socialista es total o si intentarán rebajar las pretensiones de la ley durante la fase de enmiendas para evitar un conflicto diplomático con el Vaticano.
La iniciativa llega en un momento de máxima fragmentación parlamentaria, donde cada voto cuenta y donde los socios nacionalistas e independentistas tendrán la última palabra. Algunos sectores del PNV o de Junts, con vínculos históricos con la educación concertada, podrían obstaculizar el avance de la ley si consideran que invade competencias autonómicas o derechos fundamentales de las instituciones religiosas. El juego de mayorías será, una vez más, el juez definitivo.
¿Qué pasará con los profesores de religión?
La gran duda social que deja esta proposición de ley es el futuro laboral de los miles de docentes que actualmente imparten esta materia en toda España. Al eliminar la religión del horario escolar, Sumar propone una reubicación o una salida progresiva de este personal, que es pagado por el Estado pero designado por los obispados. Este colectivo se encuentra ahora en una situación de incertidumbre máxima, ya que sus puestos de trabajo dependen directamente de la pervivencia de la asignatura.
Desde los sindicatos de profesores de religión ya se preparan movilizaciones ante lo que consideran un «despido masivo encubierto» por razones ideológicas. La respuesta de Sumar es que la administración debe priorizar el mérito y la capacidad en la contratación de personal docente, y que el actual sistema de contratación es una anomalía democrática. El conflicto laboral está servido y se sumará a la ya de por sí compleja negociación parlamentaria que se avecina.
