El presidente de ADIF comparece este marte en la comisión de transportes del Congreso de los Diputados bajo la sombra de la tragedia de Adamuz y la gestión de los fondos europeos. Luis Pedro Marco de la Peña rinde cuentas ante los diputados tras el accidente que costó la vida a 46 personas en Córdoba. La oposición exigirá responsabilidades por el estado de la red y la priorización de inversiones.
La Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados se convierte este martes en el epicentro de la fiscalización ferroviaria. El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, comparece a petición propia y ante la presión de los grupos parlamentarios para explicar las actuaciones del gestor de infraestructuras en el accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado enero. El siniestro, en el que colisionaron dos trenes de alta velocidad dejando un balance de 46 fallecidos, ha abierto una crisis de confianza sobre la seguridad de la red ferroviaria española.
Tanto el Partido Popular (PP) como Vox han registrado baterías de preguntas que buscan determinar si existió una cadena de negligencias previa al choque. El foco de la sesión no solo estará en el día del accidente, sino en las advertencias previas que la entidad pública habría recibido sobre el estado de conservación de la infraestructura y el funcionamiento de los protocolos de seguridad.
POLÉMICA ENTRE ADIF Y LA GUARDIA CIVIL
Uno de los puntos más críticos será el enfrentamiento de versiones sobre el manejo del escenario del crimen tras la tragedia en Adamuz. Según informes de la Guardia Civil, operarios de ADIF habrían procedido a la retirada de material de las vías sin contar con la autorización judicial o policial necesaria, una actuación que podría haber comprometido la cadena de custodia de las pruebas.
Por el contrario, la empresa pública Ineco ha salido en defensa del gestor de infraestructuras, argumentando que ADIF actuó bajo el convencimiento de que dicho material no estaba bajo precinto tras la intervención inicial de la Benemérita. Este cruce de acusaciones entre instituciones del Estado añade una capa de gravedad política a la comparecencia, ya que la oposición sospecha de un intento de «limpieza» acelerada de la zona para evitar peritajes más profundos sobre el estado de las vías.
111 MILLONES EUROPEOS BAJO SOSPECHA
Más allá de la gestión del accidente, el interrogatorio parlamentario se extenderá a la ejecución presupuestaria. Los grupos interrogarán a Marco de la Peña sobre el destino de los 111 millones de euros procedentes de fondos europeos destinados a la modernización de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.
La clave política reside en los criterios de adjudicación: los partidos quieren saber por qué, con una inversión de tal calibre, determinados tramos -incluido el de Adamuz- no fueron objeto de una intervención prioritaria. Esta «falta de prioridad» resulta especialmente difícil de justificar tras el fatal desenlace de enero y el posterior accidente en Gelida (Barcelona), donde la muerte de un maquinista en un tren de Cercanías ha reforzado la tesis de la oposición sobre una falta de mantenimiento sistémico en toda la red nacional.
Mientras tanto, ADIF contestaba a la juez de Montoro que instruye la causa sobre las «Actuaciones de mantenimiento realizadas las noches del 3 al 4 de marzo y del 4 al 5 de marzo. Según se puso de manifiesto a este Ilmo. Juzgado mediante escrito de fecha 2 de marzo de 2026, dentro de las actuaciones ordinarias de mantenimiento de la red ferroviaria en el tramo Adamuz, se llevó a cabo en la fecha indicada la sustitución de una sección de carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2».
La explicación es que «dicha sustitución del cupón o sección de carril vino motivada porque, en el curso de las actuaciones ordinarias de inspección y renovación de los desvíos correspondientes a la cabecera norte del PB de Adamuz, la empresa suministradora de carril comunicó a ADIF una incidencia relativa a la trazabilidad de uno de los carriles de 36 metros suministrados para las transiciones entre los nuevos desvíos y la vía general de la línea Madrid-Sevilla».
Según el escrito presentado por ADIF en el juzgado, «el director técnico de la entidad suministradora constató que uno de los carriles instalados no se correspondía con los incluidos en la nota de entrega del pedido. Si bien esta circunstancia no implicaba la existencia de desperfecto o anomalía técnica alguna en el acero, la ausencia de constancia documental relativa a su certificado de calidad motivó que desde la empresa se aconsejase a ADIF, por razones de control y trazabilidad del material, proceder a su sustitución preventiva por otro carril cuyas barras sí contaban con la correspondiente certificación de calidad. ADIF puede certificar que el nuevo carril instalado, de dureza 350, cuenta con la constancia documental necesaria para asegurar su trazabilidad».
Por otra parte, «interesa comunicar a este Ilmo. Juzgado que, en la noche del 4 al 5 de marzo, equipos de Mantenimiento de ADIF procedieron asimismo al cambio del hilo interior de la vía 2, entre los puntos kilométricos 317,300 y 317,342 (42 metros de carril, a continuación del cupón descrito anteriormente), con el fin de homogeneizar la dureza de ambos hilos a 260. Asimismo, el día 5 de marzo se ejecutó la neutralización en ambos hilos de la vía 2 en el punto kilométrico 317,468 de la línea Madrid-Sevilla», añaden.
ADIF NIEGA ACOPIO DE MATERIAL
El escrito del administrador ferroviario continúa diciendo que «en relación con la posible existencia de acopio de material, su lugar de ubicación o depósito y las actuaciones realizadas sobre el mismo a las que Su Señoría se refiere en la providencia de 12 de marzo, se hace constar que no ha existido acopio de material ni se ha llevado a cabo actuación adicional alguna sobre los elementos sustituidos».
Y explica que «en concreto, los cupones de carril retirados la noche del 3 al 4 de marzo permanecen en el mismo punto en el que se efectuó su sustitución, entre los puntos kilométricos 317+264 y PK 317+342, encontrándose depositados de manera provisional en previsión de su posterior traslado a la base de Hornachuelos, conforme a lo acordado por este Ilmo. Juzgado para su custodia, a efectos de su eventual examen o de la práctica de las pruebas que se interese realizar».
