Para comprender el alcance de la propuesta que Alberto Núñez Feijóo ha defendido en Espejo Público, es necesario analizar el mecanismo técnico de la deflactación. Esta medida no es, en sentido estricto, una bajada de impuestos, sino un ajuste de los tramos del IRPF para evitar que la inflación castigue doblemente al contribuyente. Cuando los precios suben y los salarios se ajustan mínimamente para no perder poder adquisitivo, el ciudadano puede saltar a un tramo impositivo superior o pagar un tipo medio más alto sin que su riqueza real haya aumentado. Esto es lo que los economistas denominan «progresividad fría«, un fenómeno que el Partido Popular busca neutralizar para dar a las familias ese «poco de cancha» mencionado por su presidente.
El impacto en las rentas medias, que oscilan entre los 22.000 y los 35.000 euros brutos anuales, sería el más perceptible en el día a día. Al adecuar la tarifa a la inflación, se evita que el Estado se quede con una porción mayor de los incrementos salariales que solo sirven para cubrir el aumento del coste de la cesta de la compra o la energía. Según los cálculos que maneja la formación popular, el ahorro para un contribuyente medio podría situarse en una horquilla que alivie la carga fiscal de forma inmediata en cada nómina. Feijóo sostiene que, dado que el Estado ha visto incrementada su recaudación por el efecto de la subida de precios, es de justicia devolver ese «excedente» a los ciudadanos.
EL EFECTO EN EL CONSUMO DE LAS FAMILIAS
La lógica económica que defiende Feijóo apunta a que ese dinero, en lugar de engrosar las arcas públicas, debe permanecer en el bolsillo de los ciudadanos para estimular el consumo y afrontar el encarecimiento de los servicios básicos. «Lo lógico es que se use esa rebaja» cuando todo está subiendo, ha reiterado el líder del PP, subrayando que la falta de esta medida desde 2018 ha supuesto un sobrecoste acumulado para los hogares. Para una familia con dos sueldos medios, la deflactación podría suponer un respiro mensual que cubra, por ejemplo, el incremento de las cuotas hipotecarias o los gastos escolares, actuando como un amortiguador frente a la volatilidad económica actual.
Desde la perspectiva del Partido Popular, esta medida también busca corregir una anomalía respecto a la mayoría de los países de nuestro entorno y a varias comunidades autónomas donde ya se aplica en el tramo autonómico. Feijóo ha recordado que antes era una práctica habitual adecuar la tarifa a la inflación para mantener la equidad del sistema tributario. La negativa del Gobierno a aplicar esta deflactación a nivel estatal es vista por la oposición como una «ilegalidad moral», ya que se aprovecha una coyuntura de crisis para aumentar la presión fiscal de forma automática sin pasar por un debate parlamentario sobre la subida de tipos.
LA COMPARATIVA CON EL MODELO DE GESTIÓN ACTUAL
El análisis de la propuesta también revela una crítica profunda al modelo de gasto del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Feijóo argumenta que el «disparate económico» del sanchismo reside en mantener una estructura de gasto público sobredimensionada a costa de no deflactar el IRPF. Al comparar la situación actual con la de hace siete años, el líder popular destaca que la presión fiscal ha crecido de manera desproporcionada en relación con el crecimiento real de la economía. «Si un ciudadano paga 3.000 euros más que en el 18«, señala Feijóo, la capacidad de ahorro de las clases medias desaparece, lo que a largo plazo debilita el tejido económico del país y la estabilidad de las familias.
En última instancia, el impacto de esta medida no es solo financiero, sino también de confianza institucional. El PP pretende demostrar que hay una alternativa de gestión que prioriza el cumplimiento de los compromisos fiscales y la protección de las rentas frente a la inflación. Al defender esta postura en el debate de los decretos, Feijóo sitúa al Gobierno en la posición de tener que elegir entre aumentar la recaudación o aliviar la presión sobre los ciudadanos. Esta estrategia busca consolidar la imagen del PP como una formación centrada en la gestión eficiente, contrastando con lo que califican como el «infantilismo ministerial» de los socios de coalición del Ejecutivo.
Para entender la diferencia de presión fiscal entre regiones, es fundamental observar cómo las comunidades autónomas han ejercido su corresponsabilidad fiscal sobre el tramo autonómico del IRPF. Mientras el Gobierno central se ha negado a deflactar la tarifa estatal, varias administraciones regionales, lideradas mayoritariamente por el Partido Popular, han tomado la delantera para corregir el efecto de la inflación en sus ciudadanos.
Esta disparidad ha creado un mapa fiscal heterogéneo en España, donde un contribuyente con el mismo salario bruto puede tener una cuota líquida sensiblemente distinta dependiendo de su lugar de residencia. La estrategia de las comunidades del PP, como Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana, se basa en la premisa de que devolver el exceso de recaudación por inflación incentiva el consumo y compensa la pérdida de poder adquisitivo.
EL MODELO DE MADRID Y ANDALUCÍA
Madrid fue pionera en aplicar la deflactación de forma sistemática. Su modelo consiste en ajustar los tramos autonómicos y los mínimos personales y familiares en función del incremento del IPC. Esto significa que si los precios suben un 3%, los límites de cada tramo de renta se desplazan un 3% hacia arriba. De este modo, un trabajador que reciba una subida salarial para compensar el coste de la vida no se ve «empujado» a un tramo superior de tributación. Alberto Núñez Feijóo ha puesto a Juanma Moreno como ejemplo de este «presidente limpio» que, además de estabilidad, ha aplicado rebajas fiscales que han permitido a Andalucía pasar «de la cola a la cabeza».
En el caso andaluz, la Junta no solo ha deflactado los primeros tramos de la escala, sino que ha eliminado impuestos como el de Patrimonio para atraer inversión y perfiles de renta alta que dinamicen la economía local. El contraste es evidente con comunidades que han mantenido sus tarifas congeladas; en estas regiones, el «impuesto silencioso» de la inflación ha supuesto un incremento efectivo de la presión fiscal de entre 100 y 300 euros anuales para las rentas medias, algo que Feijóo denuncia como una falta de sensibilidad social por parte del Ejecutivo central.
RESISTENCIA EN LAS COMUNIDADES SOCIALISTAS
En el otro extremo se encuentran las comunidades que han seguido la estela del Ministerio de Hacienda, rechazando la deflactación bajo el argumento de que reducir impuestos merma la capacidad de financiación de los servicios públicos. Sin embargo, para el PP, esta postura es contradictoria con el aumento récord de ingresos tributarios que ha experimentado el Estado. La crítica de Feijóo sobre el «cinismo» y el «disparate económico» se extiende aquí: considera que retener ese dinero extra mientras las familias sufren para llegar a fin de mes es una decisión puramente ideológica y no económica.
Esta competencia fiscal ha generado un debate sobre la armonización tributaria. Mientras el Gobierno de Sánchez ha intentado establecer topes mínimos para evitar que las comunidades del PP bajen impuestos (como el polémico Impuesto a las Grandes Fortunas), Feijóo defiende la autonomía financiera como una herramienta de libertad y eficiencia. Según el líder popular, los datos demuestran que las regiones que han bajado el IRPF y han deflactado sus tarifas no solo no han perdido recaudación, sino que han aumentado su base de contribuyentes al resultar más atractivas para vivir y trabajar.
EL IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN TOTAL
Un punto clave en esta comparativa es la eficiencia recaudatoria. El modelo de deflactación autonómica sostiene que, al dejar más renta disponible en manos de los ciudadanos, se produce un efecto de «recirculación» del dinero. Ese ahorro fiscal suele destinarse al consumo inmediato, lo que eleva la recaudación por IVA y otros impuestos indirectos, compensando parcialmente la bajada en el IRPF.
Para Feijóo, el éxito de este modelo en 10 de las 12 elecciones que menciona haber ganado el PP es la prueba de que los ciudadanos prefieren una gestión que respete su esfuerzo económico. La discusión en Andalucía sobre la mayoría absoluta, según sus palabras, es un reflejo de que el modelo de «bajar impuestos y mejorar servicios» cuenta con el aval de la calle. Frente a esto, el sistema del Gobierno central es retratado por la oposición como una estructura que se beneficia de la inflación para financiar un «infantilismo ministerial» que no llega a las necesidades reales de la gente.
