Lo que comenzó como un lance de juego en un partido de fútbol, donde el hijo del concejal de Deportes de Pozuelo de Alarcón, Luis Magide se vio involucrado indirectamente tras la expulsión de tres de sus compañeros, ha mutado en un complejo proceso administrativo y orgánico que pone en entredicho las formas de actuar dentro del consistorio y del propio Partido Popular de la localidad.
El árbitro, Manuel Montero, militante de la formación popular y exasesor de la misma concejalía de deportes y con una trayectoria impecable hasta la fecha, se encuentra hoy en un limbo jurídico tras haber sido inhabilitado por la empresa adjudicataria, una decisión que él atribuye sin fisuras a una orden política directa y a un abuso de poder por parte de Magide.
La tensión alcanzó su punto álgido durante el último pleno municipal, una sesión que ha servido para retratar la estrategia de silencio que ha adoptado el equipo de gobierno. A pesar de que las preguntas sobre la inhabilitación del colegiado fueron formuladas de manera directa, el portavoz del grupo popular, Félix Alba, evitó entrar en el fondo del asunto, dejando en el aire una sensación de orfandad institucional para el denunciante. Evitando que el concejal de Deportes diera respuesta a esas cuestiones en las que era aludido y acusado.
El silencio de Alba y la negativa del propio concejal implicado a dar explicaciones públicas frente a la corporación han sido interpretados por el afectado como un intento de dilatar los tiempos y esperar a que el ruido mediático se disipe. El medio local El Correo de Pozuelo ya se ha hecho eco de este ninguneo, señalando la anomalía de que un representante público no rinda cuentas ante una acusación tan grave de injerencia en el ámbito deportivo.
GENOVA Y EL MURO DE LAS PRUEBAS FEHACIENTES
Ante el vacío encontrado en la agrupación local, el colegiado decidió elevar su queja al Comité de Garantías del Partido Popular en la sede de Génova. El contacto ha sido Luis del Olmo, un responsable cuyo trato ha sido calificado por el árbitro «como excepcional y profesional». Sin embargo, la cortesía personal no ha sido suficiente para derribar las barreras de un procedimiento interno que parece diseñado para la autoprotección del cargo público.
Del Olmo ha comunicado al denunciante que la información aportada hasta el momento no constituye una prueba fehaciente que demuestre que el concejal Magide utilizó su influencia para forzar la sanción laboral a través de la empresa de servicios deportivos.
El nudo del conflicto reside en la naturaleza de la prueba exigida. El Comité de Garantías del PP reclama una evidencia física, casi documental o sonora, que vincule la orden del concejal con la ejecución de la empresa. El árbitro, por su parte, sostiene que la petición de un audio donde se escuche al concejal ordenando su «muerte civil» deportiva es una pretensión imposible y que el testimonio de las personas presentes debería ser suficiente para iniciar un expediente serio.
La investigación de Génova se ha limitado, según el relato del afectado, a «realizar una llamada al concejal para preguntarle por los hechos», recibiendo como respuesta una negativa absoluta que el partido ha aceptado como versión definitiva. Esta situación deja al militante en una posición de indefensión, sintiendo que su palabra carece de valor frente al cargo institucional, a pesar de que la secuencia de los hechos apunte de manera lógica hacia una represalia tras el polémico encuentro.
LA SOMBRA DE LA MALA PRAXIS Y LA VÍA JUDICIAL
La indignación del árbitro no solo se dirige hacia el concejal de Deportes, sino hacia la estructura del Partido Popular de Pozuelo en su conjunto. La concejala de Movilidad, Transportes y Grandes Urbanizaciones, Carmen Salas, en su labor de mediadora, realizó una llamada inicial que nunca tuvo continuidad, lo que refuerza la tesis de que la formación prefiere «soltar el muerto» a la empresa adjudicataria y desvincularse de cualquier responsabilidad política.
No obstante, el denunciante argumenta que «existe una responsabilidad por omisión o mala praxis«. Si el concejal tiene conocimiento de que un árbitro ha sido inhabilitado de forma injusta por la empresa que presta servicios al Ayuntamiento, su obligación como responsable del área sería pedir responsabilidades a dicha empresa y actuar como garante de la justicia deportiva, en lugar de ampararse en el silencio.
El argumento de que se trata de un conflicto estrictamente laboral entre la empresa y su trabajador no convence al afectado. Él sostiene que la empresa no actúa por mérito propio ni por un error técnico, sino bajo una orden jerárquica que emana del consistorio. La sensación de que el PP de Pozuelo no se ha preocupado lo más mínimo por un afiliado que simplemente cumplía con su deber en el campo de juego ha minado la confianza del colegiado en los cauces internos de la formación. Para él, el procedimiento de garantías está viciado de origen si no permite una confrontación de versiones a modo de careo o juicio interno donde se puedan presentar testigos de ambas partes.
UN ESCENARIO DE INCERTIDUMBRE
Con las puertas de la agrupación local cerradas y el Comité de Garantías regional pidiendo pruebas que rozan lo imposible, el escenario actual se desplaza inevitablemente hacia los juzgados. El árbitro ya ha cobrado la primera parte de sus emolumentos a través de un cheque de la entidad que gestiona el servicio, Asociación Salud Deporte y Ocio Madrid, pero el fondo de la cuestión —la limpieza de su nombre y la denuncia del caciquismo— sigue sin resolverse.
La estrategia municipal parece clara: dejar que el tiempo pase y que el caso se diluya en la maraña de los pliegos de condiciones y las contratas externas. Sin embargo, el impacto en parte opinión pública y de la sociedad de Pozuelo y la persistencia del denunciante sugieren que el caso del concejal Magide está lejos de estar cerrado.
La falta de una investigación proactiva por parte del partido deja una mancha en la gestión deportiva de la localidad. La comunidad deportiva de Pozuelo observa con recelo un precedente en el que un árbitro puede perder su puesto por aplicar el reglamento frente a los familiares de un político.
Mientras el concejal de Deportes se mantiene en su puesto sin dar explicaciones en el pleno y Félix Alba elude las preguntas de la oposición, el árbitro prepara su siguiente movimiento fuera de los muros de Génova, convencido de que la justicia ordinaria será más receptiva a los testimonios que la justicia de partido. El caso ha dejado de ser una simple anécdota de un partido de fútbol para convertirse en un síntoma de cómo se gestiona el poder y la lealtad en uno de los municipios con mayor renta de España.
