Génova 13 respiraba tranquila en Valencia tras la dimisión de Carlos Mazón, marcado por la gestión caótica de la DANA de 2024, que dejó 230 muertos y un rastro de críticas a su liderazgo en la Comunidad Valenciana.
La sucesión de Mazón parecía abrir un escenario de estabilidad para el Partido Popular valenciano, con Juan Francisco Pérez-Llorca asumiendo la presidencia de la Generalitat con el respaldo de Vox y manteniendo buenas relaciones con la cúpula provincial, especialmente con Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia.
Sin embargo, la polémica surgida en torno a la contratación de Vanesa Soler, pareja de Pérez-Llorca, ha encendido la alarma en el partido y entre la opinión pública, justo cuando las encuestas pronostican un empate técnico entre los bloques de izquierda y derecha en la comunidad.
El 3 de marzo, la Diputación de Valencia aprobó una comisión de servicio para Vanesa Soler, que le permitirá ocupar el puesto de secretaria de dirección en el área de asistencia a municipios del organismo provincial.
La resolución, firmada por la vicepresidenta segunda de Contratación, la diputada del PP Remedios Mazzolari, justifica la incorporación de Soler en virtud de la «urgente necesidad» de cubrir la plaza. Con un salario de 52.070 euros anuales, su nómina es más del doble de lo que percibía como administrativa de carrera en el Ayuntamiento de Finestrat, localidad alicantina donde Pérez-Llorca ejerció como alcalde desde 2015 hasta su nombramiento como presidente del Consell en diciembre pasado.
Según el decreto oficial, la designación de Soler como secretaria de dirección estará vigente durante seis meses, o hasta que concurra alguna de las causas de cese previstas en la normativa.
La resolución subraya que Soler es funcionaria desde 2008 y que su experiencia profesional y trayectoria justifican la selección, siguiendo un procedimiento que, según la Diputación, contó con otros candidatos, pero la indecorosa decisión ha levantado ampollas en el PP.
La institución insiste en que la contratación responde a la necesidad de garantizar la normalidad operativa en el área, vinculando indirectamente la medida con la reconstrucción de los municipios afectados por la DANA.
No obstante, la polémica no radica tanto en la cobertura de la plaza como en su contexto político y personal. La vinculación directa de la beneficiaria con el presidente del Consell ha generado un debate sobre nepotismo y ética pública, justo cuando Pérez-Llorca buscaba desligar al PP de la corrupción asociada a los gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps.
Esta acción ha sido calificada por analistas y partidos de oposición como un «error no forzado», que podría fortalecer a los bloques progresistas en un escenario electoral cada vez más incierto. Las comparaciones salariales exacerban la percepción de privilegio.
En el Ayuntamiento de Finestrat, Soler percibía 25.652 euros brutos anuales, mientras que en la Diputación de Valencia su salario asciende a 52.070 euros, con una nómina mensual de 3.736 euros, dos pagas extras de 3.614 y un complemento específico de 2.244. Los sindicatos locales han señalado que esta diferencia es difícil de justificar solo por criterios profesionales, reforzando la narrativa de favoritismo político.
Desde la Generalitat Valenciana, un portavoz oficial se ha limitado a remitir a la versión de la Diputación, que defiende la legalidad y normalidad administrativa del proceso. No obstante, la falta de transparencia sobre el número de aspirantes y los criterios de selección ha alimentado la percepción de que la medida se ha adoptado a medida, favoreciendo directamente a la pareja del presidente. Vanesa Soler no ha querido realizar declaraciones al respecto, lo que ha mantenido la polémica en el centro del debate mediático y político.
¿MENSAJE CONTRADICTORIO?
La controversia se produce en un momento crucial para el PP valenciano. Pérez-Llorca, que llegó al cargo tras la dimisión de Mazón y el respaldo de Vox, ha buscado presentarse como un líder capaz de modernizar la gestión autonómica y distanciarse de las prácticas cuestionadas de sus antecesores.
Su intervención en la polémica adjudicación de 144 Viviendas de Protección Pública (VPP) en San Juan, Alicante, había demostrado su intención de marcar distancia con casos de favoritismo y presunta corrupción. Sin embargo, la contratación de Soler en la Diputación podría enviar un mensaje contradictorio que podría erosionar la imagen de transparencia y ética que intenta proyectar.
La gestión política de Pérez-Llorca combina una estrategia de control interno del PP con una negociación constante con Vox, partido cuyo respaldo fue determinante para su elección como presidente de la Generalitat.
Su buena sintonía con Vicente Mompó, presidente de la Diputación y del PP provincial, ha facilitado maniobras de esta naturaleza, pero la exposición pública de la designación de Soler ha levantado ampollas y da margen a la oposición para cuestionar el liderazgo del president. En el terreno electoral, el ‘error no forzado’ coincide con un escenario de máxima incertidumbre.
Las últimas encuestas reflejan un empate técnico entre la izquierda y la derecha en la Comunidad Valenciana, lo que convierte cada movimiento político en un factor potencialmente decisivo.
La polémica sobre Soler no solo alimenta la narrativa de favoritismo político, sino que también ofrece a los partidos de izquierda y a los movimientos ciudadanos una oportunidad para movilizar el voto crítico y poner en compromiso la mayoría conservadora en 2027.
