La Fiscalía Superior de Justicia de Madrid ahora tiene la pelota en su tejado. Un funcionario de prisiones, ya jubilado, intenta obtener Justicia para su causa después de que permaneciera cuatro meses y medio encarcelado injustamente durante 2021 acusado de traficar con drogas en la prisión de Valdemoro. La acusación se demostró falsa, pero el daño psicológico ya estaba hecho.
La cuestión es que se demostró que las acusaciones de la Guardia Civil de traficar con drogas dentro de la cárcel eran falsas y el funcionario denunció a cuatro agentes de la Benemérita por el «presunto delito de detención ilegal», ya que el atestado presentaba a presos que presuntamente habían señalado al funcionario, pero después rectificaron ante la juez instructora de la causa. El funcionario también señaló al director de la prisión por haberlo señalado falsamente ante la Guardia Civil como culpable de traficar con drogas e introducir teléfonos dentro de la cárcel durante la pandemia del Covid.
El funcionario ya denunció los hechos en su día, pero la investigación se archivó por la fiscalía de Getafé-Leganés el 11 de marzo de 2026. Por eso el funcionario denuncia ahora «transmisión de información materialmente incorrecta en informes policiales, utilizados durante la instrucción del procedimiento penal seguido en las diligencias (…), susceptible de tener relevancia penal en cuanto a su veracidad y utilización en actuaciones judiciales».
INFORMES SOBRE EL FUNCIONARIO
Explica el funcionario en su queja que «dichos informes policiales afirmaban la existencia de sustancias estupefacientes incautadas en el curso de las actuaciones, circunstancia que posteriormente fue desmentida por el informe oficial emitido por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, incorporado a las actuaciones judiciales».
La falsa marihuana supuso un problema extra porque «la investigación fue transmitida institucionalmente, constando incluso en comunicaciones remitidas al Defensor del Pueblo por parte de la Guardia Civil, lo que llevó al archivo de la queja que el compareciente había presentado ante dicha institución».
Por toda estas contradicciones, entre el informe pericial y el atestado de la Guardia Civil, «el compareciente entiende que el decreto de archivo pudiera haber partido de una interpretación incompleta del objeto real de la denuncia, lo que justificaría, al menos, una reconsideración del asunto a efectos de valorar si los hechos denunciados pudieran constituir un supuesto distinto del ya examinado en anteriores procedimientos». De esa manera, el funcionario pide que se revise el decreto de archivo inicial.
El 31 de mayo de 2021 la Guardia Civil detenía a cuatro funcionarios de la prisión de Valdemoro, en el marco de la operación Orión Madrid contra el tráfico de drogas. Los arrestos fueron ampliamente publicitados por la prensa. Las crónicas de principios de junio de 2021 contaban que para completar la operación Orión la Benemérita había detenido a cuatro funcionarios de la prisión de Valdemoro (Madrid III), acusados de tráfico de drogas y de introducir teléfonos móviles en esta cárcel desde el inicio de la pandemia. Uno de ellos no llegó a ingresar en prisión porque pudo demostrar que cuando sucedieron los hechos que se le imputaban él estaba de baja médica y no iba a trabajar a la cárcel, pero el escándalo fue mayúsculo.
Sin embargo, los otros tres, dos hombres y una mujer, estuvieron en la cárcel de Estremera (Madrid VII) hasta que la juez instructora tomó declaración a varios «testigos protegidos», presos de la cárcel de Valdemoro, que se desdijeron ante la juez de lo que aparecía en el atestado inicial de la Guardia Civil, para no incurrir en falso testimonio. La causa contra los tres funcionarios fue archivada totalmente el 25 de mayo de 2022, pero el estigma de haber sido señalados, detenidos y encarcelados los mantuvo de baja psicológica durante varios meses.
