A petición de la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid (España), 18 presuntos miembros de una red criminal, incluidos los cinco supuestos cabecillas, fueron detenidos el miércoles pasado por su presunta implicación en un fraude de IVA de 32,8 millones de euros vinculado a la importación de alcohol procedente de varios Estados miembros de la Unión Europea (UE).
En el curso de esta operación se llevaron a cabo registros en 12 localizaciones de las provincias de Barcelona, Tarragona y Valencia, correspondientes a las sedes de empresas, los domicilios de sospechosos y depósitos fiscales. Además, los agentes intervinieron cuentas bancarias pertenecientes a 60 personas físicas y jurídicas bajo investigación, vehículos, 40 bienes inmuebles y 430.000 euros en efectivo. También se practicaron incautaciones adicionales en Portugal.
La investigación ha puesto al descubierto un entramado criminal que utilizaba «sociedades pantalla» radicadas en Bélgica, Portugal y España, empleando facturas falsas, para eludir el pago de los impuestos correspondientes a la importación y venta de grandes cantidades de bebidas alcohólicas en el mercado español. En este entramado fraudulento operaban dos depósitos fiscales en España – instalaciones en las que determinados productos sujetos a impuestos especiales pueden almacenarse sin el pago inmediato de impuestos.
FISCALÍA CREE QUE NO PAGABAN EL IVA
El IVA solo se devenga cuando los productos salen de los depósitos para su distribución comercial o consumo. En ese momento, intermediarios ficticios (“missing traders”) radicados en España, controlados por la organización, adquirían el alcohol y pasaban a ser responsables del IVA, pero desaparecían sin cumplir sus obligaciones fiscales. A continuación, el alcohol se vendía a una cadena de empresas fraudulentas mediante facturas falsas, con el fin de ocultar todo el circuito fraudulento. Finalmente, el alcohol se distribuía en España a través de distribuidores controlados por la red criminal. El IVA derivado de estas operaciones ficticias nunca se abonaba.
Se estima que el esquema permitió obtener a los investigados un beneficio ilícito de aproximadamente 32,8 millones de euros entre 2019 y 2025, causando un perjuicio equivalente al Estado español y al presupuesto de la UE, beneficios que fueron posteriormente objeto de un presunto delito de blanqueo de capitales. Una de las empresas investigadas tenía vínculos con las Islas Turcas y Caicos, un territorio británico de ultramar.
Las medidas de investigación contaron con el apoyo de la unidad especializada en delincuencia económica y fiscal de la Policía Nacional (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal UDEF) y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como de las autoridades policiales de Portugal (Guarda Nacional Republicana GNR) y Bélgica (Cellule de Traitement des Informations Financières CTIF).
