Israel ha roto este lunes un tabú legal que se mantenía casi inalterable desde la fundación del Estado. Bajo el estruendo de la guerra contra Irán y Hizbulá, el Parlamento israelí ha aprobado la «ley de pena de muerte para terroristas», una iniciativa que permite el uso de la horca para aquellos que cometan atentados mortales con el fin de dañar la existencia del país. Con 62 votos a favor y 48 en contra, la norma se convierte en el estandarte político de la coalición más derechista de la historia de Israel, liderada por un Benjamin Netanyahu que ha terminado cediendo a las exigencias de sus socios de ultraderecha.
La aprobación se produce en un clima de excepción, con los diputados votando en salas protegidas contra misiles y una sociedad aún traumatizada por los ataques del 7 de octubre de 2023. Para sus defensores, es un acto de «justicia y disuasión» ante enemigos que no valoran la vida; para sus detractores, es una herramienta electoralista que mancha los valores democráticos y éticos de Israel. La ley no solo ha encendido el debate interno, sino que ha provocado una advertencia seria de la Unión Europea sobre las consecuencias diplomáticas de su implementación.
El factor Ben Gvir: entre la justicia y la campaña electoral
Detrás de este movimiento legislativo se encuentra la figura de Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional y líder del partido ultraderechista Poder Judío. Para Ben Gvir, la aprobación es una victoria personal y un cumplimiento de sus promesas electorales. Según el ministro, «quien asesine judíos no seguirá respirando», una afirmación que deja clara la dirección de la norma. Los críticos, sin embargo, denuncian que la ley es un ejercicio de cinismo político diseñado para movilizar al electorado de cara a las elecciones de octubre, utilizando el dolor de las víctimas del terrorismo.
La ley establece que la pena de muerte o la cadena perpetua serán las únicas penas posibles para quienes causen la muerte de ciudadanos israelíes con la intención de negar la existencia del Estado. Lo cierto es que la aplicación práctica de la norma se prevé compleja: mientras que en tribunales civiles se requerirán mayorías específicas, en los tribunales militares de Cisjordania la pena capital será la norma general para ataques mortales, salvo que los jueces encuentren «circunstancias especiales».
Una ley bajo el asedio del Tribunal Supremo
Apenas minutos después de su aprobación, la maquinaria judicial se ha puesto en marcha para frenar la ley. La Asociación por los Derechos Civiles en Israel y diversos diputados de la oposición ya han presentado recursos ante el Tribunal Supremo, alegando que la norma es discriminatoria y carece de autoridad legal, especialmente en su aplicación sobre la población palestina de Cisjordania. Los especialistas auguran que el Supremo, defensor tradicional de los valores constitucionales, tiene altas probabilidades de tumbar o suavizar drásticamente el texto.
El líder de la oposición, Yair Lapid, ha calificado la ley como una «rendición ante Hamas», argumentando que su único objetivo es provocar una anulación judicial para que el Gobierno pueda culpar nuevamente al tribunal de «atar las manos» del Estado. Esta tensión institucional entre el Ejecutivo y el Judicial suma un nuevo capítulo de fricción en un momento en que el país necesita cohesión interna para enfrentar las amenazas externas de Irán y sus aliados regionales.
Ética vs. Seguridad: el dilema de una nación en guerra
El debate en la Knesset ha reflejado las profundas divisiones morales que recorren Israel. Figuras como Benny Gantz han apelado a la ética judía y militar, preguntándose en qué se convertirá el país si abandona sus principios morales bajo la presión del conflicto. «Si no somos éticos, ¿qué seremos?», cuestionó Gantz en un discurso que resonó en los sectores más moderados. La realidad es que la fuerza y la moral han sido históricamente los dos pilares de la defensa israelí, y muchos temen que la horca debilite el segundo.
Por otro lado, antiguos opositores a la medida, como el diputado Moshe Saada, han cambiado de opinión tras el impacto del 7 de octubre. El argumento es que el sistema actual permite que los terroristas se conviertan en «héroes nacionales» en las prisiones, alimentando ciclos de secuestros para intercambios de prisioneros. Para este sector, la pena de muerte es la única forma de romper el incentivo del terrorismo y garantizar que los crímenes más atroces tengan el castigo más severo posible.
Consecuencias internacionales y aislamiento diplomático
La aprobación de la ley no solo tiene eco interno. La Unión Europea ya ha enviado mensajes claros advirtiendo de que la implementación de la pena de muerte alejaría a Israel de los estándares democráticos occidentales y tendría consecuencias en las relaciones bilaterales. En un momento en que Israel necesita el apoyo diplomático internacional para gestionar la guerra con Irán, la imposición de la horca podría suponer un aislamiento peligroso.
Estados Unidos, por su parte, ha mantenido una posición de «ausencia de presión» hasta el momento, un factor que Netanyahu ha aprovechado para dar luz verde a la ley y mantener unida su coalición. Sin embargo, la comunidad internacional observa con preocupación cómo la política interna israelí se radicaliza bajo la presión de la guerra, temiendo que la erosión de los derechos humanos sea un daño colateral permanente de la actual escalada bélica en Oriente Próximo.
La sombra de Eichmann sobre la Knesset
Israel solo ha ejecutado a una persona en toda su historia: el nazi Adolf Eichmann en 1962. Aquel acto fue visto como una excepción histórica ante un crimen contra la humanidad. Recuperar la horca ahora, para delitos de terrorismo doméstico, marca un cambio de era. La ley de pena de muerte es más que una norma penal; es el símbolo de un país que se siente bajo amenaza existencial y que está dispuesto a revisar sus cimientos legales para sobrevivir.
El futuro de la ley está ahora en manos de los jueces del Supremo. Mientras tanto, la mancha de la polémica y el debate ético continuarán dividiendo a un Israel que lucha en dos frentes: el militar contra sus enemigos exteriores y el moral por su propia identidad como Estado judío y democrático. La horca está lista, pero queda por ver si la solidez de las instituciones israelíes permitirá que llegue a utilizarse o si quedará como un ruidoso eslogan en la historia de la legislación de emergencia.
