La situación en el archipiélago canario ha dejado de ser una crisis cíclica para convertirse en una emergencia estructural y continuada que amenaza los cimientos de la atención social en las islas. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha alzado la voz en Madrid dentro del Foro Nueva Economía para denunciar lo que «considera una dejación de funciones por parte del Estado y una falta de corresponsabilidad europea».
La gestión de los menores extranjeros no acompañados se ha situado en el centro de un debate político que trasciende las fronteras canarias, convirtiéndose en una cuestión de derechos humanos y de pura logística administrativa que ya no admite más dilaciones.
Desde los muelles de llegada hasta los centros de acogida saturados, la narrativa del Gobierno de Canarias es clara: «Las islas no pueden seguir siendo la única frontera real de Europa sin el apoyo efectivo del continente. Clavijo ha insistido en que la solidaridad, «aunque agradecida, es una herramienta insuficiente frente a la magnitud de las llegadas que se registran mes tras mes».
La presión asistencial es tal que el sistema de protección de menores se encuentra desbordado, operando muy por encima de su capacidad máxima y obligando a las instituciones locales a realizar malabares presupuestarios y operativos para garantizar la dignidad de los jóvenes que llegan a las costas canarias.
EL PESO DE LA LEY ANTE LA SOLIDARIDAD VOLUNTARIA
El presidente canario ha sido meridianamente claro al señalar que el actual marco normativo es el principal obstáculo para una distribución justa de la responsabilidad. Según Clavijo, la dependencia de la «buena voluntad» de otras comunidades autónomas para el traslado de menores es un modelo fracasado.
Por ello, su principal caballo de batalla es la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. En sus propias palabras, «el Gobierno de España tiene que cumplir con Canarias» de una vez por todas, lo que implica establecer un mecanismo legal que convierta el reparto de menores en una obligación y no en un acto discrecional de cada región.
Clavijo sostiene que no se trata de una petición política caprichosa, sino de una necesidad humanitaria de primer orden. El líder canario argumenta que Canarias está cumpliendo con su deber como frontera sur de la Unión Europea, pero que el Estado central parece olvidar que la custodia de estos menores es, en última instancia, una competencia que debe ser respaldada por recursos estatales y una legislación nacional sólida. «No podemos seguir gestionando una crisis de esta magnitud con parches», ha advertido, subrayando que la saturación actual impide ofrecer el acompañamiento e integración que estos jóvenes necesitan y merecen por ley.
UN SISTEMA DE ACOGIDA AL BORDE DEL COLAPSO TOTAL
La realidad técnica detrás de los discursos políticos es desgarradora. Canarias tutela actualmente a miles de menores en centros que fueron diseñados para una fracción de la población que albergan hoy. Esta emergencia migratoria ha forzado la apertura de instalaciones de emergencia en condiciones que no siempre son las óptimas para el desarrollo integral del menor.
Clavijo ha denunciado que la falta de una respuesta coordinada por parte del Gobierno central deja a Canarias en una situación de «abandono» institucional, donde los recursos propios se agotan mientras el flujo migratorio no cesa debido a la inestabilidad en el Sahel y en los países de origen.
La crítica de Clavijo se extiende también a la financiación. El coste de mantener a miles de menores bajo la tutela de la comunidad autónoma supone un esfuerzo financiero que detrae recursos de otras áreas esenciales. El presidente ha enfatizado que «Canarias no puede ser la cárcel de Europa» ni tampoco el único depósito de una crisis que es global. La exigencia de fondos extraordinarios no es solo para el alojamiento y la alimentación, sino para la educación, la atención psicológica y los trámites jurídicos necesarios para regularizar la situación de estos jóvenes, procesos que actualmente sufren retrasos burocráticos insoportables debido al volumen de expedientes.
LA EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA COORDINADA Y URGENTE
El presidente canario no ha escatimado en señalar que la diplomacia y la política exterior de España también juegan un papel fundamental en este escenario. Clavijo demanda una presencia más activa en los países de origen y una cooperación al desarrollo que ataque las causas de la migración en la raíz.
Sin embargo, mientras esas soluciones a largo plazo llegan, la urgencia inmediata se vive en las playas de El Hierro, Lanzarote y Gran Canaria. La sensación que «Canarias está sola en esta travesía» es un sentimiento que Clavijo intenta revertir mediante una presión constante en los despachos de Madrid y Bruselas.
Para el Gobierno de Canarias, la reforma legislativa es la única salida viable para evitar que el archipiélago se convierta en un embudo humano. «Necesitamos que la ley garantice que ningún territorio se vea desbordado por su ubicación geográfica», afirma Clavijo, apelando a un sentido de Estado que parece haberse diluido en el fragor de la disputa partidista.
La advertencia es clara para el presidente canario «si no se actúa de inmediato con una reforma que obligue al reparto, el sistema de protección canario podría sufrir un quiebre irreversible, con consecuencias imprevisibles tanto para los menores como para la cohesión social del archipiélago».
EL FUTURO DE LA COHESIÓN Y LOS DERECHOS HUMANOS
Más allá de los números y las leyes, el discurso de Clavijo pone el foco en la humanidad del conflicto. El presidente recuerda constantemente que detrás de cada cifra hay un niño o una niña que ha cruzado el océano en busca de una oportunidad. La incapacidad del Estado para articular una respuesta conjunta no solo es un fallo administrativo, sino un fracaso moral que pone en entredicho el compromiso de España con los derechos de la infancia.
La insistencia en que «se trata de niños, no de expedientes» resuena como un recordatorio de la vulnerabilidad de este colectivo, que se encuentra atrapado en una disputa de competencias entre diferentes niveles de la administración.
El mensaje de Fernando Clavijo en este video y en sus intervenciones recientes es un ultimátum. Canarias ha llegado al límite de su resistencia física y económica. La gestión de la migración y, específicamente, de los menores no acompañados, requiere de un pacto de Estado que supere las siglas políticas y priorice la estabilidad de la frontera sur europea.
El tiempo de las palabras y las fotos de apoyo ha terminado; ahora, el Gobierno de Canarias exige leyes, recursos y, sobre todo, el cumplimiento de la palabra dada. El futuro del archipiélago y la vida de miles de jóvenes dependen de que Madrid escuche y actúe antes de que la emergencia se convierta en una tragedia irreparable.
