El desarrollo del juicio por la ‘Operación Kitchen’, la presunta trama de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, ha vivido esta pasada semana un episodio determinante. El tribunal decidió mantener como prueba válida los audios que vinculan al ex comisario José Manuel Villarejo con conversaciones sobre negocios de la familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La decisión supone un revés para las defensas, que cuestionan duramente la «trazabilidad» y la intención política detrás de estas grabaciones.
Las conversaciones tuvieron lugar en 2014, cuando Pedro Sánchez acababa de ser nombrado secretario general del PSOE por primera vez. Fue el propio partido socialista, convertido en acusación popular, quien aportó esas grabaciones en contra de la postura de los abogados defensores, que pidieron expulsarlas por su procedencia desconocida.
El lunes, la sesión comenzó con una ofensiva legal por parte del abogado de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad. El letrado solicitó formalmente al tribunal la expulsión de dichos audios del procedimiento, alegando que su origen es «incierto y contaminado». Según la defensa, el material no proviene de los registros oficiales realizados en los domicilios de Villarejo, sino que fue entregado a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía por el empresario Javier Pérez Dolset.
El abogado recordó que el propio Dolset admitió haber obtenido las grabaciones a través de fuentes periodísticas y, concretamente, del canal de Telegram del ahora eurodiputado Alvise Pérez, quien las difundió originalmente en 2022 en su canal. «Bajo ningún concepto pueden ser prueba válida», aseveró el letrado, subrayando que las grabaciones tienen «trazabilidad cero y fiabilidad nula», sugiriendo que podrían haber sido manipuladas antes de llegar al Tribunal.
En un tono más incisivo, la defensa de Martínez cargó contra la figura de Pérez Dolset, vinculándolo con una supuesta estrategia para favorecer los intereses del PSOE. El letrado hizo alusión a las recientes polémicas que rodean al empresario y a Leire Díez, señalando que Dolset parece estar inmerso en una «búsqueda activa» de material que pueda servir como contraofensiva política en favor del actual Gobierno. De hecho, ambos figuran como investigados en otra causa que se sigue en un juzgado madrileño.
Pese a los argumentos de la defensa, el tribunal se mantuvo firme el martes. Los magistrados decidieron conservar todas las grabaciones en la causa, alineándose con el criterio del Ministerio Fiscal. La Sala argumentó que, mientras no existan pruebas fehacientes de que el material fue obtenido mediante actos ilícitos o ilegales, debe prevalecer su utilidad como prueba para ser sometida a contradicción durante el juicio oral. «No se va a expulsar ninguna», sentenció el tribunal.
Esta decisión provocó una reacción inmediata en la estrategia de la defensa de Villarejo, que solicitó la comparecencia urgente de Pérez Dolset. El objetivo es que el empresario explique bajo juramento cómo llegaron exactamente esos archivos a su poder y qué relación mantienen con la cúpula del Partido Socialista.
LAS SAUNAS
El contenido de los audios en disputa hace referencia, entre otros asuntos, a las saunas propiedad del suegro de Pedro Sánchez. Si bien este punto es tangencial al núcleo de la ‘Operación Kitchen’ -centrada en el robo de documentos comprometedores a Luis Bárcenas para proteger a la cúpula del PP-, su relevancia política es importante.
La reactivación de este material coincide cronológicamente con uno de los momentos más tensos de la legislatura: la semana de reflexión que Pedro Sánchez se tomó en abril de 2024 tras la apertura de diligencias contra su esposa, Begoña Gómez. Según consta en diversas investigaciones, durante ese periodo, Leire Díez y Pérez Dolset visitaron la sede socialista de la madrileña calle Ferraz para reunirse con figuras de peso como Santos Cerdán y Antonio Hernando, portando documentación de Villarejo que incluía las grabaciones de las saunas. Precisamente esa reunión es lo que investiga otro juzgado.
La tesis defendida por el PSOE, y apoyada por ciertos testimonios como el de Antonio Hernando, sugiere que el «caso Begoña» no es un hecho aislado, sino un capítulo más de una «guerra sucia» iniciada hace una década por sectores de la llamada «policía patriótica». Hernando admitió haber dado instrucciones para que el PSOE reactivara en la Audiencia Nacional la teoría de que la familia del presidente ha sido objeto de investigaciones prospectivas e ilegales desde el año 2014.
ESCENARIOS JUDICIALES DIFERENTES
A pesar de que el tribunal ha aceptado los audios, la Audiencia Nacional ya había rechazado previamente citar a Villarejo o a excargos de Interior para declarar específicamente sobre las saunas, al considerar que no se trataba de negocios ilegales y que no había evidencias de espionaje real. Según documentos internos, Villarejo poseía esa información simplemente porque uno de sus colaboradores mantenía una relación cercana con el entorno del suegro de Sánchez, sin que ello constituyera necesariamente un operativo oficial.
Finalmente, el panorama judicial para el PSOE presenta luces y sombras. Si bien han logrado introducir estas grabaciones en el ‘caso Kitchen’ con el aval de la Fiscalía, los jueces han cerrado la puerta a otras de sus pretensiones clave: no se ha aceptado la imputación de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ni se ha considerado al Partido Popular (PP) como responsable a título lucrativo en esta pieza específica. El juicio continúa, con el origen de los ‘pendrives’ de Dolset ahora en el centro del debate sobre la integridad del proceso.
La semana se abrirá con la declaración de Sergio Javier Ríos Esgueva, imputado en la causa y que fue el chófer, supuesto hombre de confianza, que habría sido captado por la trama para espiar tanto a Luis Bárcenas como a su esposa Rosalía Iglesias.
En este juicio están acusados el ex ministro del Interior Jorge Fernández Diaz, el ex secretario de Interior Francisco Martínez, los ex policías Eugenio Pino, José Manuel Villarejo, Marcelino Martín-Blas, Andrés Manuel Gordo, José Ángel Fuentes, Bonifacio Dïez, José Luis Olivera, además del ex chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos.
