La Casa Real llega al 95 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española de este 14 de abril en una posición delicada. Desde Zarzuela se intenta proyectar una imagen de estabilidad institucional, pero el contexto político y social apunta en otra dirección: desgaste, cuestionamiento creciente y una ciudadanía cada vez más distante de la institución.
Paradójicamente, esta fragilidad convive con una debilidad estructural del republicanismo, fragmentado y sin un proyecto mayoritario capaz de disputar con éxito la jefatura del Estado. El momento no es casual.
En los últimos años, diversas encuestas —incluidas algunas publicadas por medios poco sospechosos de republicanismo como El Confidencial— apuntan a un cambio de tendencia: la república gana terreno como forma de Estado preferida, especialmente entre los jóvenes.
Este giro demoscópico coincide con una acumulación de crisis que han erosionado la imagen de la monarquía, desde escándalos de corrupción hasta tensiones internas que ya no pueden ocultarse.
En el centro de esta tormenta vuelve a situarse Juan Carlos de Borbón. La publicación de sus memorias, Reconciliación, lejos de cerrar heridas, las reabre. El antiguo jefe del Estado no solo evita asumir responsabilidades políticas o judiciales, sino que introduce elementos especialmente polémicos, como sus elogios explícitos al dictador Francisco Franco.
El libro también aborda, sin verdadero propósito de rendición de cuentas, episodios clave como la recepción de 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí, presentados como un “regalo” entre monarquías. No hay reflexión sobre las implicaciones institucionales ni sobre el impacto que estos hechos tuvieron en su abdicación y posterior salida del país. Tampoco hay autocrítica real sobre su papel en la degradación de la imagen de la Corona.
Estas revelaciones golpean directamente a su hijo, Felipe VI, que ha intentado durante años construir un perfil institucional más moderno y distante de los excesos de su progenitor. Sin embargo, esa estrategia tiene límites evidentes. La inviolabilidad del monarca sigue intacta, lo cual alimenta la percepción de impunidad.
A ello se suma una creciente sensación de falta de transparencia. Ni se han impulsado reformas profundas en la regulación de la monarquía ni se ha abierto un debate público real sobre su papel en el sistema democrático. La institución sigue funcionando con lógicas heredadas de la Transición, cada vez más alejadas de las exigencias de una sociedad que demanda rendición de cuentas.
En paralelo, la propia Casa Real ha intensificado su estrategia comunicativa. La reorganización del equipo de Letizia Ortiz y los cambios en la estructura de comunicación responden a un intento claro de controlar el relato en un momento de creciente presión mediática. Sin embargo, estos movimientos parecen más reactivos que transformadores.
CAMBIOS
Pese que en 2017 se convirtió en símbolo de Vox por su polémica intervención sobre el 1 de octubre, el jefe de Estado se ha acercado a la izquierda con su posicionamiento contra el genocidio perpetrado por Israel en Gaza o contra la conquista de México.
Pese a las crecientes críticas de la extrema derecha, que lo han renombrado como «Felpudo VI», la monarquía sigue beneficiándose de una anomalía política: la ausencia de un movimiento republicano fuerte, cohesionado y con capacidad de disputar la hegemonía institucional.
Aunque existen movilizaciones, como la prevista Tercera Marcha Republicana en junio de 2026 o las actividades en torno al llamado ‘Abril Republicano’, estas iniciativas no logran articular una fuerza que marque agenda.
La fragmentación de las fuerzas republicanas, junto con la tibieza de amplios sectores socialistas, ha permitido a la monarquía sobrevivir a crisis que, en otros contextos europeos, habrían abierto debates constituyentes de gran calado. Incluso en momentos de mayor desgaste, como tras los escándalos del emérito, no se produjo una ofensiva política sostenida que cuestionara el modelo de Estado.
Esta debilidad tiene raíces profundas. Desde la Transición, amplios sectores políticos han asumido la monarquía como un elemento intocable del sistema, limitando el debate público y reduciendo las críticas a episodios concretos en lugar de abordar el problema estructural. El resultado es una institución que, pese a su desgaste, sigue operando sin un cuestionamiento efectivo.
