La mudanza de la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, ha desatado una notable controversia política tras confirmarse su traslado a una vivienda de lujo fuera del municipio que gobierna. Según consta en la última Nota Simple del Registro de la Propiedad y en su declaración de bienes de 2025, la regidora ha fijado su residencia oficial en un chalet ubicado en una exclusiva zona del distrito de Hortaleza, en Madrid capital. Este movimiento patrimonial fue revelado por el diario LA MORALEJA y ha situado a la primera edil en elcentro de las críticas, al dejar de ser vecina de la localidad cuya administración encabeza para mudarse a la calle Agatha Christie.
A pesar de que el traslado se ajusta a la legalidad vigente, la decisión ha generado un intenso debate sobre la ética política y el compromiso territorial de la máxima autoridad municipal. El hecho de que García Alcántara gestione los intereses y la fiscalidad de los alcobendenses mientras tributa y reside en la capital ha sido calificado por diversos sectores como una desconexión emocional con la ciudad. Este cambio de domicilio marca un punto de inflexión en la legislatura, poniendo en entredicho la coherencia de una figura pública que, desde ahora, ejercerá sus funciones sin compartir el día a día residencial con sus administrados.
Este cambio de domicilio no es una cuestión menor, ya que implica que la persona que decide el futuro de los servicios públicos, el urbanismo y los impuestos de Alcobendas, paga ahora su IRPF y sus tasas municipales en Madrid. La comparativa entre su declaración de 2023 y la de 2025 es demoledora. Mientras que al inicio de la legislatura poseía una vivienda y dos plazas de garaje en Alcobendas adquiridas en 2013, esos inmuebles han desaparecido por completo de su patrimonio. En su lugar, emerge una imponente propiedad de obra nueva cuya tasación para subasta alcanza la astronómica cifra de 1.479.518,73 euros, lo que confirma que la alcaldesa reside ahora en una finca valorada en casi un millón y medio de euros fuera de su jurisdicción.
UNA MUDANZA QUE ROMPE EL VÍNCULO CON EL MUNICIPIO DE ROCÍO GARCÍA ALCANTARA
El hecho de que un cargo público no resida en la localidad que gobierna es un tema de debate político de primer nivel que afecta a la representatividad. Para los ciudadanos de Alcobendas, resulta difícil de digerir que su alcaldesa haya vendido todas sus propiedades locales para invertir en un chalet de obra nueva en Madrid. El documento registral detalla que la operación se ha sustentado en un préstamo hipotecario con Ibercaja por un valor principal de 700.000 euros, una cifra que solo es asumible con unos ingresos muy superiores a la media nacional. Esta mudanza supone que la regidora vive ahora a kilómetros de los problemas cotidianos de los barrios que gestiona, convirtiéndose en una «vecina de Madrid» que solo acude a Alcobendas para ejercer sus funciones laborales.
Esta desconexión física se suma a una desconexión fiscal que es especialmente sensible en tiempos de crisis. Mientras los vecinos de Alcobendas contribuyen con sus impuestos al sostenimiento de la ciudad, su alcaldesa contribuye al presupuesto de la capital de España. El debate no es solo donde duerme la primera edil, sino dónde gasta y dónde tributa, rompiendo esa máxima de la política local que exige compartir el destino de los gobernados. La desaparición de sus activos en el municipio que preside marca un punto de no retorno en su carrera política local, proyectando una imagen de transitoriedad y falta de compromiso a largo plazo con el territorio alcobendense.
EL DISPARO SALARIAL DE LA ALCALDESA PRESIDENTA
De forma paralela a esta mudanza de lujo, la situación económica de Rocío García Alcántara ha experimentado una evolución ascendente muy notable en apenas dos años. En su declaración de bienes de 2025, el sueldo de la regidora se ha disparado hasta alcanzar los 103.343,47 euros brutos anuales. Esta cifra supone un incremento sustancial respecto a los ingresos percibidos al inicio de su mandato, situándola en una escala salarial superior a la de muchos ministros del Gobierno de España. El origen de este aumento no reside únicamente en el salario base que percibe del Ayuntamiento de Alcobendas, fijado en 82.217,65 euros, sino en una estructura de cobros adicionales que ha suscitado fuertes críticas en algunos miembros de la oposición.
La clave de estos ingresos de seis cifras se encuentra en las dietas por asistencia a consejos de administración de las empresas públicas municipales. La alcaldesa ha logrado sumar miles de euros extra de forma sistemática a través de su participación en entes como EMVIALSA, donde percibe 4.950 euros, o EMARSA y SOGEPIMA, que le reportan 5.400 euros cada una. A esto se añaden los 4.950 euros provenientes de SEROMAL. Este sistema de acumulación de dietas permite que el salario final supere con creces la barrera de los cien mil euros, proporcionando la solvencia necesaria para afrontar el pago de la hipoteca de su nuevo chalet madrileño de casi un millón y medio de euros.
EMPRESAS PÚBLICAS COMO MOTOR DE INGRESOS EXTRA
La gestión de las empresas públicas en Alcobendas se encuentra ahora bajo el foco debido a esta estructura de cobros adicionales. Mientras que estas entidades deberían centrarse exclusivamente en la mejora de la vivienda, el medio ambiente o el mantenimiento de la ciudad, se han convertido en una vía reglamentaria para engrosar la nómina de la alcaldesa. Resulta paradójico que la presidencia de estas empresas, que debería ir ligada a la responsabilidad del cargo, suponga un desembolso tan elevado en concepto de dietas para una regidora que ya cuenta con un sueldo base considerable. Este esquema de «sobresueldos» legales es lo que permite que la declaración de 2025 refleje una capacidad económica muy superior a la de 2023.
El contraste es inevitable: mientras se cierran acuerdos y se aprueban presupuestos en Alcobendas, la beneficiaria de esas políticas se retira cada noche a su chalet en Hortaleza, en una finca que cuenta con una superficie y unas calidades propias de la élite madrileña. La transparencia documental ha permitido conocer que la alcaldesa ha apostado por un proyecto de vida lejos de sus vecinos, apoyada en unos ingresos que han crecido al ritmo de sus necesidades inmobiliarias. En un contexto donde el acceso a la vivienda es el principal problema de los jóvenes de Alcobendas, que su alcaldesa venda lo que tenía en el municipio para comprarse una mansión en la capital de 1,47 millones de euros es un mensaje político que difícilmente pasará desapercibido en las próximas citas electorales.
UN FUTURO POLÍTICO MARCADO POR LA DISTANCIA
La revelación de estos datos pone a la regidora en una situación defensiva. No se trata de una irregularidad administrativa, pues la declaración de bienes es un ejercicio de transparencia obligatorio, pero sí de una incoherencia moral que afecta a la confianza del electorado. Gobernar una ciudad en la que ya no se cree lo suficiente como para mantener la vivienda propia es un síntoma de alejamiento que la oposición ya empieza a explotar. Alcobendas, una ciudad con una identidad propia y un orgullo de pertenencia muy arraigado, asiste al espectáculo de ver cómo su máxima representante se convierte en una contribuyente de Madrid capital, mientras su nómina municipal sigue creciendo gracias a las dietas de las empresas públicas.
El impacto de esta información en la opinión pública de la zona norte es incierto, pero la contundencia de las cifras —un sueldo de más de 100.000 euros y una casa de 1,47 millones— elimina cualquier margen de interpretación subjetiva. Los documentos son irrefutables y muestran a una alcaldesa que ha priorizado su patrimonio personal en Madrid por encima de su vinculación residencial con el municipio que la eligió. En adelante, cada vez que Rocío García Alcántara hable de los problemas de los barrios de Alcobendas, lo hará desde la perspectiva de alguien que ya no comparte los mismos códigos postales, ni las mismas facturas de suministros, ni los mismos impuestos que los vecinos a los que representa.
