El segundo abogado de José Luis Ábalos en el caso mascarillas José Aníbal Álvarez -el primero fue Ismael Oliver- ha declarado que Leire Díez le ofreció pagar la defensa del exministro a través de una sociedad. Sin embargo, alegaba que nunca ha recibido un euro por el trabajo, ni de su cliente ni del PSOE, motivo por el que renunció a seguir representándole.
Álvarez ha declarado durante una hora como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, donde ha reconocido que se negó en rotundo a operar de la manera que la exmilitante socialista le ofrecía, aseverando que él solo cobra directamente de su cliente o de una sociedad vinculada a este para evitar problemas. En octubre del pasado año, Ábalos renunciaba a la representación de su abogado «siguiendo instrucciones de su mandante», justificándose en «diferencias irreconciliables».
Asimismo, el letrado negaba haber recibido pagos del partido y que Díez hubiera coordinado la defensa de Ábalos y Koldo en el caso mascarillas, por el que el extitular de Transportes ha recibido una pena de 24 años de prisión.Durante su declaración, ha sido preguntado por las dos reuniones concertadas en su despacho con Leire y el exsecretario de Seguridad Francisco Martínez —ahora juzgado en el caso Kitchen— el 15 y el 22 de julio de 2024. Si bien reconocía haberlas organizado, limitaba su papel a haber sido un mediador entre las partes y mencionaba que la fontanera le habría ofrecido a Martínez un pacto con la Fiscalía —que pide 15 años de cárcel para él— a cambio de aportar documentación que perjudicase al PP.
Fuentes jurídicas señalan a Europa Press que Martínez habría acudido al letrado para tener una segunda opinión en su estrategia de Kitchen, algo por lo que no cobró, según el relato del abogado, por la relación personal entre ambos.
Rechazó la defensa por incumplimiento de pagos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntaba en uno de sus informes que Leire «podría haber gestionado el pago por parte del PSOE» de la defensa de Ábalos. Los agentes recogieron que «parece ser que no se habrían cumplido los plazos y cauces acordados para su abono, teniendo que intermediar para ello» Díez. «Este abogado rechazó la defensa por incumplimiento de pagos», apostillaba el texto.
En los informes, la UCO incorporó conversaciones entre Álvarez y Díez entre los meses de noviembre y diciembre de 2024 «haciendo referencia a un asunto que se encontraría pendiente de solución». «Tomando en consideración el conjunto de la conversación», continuaba, «se infiere que, de forma indiciaria, en estos mensajes Álvarez se estaría refiriendo al retraso y/o incumplimiento en el abono de los honorarios correspondientes a la asistencia letrada de Ábalos»
El texto de la Guardia Civil desprende que la exmilitante le preguntó si el letrado tenía «algún despacho de confianza a través del cual se podría hacer el pago», a lo que Álvarez respondió que «eso no fue lo hablado. En estas cosas no existe confianza».
La conversación transcurrió con Díez afirmando que tenía «constituida» una empresa, «de lo que se infiere que la realización del pago al que se refieren al inicio de la conversación se hiciese interponiendo a la propia Díez». Según el informe, el abogado respondió que «esto no es de recibo».
