Las tres principales asociaciones judiciales españolas han acatado este jueves 17 de julio de 2026 las dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, pero han mostrado posiciones encontradas sobre su verdadero alcance, sobre todo en lo que respecta a los delitos de terrorismo.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? El TJUE ha dictado dos sentencias sobre la ley de amnistía, procedentes del Tribunal de Cuentas y de la Audiencia Nacional.
- ¿Cuál es la reacción? Las asociaciones judiciales AJFV, FJI y JJpD acatan los fallos pero interpretan de forma opuesta su impacto.
- ¿Qué está en juego? La aplicación de la amnistía a delitos de terrorismo y la posible vulneración del artículo 14 de la Constitución.
Dos sentencias para un mismo debate
Los dos procedimientos que llegaron a Luxemburgo tienen orígenes distintos. Uno parte del Tribunal de Cuentas, donde se ventila la responsabilidad contable de Carles Puigdemont y otros exdirigentes del procés por el presunto desvío de fondos públicos. El otro procede de la Audiencia Nacional, en el marco de la investigación por terrorismo a varios integrantes de los CDR (Comités de Defensa de la República). Aunque con preguntas prejudiciales diferentes, el TJUE examinó en ambos casos si la ley de amnistía vulneraba el Derecho de la Unión.
Tres lecturas judiciales de un mismo fallo
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha sido taxativa: las sentencias no habilitan una aplicación «automática ni incondicionada» de la amnistía. Para la AJFV, la norma no extingue ex lege la responsabilidad penal, sino que crea un impedimento al enjuiciamiento que cada juez debe verificar caso por caso. Subrayan que los actos que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos siguen excluidos y pueden ser juzgados.
Además, la AJFV advierte de que el TJUE solo se ha pronunciado sobre los artículos 20 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE —igualdad ante la ley y no discriminación—, pero no resuelve si la amnistía genera un trato desigual entre españoles contrario al artículo 14 de la Constitución. Recuerdan que el Tribunal Constitucional no puede actuar como instancia de casación del Supremo y que la aplicación de la ley corresponde a los jueces ordinarios, mediante resoluciones motivadas e individualizadas.
Foro Judicial Independiente (FJI), por boca de su presidente Roberto García Ceniceros, sitúa los fallos en la «normalidad institucional», pero rechaza que supongan un aval integral a la ley. Según FJI, el TJUE únicamente abordó la posible afectación a la normativa europea de terrorismo y a los intereses presupuestarios de la Unión; las objeciones de fondo —independencia judicial, autoamnistía— quedan intactas. García Ceniceros insiste en que asume y acata la doctrina del Constitucional, aunque no la comparta.
El TJUE no ha resuelto si la amnistía es compatible con el artículo 14 de la Constitución española, según advierten la AJFV y Foro Judicial Independiente.
En el lado opuesto, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) celebra el fallo. Su portavoz, Edmundo Rodríguez, afirma que el TJUE ha dejado claro que el Derecho europeo «no se vio afectado por la ley de amnistía» y que las sentencias desmienten los pronósticos sobre una quiebra del Estado de derecho. Para JJpD, los pronunciamientos confirman «la plena constitucionalidad de la norma y el respeto al Derecho de la UE».
El contexto institucional
Las divergentes lecturas tienen un impacto directo sobre las investigaciones policiales en curso. Los atestados de la Guardia Civil y la Policía Nacional que sustentan la causa de los CDR por terrorismo se mantienen vigentes precisamente por la exclusión que recuerda la AJFV: las graves violaciones de derechos humanos no quedan amparadas por la amnistía. Fuentes del Ministerio del Interior confirman que las unidades de información y los grupos operativos continúan las pesquisas sin alteración alguna. En lo que va de año, los agentes han participado en varias operaciones antiterroristas, aunque el departamento que dirige Marlaska no ha desglosado una cifra concreta de detenciones relacionadas con el caso.
La protección del principio de igualdad ante la ley sigue siendo la gran asignatura pendiente. La AJFV recuerda que el propio TJUE no ha entrado a valorar si la amnistía introduce un tratamiento discriminatorio entre ciudadanos españoles, una cuestión que, a su juicio, permanece completamente abierta y que el Tribunal Constitucional tendrá que dirimir en futuros recursos. Mientras tanto, el debate jurídico y político está servido.
