El nuevo curso judicial en Madrid llega sin fecha para la causa contra Alberto González Amador y con Móstoles en el foco.
Qué está en juego con la causa de González Amador
Los juzgados de lo Penal ya tienen elevada la pieza principal por presunto fraude fiscal, pero fuentes jurídicas consultadas por La Razón apuntan a que el atasco estructural puede retrasar la vista oral hasta 2028. No existe calendario fijado y en el sector judicial se da por hecho que los tiempos quedarán condicionados por la carga de trabajo.
Mientras tanto, continúa en instrucción la pieza separada por un presunto delito de corrupción en los negocios. La Agencia Tributaria puso la lupa sobre la compra en 2020 de Círculo de Belleza SL: cerca de medio millón de euros por una sociedad que apenas tenía actividad.
Móstoles, la FP y las residencias: la agenda que no sale en los titulares
En Móstoles, el alcalde Manuel Bautista está citado a declarar como querellado el 1 de diciembre, tras la denuncia de una concejala del Partido Popular por un presunto caso de acoso sexual. Las diligencias pendientes y las posibles decisiones judiciales pueden condicionar la vida política del segundo municipio más poblado de la región.
También llegará a juicio el caso ITV. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado señalar la vista oral contra la exalcaldesa Noelia Posse y una decena de personas por presuntas irregularidades en la adjudicación y gestión del servicio municipal de Inspección Técnica de Vehículos.
La justicia madrileña se mueve entre dos tiempos: el de los plazos electorales y el de un atasco que lo arrastra todo.
A esa doble agenda se suma la investigación sobre el presunto fraccionamiento de contratos públicos en centros de Formación Profesional entre 2021 y 2023. Se indaga si se trocearon facturas en contratos menores de 40.000 euros para eludir la Ley de Contratos del Sector Público.
En las causas por las muertes en residencias durante la pandemia, la instrucción seguirá por un delito de discriminación sanitaria. La Audiencia Provincial rechazó unificar todos los procedimientos en una única macrocausa: cada fallecimiento presenta circunstancias médicas y asistenciales distintas, por lo que debe examinarse de forma individual. Así, debe estudiarse por separado la situación de la cada residente, su estado de salud y la atención recibida.
Los juicios que Madrid espera y el atasco que puede decidirlo todo
El capítulo de agresiones sexuales también arrastra asuntos pendientes de señalar. Un exprofesor del colegio Virgen de Europa de Boadilla del Monte está procesado por presuntos abusos sexuales a menores de 13 años, delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores, producción y tenencia de pornografía infantil, y delitos contra la intimidad. El auto de transformación data de julio de 2025.
En La Moraleja, el excapellán del colegio Highlands School El Encinar, conocido como Padre Marcelino, negó en febrero de 2026 ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid los abusos sexuales que le atribuyen varias alumnas. La instrucción continúa abierta.
Por el asesinato de Borja Villacís, tiroteado el 4 de junio de 2024 en la carretera entre El Pardo y Montecarmelo, la Fiscalía pide 46 y 38 años de prisión para los tres acusados. Se enfrentan a delitos de asesinato, homicidio en grado de tentativa, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.
En Colmenar Viejo, un padre y una madre acumulan peticiones de cárcel que superan los 400 años de prisión por maltrato habitual, trato degradante, detención ilegal, amenazas y agresiones sexuales a sus ocho hijos. Para el padre se solicitan 266 años y 9 meses; para la madre, entre 178 y 185.
El atasco de los juzgados de lo Penal de Madrid no es un ruido de fondo: puede decidir si la causa de González Amador se cruza con el calendario electoral o se diluye más allá de 2028. En la práctica, los señalamientos por asuntos complejos se miden en años, no en meses. El caso ITV, con años de instrucción a sus espaldas antes de que la Audiencia ordenara la vista, es el mejor precedente madrileño de esa demora.
La fragmentación de las causas de residencias reitera ese mismo criterio: justicia individual frente a la macrocausa que pedían las acusaciones. La lectura judicial es garantista, pero prolonga la espera de las familias. El nuevo curso jurídico empieza, sobre el papel, con una agenda densa; la incógnita real es cuántos de esos asuntos llegarán a sala.
