La Generalitat Valenciana (el gobierno autonómico de la Comunitat Valenciana) ha encarecido un 16,7% el precio de la vivienda protegida en dos años y ha abierto la puerta a que las VPO (viviendas de protección oficial) dejen de serlo a los 30 años, según el balance de medidas legislativas publicado por elDiario.es.
Dos subidas de módulo en dos años: la VPO se aleja de las rentas más bajas
El dato se resume en una cuenta simple: un piso de protección pública de 90 metros cuadrados que valía 198.000 euros en 2023 pasa a costar 231.120 euros tras las dos subidas del módulo aprobadas por la Conselleria de Vivienda, primero con el expresident Carlos Mazón y, desde diciembre de 2025, con el actual president Juanfran Pérez Llorca.
La vicepresidenta Susana Camarero ha aplicado dos revisiones al alza: de 2.200 euros por metro cuadrado en 2023 a 2.400 en 2024 y a 2.568 en la última actualización. Ese 16,7% acumulado aleja la VPO de las rentas bajas que no pueden pagar el mercado libre, justo el colectivo al que teóricamente protege.
No es solo el precio. En 2024, el Decreto 180/2024 del anterior ejecutivo autonómico elevó el límite de renta para acceder a una VPO de 46.800 a 54.600 euros, con con posibilidad de llegar a 66.000 euros en casos de familia numerosa o dependencia.
La fórmula de la permuta tampoco ha quedado fuera: la Generalitat y los ayuntamientos ceden suelo público a los promotores a cambio de un porcentaje de viviendas, una operación que no recibe fondos europeos por considerarse lesiva para el patrimonio público según el balance.
El módulo sube, la renta límite sube y la protección caduca: la vivienda pública se convierte en un producto financiero, no en un derecho.
Fuentes de la Conselleria defienden que la actualización del techo máximo de venta no eleva de forma directa los costes para las familias y que el incremento queda por debajo del 21,79% acumulado de los costes de construcción. El director general Juan Antonio Pérez Sala responsabiliza al Botànic de paralizar la VPP durante ocho años.
Los datos de calificación provisional y definitiva se disparan: 1.099 solicitudes provisionales en 2025, un 9% más que el año anterior, y 1.061 definitivas frente a las 54 de 2024. Las definitivas se multiplican casi por veinte.
En paralelo, el Plan Vive Comunitat Valenciana ha activado más de 4.800 viviendas protegidas, cifra que supera las 6.500 si se suman las solicitudes de calificación privadas. El Consell (el gobierno autonómico valenciano) cree que ese ritmo demuestra que la colaboración público-privada funciona.
Esa aparente buena noticia tiene letra pequeña: el volumen se apoya en la desprotección futura del parque, no en un parque público permanente.
La desprotección a los 30 años y la permuta de suelo público
El decreto de 2024 eliminó el carácter permanente de la protección que había fijado el Botànic. A partir de ahora, todas las VPO tendrán un periodo máximo de protección de 30 años desde su calificación definitiva; en supuestos no detallados, incluso podrían desprotegerse antes.
Al cumplirse ese plazo, el inmueble pasa al mercado libre y gana valor de reventa. La disposición transitoria arrastra a todas las viviendas protegidas anteriores, no solo a las nuevas.
El Escenario Valenciano
En la política valenciana, el PP y Vox defienden la colaboración público-privada y la actualización del módulo. La oposición, sin embargo, no comparte ni el diagnóstico ni la receta.
El PSPV y Compromís ven una cesión de suelo público y una renuncia a la función social de la vivienda protegida.
Juanfran Pérez Llorca defiende que la simplificación administrativa acelera la construcción.
A nivel nacional, la medida choca con el espíritu de la ley estatal de vivienda y con los objetivos de los fondos europeos, que no financian la permuta por la pérdida de patrimonio público que implica. El Ministerio de Vivienda observa con recelo la desprotección a 30 años porque aleja a la Comunitat Valenciana del camino de otras comunidades que han blindado la VPO.
La proyección es directa: si el módulo sigue subiendo, la vivienda protegida valenciana acabará por converger con la libre y los jóvenes y las rentas bajas dependerán solo del alquiler social, hoy insuficiente. La próxima batalla está en los presupuestos del Plan Vive y en el debate de la vivienda en el Congreso.
Ficha del Caso
- El caso: El Consell del PP ha elevado un 16,7% el precio de la VPO en dos años, ha ampliado el límite de renta y permite desproteger las viviendas a los 30 años.
- Datos importantes: El módulo sube de 2.200 a 2.568 €/m²; un piso de 90 m² pasa de 198.000 a 231.120 €; el límite de renta sube de 46.800 a 54.600 €; desprotección a 30 años; 1.099 solicitudes de calificación provisional en 2025.
- Resumen: La vivienda protegida valenciana se aleja de las rentas bajas y se acerca a la lógica del mercado libre, con implicaciones para la política estatal de vivienda.
