El partido político Iustitia Europa ha solicitado a la Audiencia Nacional que requiera al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que explique qué información manejaba sobre las llegadas masivas registradas en Ceuta los días 30 y 31 de julio y a qué organismos se la comunicó.
La petición se ha presentado ante la magistrada María Tardón, titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, que investiga el caso tras una denuncia penal de la organización contra funcionarios, miembros de organizaciones criminales y autoridades españolas y extranjeras.
La denuncia alude a posibles delitos de atentar contra la seguridad del Estado, favorecer la inmigración ilegal, el tráfico de personas y la omisión de persecución de estos hechos, según expone la organización.
Iustitia Europa también ha pedido al Congreso de los Diputados una copia oficial de la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, celebrada el martes 25 de agosto de 2026, para incorporarla a la causa.
Durante esa comparecencia, Robles afirmó que el CNI hizo su trabajo con normalidad y compartió la información disponible con las Fuerzas de Seguridad y la Delegación del Gobierno.
La organización quiere que se aclare otra frase suya, en la que mencionó «actores interesados» que podrían haber favorecido o estar aprovechando la crisis. Para Iustitia Europa, la referencia a esos actores apunta a una posible desestabilización política de España y de la Unión Europea.
La solicitud judicial no valora el fondo de la denuncia: reclama a los organismos del Estado que certifiquen la información recibida y su trazabilidad.
La organización pide además que el Gobierno de Ceuta, el Ministerio del Interior y la Guardia Civil entreguen las comunicaciones que recibieron sobre estos hechos, o certifiquen su existencia, fecha, contenido y qué se hizo después.
Las Diligencias de la Magistrada Tardón
La magistrada María Tardón ya había solicitado el 3 de agosto un informe a la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), la unidad de la Policía Nacional especializada en control de fronteras e inmigración irregular, sobre la entrada masiva, con datos de los posibles participantes.
Dos días después, el 5 de agosto, preguntó a la Guardia Civil si había recibido alguna alerta previa y pidió detalles del operativo desplegado, en especial sobre los rescates en aguas españolas y los datos conocidos de las personas rescatadas.
El Contexto Operativo
La investigación judicial se sitúa en un escenario de presión migratoria sobre la frontera de Ceuta, donde la coordinación entre el Centro Nacional de Inteligencia, las Fuerzas de Seguridad y la Delegación del Gobierno es determinante. La petición de Iustitia Europa no aporta en esta fase una cifra consolidada de entradas: precisamente reclama que los organismos certifiquen la información disponible y las alertas previas.
La frontera de Ceuta es una de las más vigiladas del perímetro Schengen. La Guardia Civil mantiene allí un dispositivo permanente de control marítimo y terrestre que se refuerza en episodios de entrada masiva, y las solicitudes de la magistrada buscan saber si la alerta previa llegó con tiempo suficiente para modular ese despliegue. La trazabilidad de las alertas se ha convertido en el eje de la instrucción.
El procedimiento dirigido por la magistrada Tardón avanza en la línea de documentar la trazabilidad de la información y sus consecuencias operativas. Las solicitudes a la Guardia Civil y a la UCRIF inciden en la misma dirección: alertas, rescates y filiaciones de personas rescatadas. Si la Audiencia Nacional acepta la petición, el CNI deberá explicar ante el juzgado el contenido y los destinatarios de su información sin desvelar fuentes ni métodos.
El CNI, como órgano de inteligencia, no participa en la instrucción de expedientes de extranjería; su papel se limita a recabar y comunicar información a los órganos operativos. La Audiencia Nacional puede reclamar informes sin invadir las fuentes ni los métodos, de modo que la petición de Iustitia Europa se centra en la trazabilidad administrativa.
El foco de la causa se mantiene en el control operativo de una frontera exterior de la Unión Europea y en la obligación de las administraciones de documentar sus actuaciones. La Audiencia Nacional tendrá que decidir si requiere al CNI y al resto de organismos implicados, una decisión con implicación institucinal para la coordinación de seguridad. La decisión judicial puede marcar un precedente sobre los deberes de comunicación entre inteligencia y seguridad pública en episodios críticos.
