El consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, destacó este jueves la cesión de suelo por parte de ayuntamientos de EH Bildu para impulsar la vivienda pública. El reconocimiento se produce después de un periodo de discrepancias entre el Gobierno Vasco y la coalición sobre las políticas habitacionales en los municipios.
La cesión de suelo y la llamada al diálogo
El departamento autonómico había acusado a la coalición de no ceder suelo, una posición que EH Bildu siempre ha negado. En una entrevista en Euskadi Irratia recogida por Naiz, el consejero afirmó que ‘cada uno debe mirar la posición que ha mantenido históricamente’. Además, defendió sustituir los ‘líos’ y las disputas por el ‘diálogo’.
La coalición ha insistido en que sus ayuntamientos ceden suelo dentro de sus competencias y ha defendido la labor de sus responsables municipales.
El responsable del Gobierno Vasco reconoció que gestionar el área de Vivienda en plena crisis habitacional supone una gran responsabilidad. Aseguró que afronta el reto sin conformismo y con ‘muchas medidas’ para combatir las dificultades de acceso a la vivienda, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Las medidas anunciadas para el acceso a la vivienda
Sobre la contención de los alquileres, el consejero defendió la eficacia de las medidas aplicadas en las zonas tensionadas. Esas áreas abarcan ya al 54% de la población de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, según los datos expuestos en la misma entrevista. La moderación de precios se aplica en las áreas declaradas como tensionadas, una herramienta que el consejero considera eficaz para contener el encarecimiento.
En paralelo, avanzó la próxima puesta en marcha del seguro público y gratuito Alokaplus. Su objetivo es dar mayor seguridad a los propietarios que pongan viviendas en alquiler. La medida busca movilizar parte del parque privado en un contexto de oferta limitada y cubrir los riesgos asociados al arrendamiento.
El consejero defendió además la reserva del 30% de las VPO de alquiler para rentas medias. Se consideran como tales las unidades familiares o de convivencia con ingresos anuales de entre 20.000 y 46.000 euros. Itxaso argumentó que este sector ‘lo tiene difícil’ para acceder a una vivienda protegida de alquiler y que el cambio pretende ‘equilibrar la balanza’.
El departamento vasco de Vivienda combina la ampliación del parque público con medidas de seguridad para propietarios y de acceso para rentas medias.
En materia presupuestaria, anunció un incremento de 51 millones de euros. De esa cifra, 5,7 millones se destinarán a la compra de 57 viviendas a Kutxabank para incorporarlas al parque público. La ampliación presupuestaria también reforzará la partida de la Prestación Complementaria de Vivienda.
El enfoque del departamento pasa, según Itxaso, por una perspectiva amplia que engloba oferta y demanda. El fenómeno no afecta solo a las rentas más bajas, sino también a las clases medias y trabajadoras. Las medidas tratan de dar respuesta a un colectivo que encuentra dificultades tanto en el mercado libre como en el protegido.
La política de vivienda se mantiene como uno de los ejes de la acción del Gobierno Vasco, en coordinación con los ayuntamientos para la cesión de suelo. El anuncio del seguro Alokaplus queda pendiente de concreción temporal, mientras la ampliación presupuestaria sigue su tramitación administrativa.
El contexto de la política de vivienda en Euskadi
La vivienda es una competencia autonómica y los ayuntamientos vascos participan en la puesta a disposición de suelo para la promoción pública. El consejero recordó que las zonas tensionadas se declaran según la normativa vigente y que su ampliación al 54% de la población da cuenta de la presión existente en los principales municipios.
La referencia a los ayuntamientos de EH Bildu introduce un matiz relevante en el mapa municipal vasco. Varios municipios gobernados por la coalición gestionan políticas de vivienda propias, mientras el Gobierno Vasco reclama más suelo para ampliar el parque público de vivienda protegida.
El reconocimiento de la cesión de suelo en municipios de EH Bildu sitúa la colaboración municipal en el centro del debate. La capacidad de las administraciones para coordinar suelo, ayudas y seguridad jurídica será determinante, a juicio del consejero, para gestionar la crisis habitacional.
