La jefa de la Policía Local de Ourense, María Barrera, ha presentado una segunda demanda contra el Concello por presunta omisión administrativa. El nuevo frente judicial llega después de que el Tribunal Supremo confirmara en febrero de 2026 la condena por acoso laboral a la administración local y al exconcejal de Seguridad Telmo Ucha.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? María Barrera ha formalizado una nueva acción contenciosa por la supuesta falta de respuesta del Concello a la vulneración de sus derechos fundamentales.
- ¿Quién está detrás? La jefa de la Policía Local de Ourense, el Concello de Ourense y el exconcejal de Seguridad Telmo Ucha.
- ¿Qué impacto tiene? El caso reabre la vía judicial en Ourense y vuelve a exponer la gestión municipal en materia de derechos laborales de los empleados públicos.
La segunda demanda y la inacción administrativa
La nueva demanda se presentó ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense. En ella se denuncia una omisión administrativa ante la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la funcionaria.
El asunto se abordó este jueves en la junta local del Concello, una vez formalizada la acción judicial. No se trata de un recurso contra la condena ya firme, sino de un nuevo procedimiento que señala la falta de respuesta municipal.
De la sentencia del Supremo a la inacción municipal
En febrero de 2026, el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación presentado por el Concello de Ourense y dejó firme la condena. Los tribunales consideraron acreditado un acoso laboral mantenido durante aproximadamente cinco años contra María Barrera.
La indemnización fijada para la funcionaria fue de 30.000 euros. El fallo confirmó la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Ourense y, posteriormente, por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el 30 de octubre de 2024.
Entre los episodios recogidos en el procedimiento figuraba el acceso a su despacho con un cerrajero mientras Barrera se encontraba de baja médica. Los jueces también cuestionaron la falta de actuación de la administración municipal ante los hechos denunciados por la jefa policial.
La nueva demanda no vuelve a discutir el acoso: lo que se dirime ahora es si el Concello de Ourense respondió como debía después de la condena.
El Laboratorio Gallego
El caso de María Barrera se mueve, sobre todo, en el ámbito municipal, pero toca una cuestión sensible para toda Galicia: la respuesta institucional ante el acoso laboral en el sector público. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmó en octubre de 2024 una condena que hoy ya es firme, un dato que conviene no perder de vista en la proyección autonómica del asunto.
La lectura nacional también asoma. El Tribunal Supremo ha ido consolidando doctrina sobre el deber de las administraciones públicas de proteger los derechos fundamentales de sus trabajadores, más allá de las fronteras gallegas. En Galicia, donde PPdeG, BNG y PSdeG compiten por el relato de la gestión local, una condena firme por inacción municipal no es un asunto menor. En este nuevo trámite, el juzgado contencioso no decidirá si hubo acoso, sino si el Concello ha sido diligente al ejecutar y responder tras la sentencia.
Queda por ver, además, si la reclamación de Barrera por omisión administrativa abre una tercera vía indemnizatoria o si el consistorio opta por cerrar el caso con una respuesta administrativa que evite el alargamiento del litigio. La proyección más inmediata es la admisión a trámite de esta nueva demanda y el calendario judicial que fije el juzgado de Ourense. Mientras tanto, el caso seguirá alimentando el debate sobre los protocolos internos de los ayuntamientos gallegos.
Ficha del Caso
- El caso: La jefa de la Policía Local de Ourense presenta una segunda demanda contra el Concello por omisión administrativa, tras una condena previa por acoso laboral.
- Datos importantes: Sentencia firme del Tribunal Supremo en febrero de 2026; indemnización de 30.000 euros; acoso acreditado durante unos cinco años; nueva acción ante el Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense.
- Resumen: El nuevo procedimiento reabre el litigio entre Barrera y el Concello, ahora centrado en la falta de respuesta municipal tras la condena.
