EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La asociación Tierra Bonita denuncia que el Gobierno de Canarias oculta la identidad de los beneficiarios de las compensaciones por la erupción de La Palma.
- ¿Quién está detrás? El colectivo litiga contra el Ejecutivo por las actas del PEVOLCA y por la confidencialidad de estas ayudas.
- ¿Qué impacto tiene? Según Tierra Bonita, al menos seis compensaciones superan 800.000 euros y más de 70 se sitúan entre 300.000 y 800.000 euros.
Tierra Bonita denuncia que el Gobierno de Canarias oculta la identidad de cientos de perceptores de ayudas por la erupción. Su análisis del Boletín Oficial de Canarias revela cifras que rompen el anonimato: al menos seis compensaciones superan 800.000 euros y más de 70 se sitúan entre 300.000 y 800.000 euros.
Una denuncia con cifras que rompen el anonimato
La asociación ciudadana, que mantiene un litigio contra el Gobierno de Canarias para reclamar las actas y grabaciones del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA) anteriores a la erupción de 2021, defiende que «la máxima transparencia se aplique a las ayudas concedidas desde 2024 a las personas físicas afectadas por esta catástrofe». Tierra Bonita no cuestiona el objetivo de las subvenciones, pero sí la decisión de declarar confidencial la identidad de quienes las reciben.
En las resoluciones con destinatario anónimo publicadas desde 2024 en el Boletín Oficial de Canarias, el colectivo detecta tres compensaciones que superan el millón de euros: 1.549.220,07, 1.500.000,00 y 1.197.404,12 euros. Otras tres rebasan los 800.000 euros: 934.776,96, 822.264,04 y 818.546,68 euros. Las cifras no mienten. La asociación añade además 12 perceptores entre 500.001 y 800.000 euros, 22 entre 400.001 y 500.000, 40 entre 300.001 y 400.000, 97 entre 200.001 y 300.000 y 236 entre 100.001 y 200.000 euros.
El Gobierno de Canarias justifica el secreto señalando que el importe permitiría deducir la situación económica anterior de los damnificados. Para Tierra Bonita, esa cautela no tiene respaldo en la legislación estatal de subvenciones ni de transparencia: identificar a los beneficiarios no afecta a su honor, intimidad ni revela datos sensibles. Además, subraya que el artículo que establece la confidencialidad en la Ley 5/2025 de Volcanes de Canarias no figuraba en el texto original de la iniciativa legislativa popular promovida por damnificados con casi 19.000 firmas.
La batalla judicial por la transparencia
El asunto se encuentra judicializado. El Gobierno de Canarias recurrió el requerimiento del Comisionado de Transparencia de Canarias para que la información fuera pública, y la oposición parlamentaria también ha presentado recursos contra la negativa del Ejecutivo. Ni siquiera una diputada del PSOE pudo acceder a los nombres de los beneficiarios, a pesar de que un informe del Servicio Jurídico del Parlamento de Canarias concluyó que no se trata de un dato especialmente protegido y que la negativa vulnera derechos fundamentales de los diputados.
Si todo se hizo bien con estas ayudas, nadie tiene nada que temer; pero poder fiscalizarlas desde la sociedad siempre es necesario.
El PSOE ha anunciado en los últimos días la presentación de un recurso contencioso-administrativo para reclamar el acceso al listado. La asociación aclara que el partido no persigue la publicación de los datos, sino únicamente poder consultarlos. Al mismo tiempo, lamenta que el PSOE —igual que otras formaciones del anterior y del actual Ejecutivo canario— haya contribuido a mantener en secreto las actas y grabaciones del PEVOLCA.
La falta de transparencia no se limita a las deliberaciones del PEVOLCA ni a las compensaciones económicas: alcanza también a los expedientes de obras públicas de la reconstrucción. Tierra Bonita recuerda que estos fondos salen de las arcas públicas y, por tanto, de los impuestos de la ciudadanía. La transparencia es la mejor garantía contra la arbitrariedad y favorece la confianza de la sociedad en en sus instituciones.
La asociación palmera insiste en que la compensación resultó posible gracias a la presión social y, en parte, al oportunismo electoral. Para futuras catástrofes, reclama que la sociedad canaria tome conciencia de la necesidad de asegurar el patrimonio, de modo que el dinero público pueda dedicarse a sanidad y educación.
El Pulso Territorial
Canarias vive una tensión de fondo entre la reconstrucción de La Palma y la rendición de cuentas. El actual gobierno autonómico, presidido por Fernando Clavijo (de Coalición Canaria) con el respaldo del Partido Popular, defiende la confidencialidad de las ayudas a personas físicas. La oposición, con el PSOE al frente, reclama en sede judicial un acceso que el Parlamento de Canarias considera jurídicamente justificado. La próxima batalla se librará en los tribunales contencioso-administrativos, y su resultado condicionará la publicidad de futuras subvenciones vinculadas a emergencias.
El precedente es relevante: la Ley 5/2025 de Volcanes nació de una iniciativa legislativa popular respaldada por casi 19.000 firmas, pero incorporó después una cláusula de confidencialidad ausente del texto original. Esa diferencia explica la desconfianza de Tierra Bonita y de una parte de la sociedad palmera. Mientras tanto, Canarias afronta una reconstrucción que sigue dependiendo de fondos públicos y de decisiones administrativas que, por ahora, permanecen fuera del escrutinio ciudadano.
Ficha Autonómica
- El caso: La asociación Tierra Bonita denuncia la ocultación de la identidad de los beneficiarios de compensaciones públicas del volcán de La Palma concedidas por el Gobierno de Canarias desde 2024.
- Datos importantes: Al menos seis ayudas superan 800.000 euros; tres de ellas rebasan el millón; más de 70 se sitúan entre 300.000 y 800.000 euros. La confidencialidad se apoya en la Ley 5/2025 de Volcanes.
- Resumen: El caso está judicializado. El Ejecutivo recurrió al Comisionado de Transparencia y el PSOE ha anunciado un contencioso. La asociación pide transparencia y control ciudadano.
