El PSPV denuncia que el Consell de la Generalitat Valenciana ha dejado sin ejecutar 29 millones en dependencia pese al 12,5% más de reconocimientos.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El PSPV denuncia que el Consell dejó sin ejecutar 29 millones de euros en dependencia pese al 12,5% más de beneficiarios reconocidos.
- ¿Quién está detrás? La portavoz socialista Silvia Gómez, con los datos oficiales de la Generalitat, frente a la gestión del president Juanfran Pérez Llorca.
- ¿Qué impacto tiene? La oposición exige ejecutar los 535 millones adicionales del Estado para que los derechos reconocidos se conviertan en prestaciones reales.
La paradoja de la dependencia: más derechos que dinero ejecutado
Según los datos oficiales del Consell —el gobierno de la Generalitat, el equivalente autonómico del Consejo de Ministros— que cita la portavoz socialista, el número de personas beneficiarias ha pasado de 172.857 a 194.415 en el último año. Son 21.558 personas más con el derecho reconocido.
Mientras los reconocimientos crecen, la ejecución real ha descendido de 372,98 a 343,84 millones de euros, según las mismas cifras oficiales. La caída es de 29 millones y equivale a un 7,8% menos de inversión real. La portavoz socialista resume la paradoja: 12,5% más de derechos sobre el papel y 29 millones menos pagados.
El PSPV exige al Consell los 535 millones que agilizan las valoraciones
La portavoz socialista, Silvia Gómez, reclama al Consell que preside Juanfran Pérez Llorca destinar los 535 millones adicionales del Estado a agilizar las valoraciones de la dependencia. El desfase, denuncia, no es contable sino de cobertura real.
Gómez acusa al PP de inflar los expedientes resueltos para vender agilidad. Los dependientes no pueden seguir siendo las víctimas de las cuentas ficticias, de la Generalitat, y los datos oficiales demuestran el abandono. Reconocer un derecho no sirve de nada si después no se paga.
El desfase entre derechos reconocidos y dinero ejecutado es de 29 millones: la diferencia la pagan las familias que esperan una prestación.
El Escenario Valenciano
En las Corts Valencianes (el parlamento autonómico de 99 escaños), el pacto entre el PP y Vox sostiene al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. La denuncia de la oposición socialista ha encendido el debate sobre servicios sociales, y la exigencia es directa: hay que gestionar, no hacer propaganda.
El sistema de la dependencia se financia con aportaciones del Estado y de las comunidades, y se coordina con el IMSERSO, el organismo estatal que fija criterios y aporta fondos. La partida adicional que reclama el PSPV procede del Gobierno central, y su ejecución corresponde a la Generalitat. No basta con transferir fondos: hace falta que cada administración los convierta en prestaciones.
La atención se centra ahora en los próximos plenos de las Corts Valencianes y en la elaboración de los presupuestos autonómicos de 2027. La oposición de PSPV y Compromís prepara nuevas iniciativas para fiscalizar la ejecución de las partidas de dependencia. La disyuntiva es clara: convertir derechos reconocidos en pagos reales.
Ficha del Caso
- El caso: Denuncia del PSPV sobre el desfase entre los derechos de dependencia reconocidos por el Consell y la ejecución real de las partidas presupuestarias en la Comunitat Valenciana.
- Datos importantes: Los beneficiarios pasan de 172.857 a 194.415; la ejecución cae de 372,98 a 343,84 millones; 29 millones quedan sin pagar; el PSPV reclama 535 millones del Estado.
- Resumen: La oposición socialista exige a Juanfran Pérez Llorca que ejecute los recursos presupuestados y convierta los derechos reconocidos en cobertura real.
