EU-Podem amplía ante el juzgado la denuncia contra el Ayuntamiento de Alicante por el presunto fraccionamiento de contratos. La coalición aporta trece partidas documentales y sitúa el perjuicio económico en 35.000 euros.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? EU-Podem ha ampliado ante el juzgado su denuncia por el fraccionamiento de contratos en la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Alicante, con trece partidas y un perjuicio estimado de 35.000 euros.
- ¿Quién está detrás? La coalición municipal EU-Podem, contra el alcalde Luis Barcala (PP), el vicealcalde Manuel Villar, la concejala de Hacienda Nayma Beldjilali y el exedil Toni Gallego.
- ¿Qué impacto tiene? Refuerza una denuncia que la Fiscalía archivó por falta de entidad penal; ahora el juzgado deberá valorar la documentación.
La ampliación de la denuncia: trece partidas y 35.000 euros
La denuncia original se presentó en junio de 2026. Ahora, según ha informado la coalición, se amplía con los informes anuales de control interno de los últimos cuatro ejercicios. Esos documentos ponen objeciones a la contratación externa y estiman un perjuicio económico de 35.000 euros en las cuentas municipales.
El escrito se dirige contra el Ayuntamiento de Alicante, el alcalde Luis Barcala, del PP; el vicealcalde y responsable de Asesoría Jurídica y Contratación, Manuel Villar; la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali; y el exedil del área Toni Gallego, que dimitió en 2025. También apunta a los funcionarios que puedan aparecer como responsables durante la investigación.
En su escrito, la coalición pide que se valore un posible delito continuado de prevaricación administrativa, sin perjuicio de la calificación jurídica que finalmente corresponda, en los contratos municipales del período de entre 2022 y 2025.
La Fiscalía archivó, pero la coalición insiste con más documentación
La Fiscalía Provincial de Alicante apreció una «pérdida normativa palmaria» y calificó la conducta del consistorio como «difícilmente justificable». Sin embargo, archivó la primera denuncia al considerar que los hechos carecían de la entidad penal suficiente para encausarse.
La Fiscalía vio una pérdida normativa palmaria, pero no encontró entidad penal suficiente: la ampliación busca corregir ese desajuste.
Ese es el obstáculo que EU-Podem trata ahora de superar. La nueva remesa incluye el informe de 2025 que cuestionaba la contratación y los acuerdos municipales para la licitación, entre otros documentos.
El Escenario Valenciano
El caso de Alicante no es un expediente aislado en la política valenciana. La denuncia de EU-Podem vuelve a poner el foco sobre el control de la contratación municipal y sobre la figura de Luis Barcala, uno de los alcaldes del PP más visibles de la provincia. En la capital de la Costa Blanca, el Partido Popular gobierna y ha convertido la gestión de los servicios públicos en un argumento de estabilidad, mientras la oposición municipal señala ahora lo que considera una irregularidad documentada por los informes de control interno.
En clave nacional, los casos de fraccionamiento de contratos en administraciones gobernadas por el PP alimentan el debate sobre transparencia y buen gobierno, al que el PSOE y las formaciones de izquierda otorgan un valor creciente en el ciclo electoral. La Generalitat Valenciana, dirigida por Juanfran Pérez Llorca del PP, no forma parte de la causa, pero el contexto político autonómico amplifica cualquier señal de debilidad en las filas populares valencianas. No obstante, no existe por ahora ninguna imputación formal: el juzgado deberá decidir antes de cualquier valoración definitiva.
La proyección del caso sigue abierta. La admisión a trámite de la ampliación y, en su caso, la práctica de diligencias marcarán los próximos meses. Mientras tanto, la oposición en el Ayuntamiento de Alicante mantiene una presión que ya no es solo política, sino también judicial.
Ficha del Caso
- El caso: EU-Podem amplía ante el juzgado una denuncia por presunto fraccionamiento de contratos en la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Alicante entre 2022 y 2025.
- Datos importantes: Trece partidas documentales, informes de control interno de cuatro ejercicios, perjuicio estimado de 35.000 euros y primera denuncia archivada por la Fiscalía.
- Resumen: El juzgado debe valorar ahora si los nuevos informes aportan entidad penal suficiente tras el archivo inicial.
