La líder del PSPV, Diana Morant, ha anunciado que PSPV y Gobierno estudiarán recurrir al Constitucional la reforma de la inspección educativa.
La inspección educativa se convierte en “policía censuradora”
La secretaria general del PSPV-PSOE, que compagina ese cargo con una cartera ministerial en el Gobierno de Pedro Sánchez, lo ha explicado este lunes tras reunirse con su grupo parlamentario en Les Corts Valencianes, el parlamento autonómico de 99 escaños. El objetivo es “echar atrás” el apartado de la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat de 2026 que redefine las funciones de la Inspección educativa.
Ese apartado es uno de los principales acuerdos entre PP y Vox en materia educativa. La reforma obliga al cuerpo de Inspección educativa a “velar por la neutralidad ideológica en los centros” y a evitar “cualquier tipo de adoctrinamiento”, según se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
Los sindicatos docentes no tardaron en reaccionar. Aseguraron que empezaba “la caza de brujas en la educación” y hablaron de un retroceso y de una falta de respeto al profesorado.
Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat (el jefe del ejecutivo autonómico valenciano), negó que la Administración autonómica pretenda “perseguir a ningún profesor”. Defendió una educación en la que prime la libertad educativa y en la que las familias puedan elegir centro y lengua de aprendizaje.
La visión de Diana Morant es otra. La secretaria general del PSPV considera que la Comunitat Valenciana “iba a ser el laboratorio de las políticas más fascistas y más extremistas de toda España”, y ha advertido de que ese modelo “puede contagiarse en otras comunidades autónomas”.
La Generalitat defiende libertad educativa; la oposición ve censura, y el Tribunal Constitucional puede tener la última palabra.
La líder socialista ha pedido a los valencianos que comparen su vida con la etapa del socialista Ximo Puig. Ha criticado el “modelo privatizador” en sanidad, la intención de “amedrentar” al profesorado desde la inspección educativa y el “desmantelamiento” de las emergencias. Ha subrayado, además, que este verano se ha pedido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en los cuatro grandes incendios forestales. También ha acusado al Consell (el gobierno autonómico valenciano) de subir el precio de la vivienda de protección pública a precio de mercado y de favorecer que accedan personas con salarios más altos, citando la promoción de Las Naus de Alicante.
La secretaria general del PSPV ha asegurado este lunes que “estamos ante el peor gobierno que ha tenido nunca la Comunitat Valenciana”. También ha recordado que Carlos Mazón, como expresident de la Generalitat, ya tuvo que dimitir y que a su sustituto, Juanfran Pérez Llorca, lo pusieron “a dedo”. Frente a eso, ha sostenido que al próximo president “ni lo pondrá Abascal ni lo pondrá Feijóo”, sino los valencianos con su voto.
El curso político del PSPV y la apuesta por un Botànic 3
La secretaria general del PSPV ha definido el nuevo curso político como “decisivo”, porque terminará con las elecciones en las que los valencianos decidirán su futuro. Ha reivindicado la alineación con Compromís para construir un “Botànic 3” capaz de devolver a la izquierda valenciana al gobierno. Sobre su calendario personal para dejar el Consejo de Ministros, ha asegurado que aún lo desconoce, pero que será “trepidante” y “valenciano”.
El Escenario Valenciano
El anuncio del PSPV sitúa la educación en el centro del choque territorial entre la Generalitat y el Gobierno central. La vía del recurso de inconstitucionalidad, si finalmente se activa, obligaría a medir el alcance competencial de la inspección educativa y pondría a prueba el encaje del pacto entre PP y Vox. En clave nacional, la advertencia de Morant no es menor: si el modelo valenciano se consolida, otras comunidades gobernadas por la derecha podrían replicar cláusulas similares de “neutralidad ideológica”.
En las Corts Valencianes, el bloque de la oposición busca recomponer la alternativa a medio plazo. La legislatura sigue condicionada por la reconstrucción tras la DANA de 2024, pero la batalla educativa añade un nuevo frente de confrontación competencial con Madrid. La proyección inmediata pasa por los próximos plenos, el desarrollo reglamentario de la ley de acompañamiento y la decisión final del Gobierno sobre si eleva o no la norma al Tribunal Constitucional.
Ficha del Caso
- El caso: El PSPV y el Gobierno estudian presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la inspección educativa incluida en la ley de acompañamiento de la Generalitat para 2026.
- Datos importantes: La norma fue pactada por PP y Vox y publicada en el DOGV. Los sindicatos docentes la consideran una “caza de brujas”. El president Juanfran Pérez Llorca defiende la libertad educativa.
- Resumen: La batalla educativa abre otro frente de confrontación entre el Consell y la oposición, con posible choque competencial ante el Tribunal Constitucional.
