El juzgado de Granada archiva la denuncia contra militantes de Vox por las porras extensibles del mitin del 16 de abril. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada número 5 ha dictado el sobreseimiento (archivo) de la causa presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía al considerar que los hechos no son constitutivos de infracción penal.
La versión de Vox y los fundamentos del auto
La formación ya defendió durante el procedimiento que desconocía la identidad de las personas que aparecían en las imágenes portando defensas extensibles. Según consta en sus alegaciones ante la Junta Electoral de Zona, Vox presumió que podía tratarse de ‘miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, vestidos de paisano y en uso legítimo de la fuerza, cumplían con su deber’. La respuesta se produjo en el marco de una denuncia anterior presentada por Podemos, también centrada en el presunto uso de armas extensibles.
La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada número 5 no entra a valorar si las porras extensibles aparecen en los vídeos. El auto fechado el pasado 25 de agosto se apoya en una cuestión administrativa: ‘ha quedado acreditada la falta de autorización administrativa previa para la concentración de la APDHA’. Por lo tanto, concluye que los hechos ‘no son constitutivos de infracción penal’. La resolución confirma que la protesta no estaba notificada oficialmente de forma previa, aunque la asociación asegura no haber convocado ninguna concentración formal.
Los incidentes se produjeron el 16 de abril en las inmediaciones de la Catedral de Granada, durante un acto de precampaña de las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Las imágenes grabadas muestran a varias personas portando, presumiblemente, unas porras extensibles cuyo uso está prohibido para la población civil. La APDHA presentó la denuncia el 21 de abril tras examinar el material audiovisual y reclamó tanto la identificación de los portadores como que Vox aclarase qué empresa de seguridad contrató. La asociación sostuvo que la manifestación se desarrolló de forma pacífica antes de que las declaraciones de Santiago Abascal, presidente de Vox, alteraran el orden y perturbaran el ejercicio del derecho de reunión; el dirigente arengó desde la tribuna a avanzar hacia el grupo de manifestantes, dispersado después en una carga policial.
La APDHA recurre y se suma un precedente
La asociación de derechos humanos ha anunciado que recurrirá el sobreseimiento ante la Audiencia Provincial de Granada. Considera ‘injustificado’ cerrar la causa ‘sin esclarecer quiénes portaban’ unas porras extensibles, critica que la falta de comunicación previa de la concentración termine ‘sirviendo para archivar una investigación sobre hechos completamente distintos’ y reclama que se investiguen todas las conductas potencialmente delictivas ‘con el mismo rigor. La APDHA insiste en que la protesta ‘no era ilegal, como parece dar a entender el auto’ y exige una investigación efectiva antes de cerrar definitivamente el caso.
El archivo no entra en las imágenes: descansa en la ausencia de autorización administrativa de la protesta, un criterio que la APDHA considera ajeno a los hechos denunciados.
No es la única vía que se ha cerrado. La Fiscalía de Granada archivó en julio la denuncia presentada por Podemos por el presunto uso de armas extensibles, al entender que los hechos ya estaban siendo investigados judicialmente. Antes, aquella denuncia había pasado por la Junta Electoral de Zona, donde Vox alegó que desconocía a los portadores y presumió que se trataba de agentes de paisano. La Junta recabó alegaciones de la formación de Abascal, que mantuvo la misma tesis. La resolución de agosto consolida así una conclusión similar en sede de instrucción.
Qué deja esta secuencia para Vox en Andalucía
La secuencia deja una lectura política nítida. Vox logra que la vía penal sobre las porras extensibles quede descartada sin que el auto entre en el contenido de las imágenes. No hay condena ni identificación de militantes. Esa conclusión refuerza la posición del partido en Andalucía, precisamente en una provincia donde mantiene estructura municipal y disputa al PP el espacio de la derecha.
La denuncia de la APDHA sigue viva: el recurso ante la Audiencia Provincial de Granada obligará a revisar si la ausencia de comunicación previa de una protesta puede extinguir la obligación de investigar la portación de defensas extensibles. La asociación ha subrayado una asimetría relevante: mientras la causa contra los portadores de las porras se archiva, seis activistas llegaron a estar investigados por desórdenes públicos y atentado a la autoridad tras la protesta.
Ese contraste alimenta el relato que sitúa a Vox como actor perseguido por la izquierda judicial. La próxima decisión de la Audiencia marcará si el archivo es definitivo o si reabre un debate que la formación ya da por cerrado.
