La Guardia Civil ha desarticulado en Roquetas de Mar una red dedicada al empadronamiento ilegal de extranjeros con 18 detenidos y 69 víctimas.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La Guardia Civil ha desarticulado tres grupos criminales dedicados a empadronamientos fraudulentos de extranjeros.
- ¿Dónde y cuándo? En Roquetas de Mar y otras localidades de Almería; la investigación arrancó con denuncias vecinales en los primeros meses de 2025.
- ¿Qué resultado? 18 detenidos, 188 empadronamientos fraudulentos detectados y 69 víctimas que pagaron entre 800 y 2.500 euros.
Operación ‘Tabula Rasa’: una red asentada en grandes edificios
La Guardia Civil ha informado de que la operación, denominada Operación Tabula Rasa, permitió detectar 188 empadronamientos fraudulentos. La investigación se inició tras varias denuncias presentadas durante los primeros meses de 2025 por vecinos de Roquetas de Mar, principalmente residentes en grandes edificios, que comunicaron que en sus domicilios figuraban empadronadas personas desconocidas.
Las pesquisas determinaron que, para formalizar los empadronamientos, los presuntos autores habrían utilizado documentación falsificada, sobre todo recibos de agua y electricidad. Además, los agentes detectaron el uso presuntamente fraudulento de la identidad de los titulares de las viviendas, que no habrían prestado ni conocimiento ni autorización.
Uno de los casos más significativos se localizó en Aguadulce, donde en un solo edificio figuraban más de un centenar de personas empadronadas sin que las comprobaciones permitieran acreditar su residencia efectiva en las viviendas. A partir de ahí, los investigadores identificaron tres grupos criminales que actuaban de forma coordinada y que habrían establecido una estructura específica para facilitar los empadronamientos.
Los agentes tomaron declaración a 69 personas estafadas, que manifestaron haber abonado presuntamente cantidades de entre 800 y 2.500 euros a cambio de conseguir su empadronamiento en Roquetas de Mar. El pago se situaba, según la nota del Instituto Armado, en una horquilla que servía para regularizar fraudulentamente la situación documental de ciudadanos extranjeros.
Detenidos y delitos atribuidos por la Guardia Civil
Las detenciones se practicaron en Adra, Almería, La Mojonera, El Ejido y Roquetas de Mar. A los 18 detenidos se les atribuye, en distinto grado de participación, pertenencia o constitución de grupo criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental, estafa y usurpación del estado civil.
La operación suma 188 empadronamientos fraudulentos, 69 víctimas y 18 detenidos, una dimensión que confirma la presión de la Guardia Civil sobre el fraude documental.
La Guardia Civil ha señalado que la Operación Tabula Rasa continúa abierta, con otros objetivos pendientes de localización, por lo que no se descartan nuevas actuaciones. El pasado agosto de 2026, la Policía Nacional coordinó otra operación contra empadronamientos ilegales que se saldó con 15 detenidos y 47 empadronamientos irregulares en Almería, Níjar y Canjáyar.
El Contexto Operativo
El empadronamiento fraudulento se ha consolidado como una de las vías utilizadas por las redes de inmigración irregular para dotar de apariencia legal a la residencia de ciudadanos extranjeros. No se trata solo de una irregularidad administrativa: el uso de documentación falsificada y la usurpación de identidad de los titulares de viviendas generan inseguridad jurídica y dañan la confianza en el padrón municipal.
La comparativa entre operaciones lo confirma. Entre la intervención de agosto de 2026 y la Operación Tabula Rasa, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado suman 33 detenidos y 235 empadronamientos fraudulentos detectados en la provincia de Almería. La cifra refleja una presión operativa creciente sobre estas tramas, con equipos que pasan de la denuncia vecinal a la identificación de estructuras criminales estables.
Con la investigación aún abierta, la Guardia Civil no descarta nuevos arrestos y mantiene el foco en los entramados que rentabilizan el acceso irregular al padrón. El caso de Roquetas de Mar demuestra que el control de los registros municipales es también una línea de seguridad: los datos de empadronamiento alimentan la expedición de documentación y el acceso a servicios públicos, por lo que cualquier brecha se convierte en una oportunidad para estas redes.
