El Departamento de Justicia imputa a cinco agentes de la red de inteligencia rusa por un plan de asesinato en Washington. La acusación, presentada por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, describe vigilancia preoperacional sobre disidentes rusos y la contratación de sicarios en México por 40.000 dólares.
Es el primer intento acreditado del aparato de eliminaciones del Kremlin en suelo estadounidense. Y el nombre que sobrevuela el sumario, aunque el escrito no identifique formalmente al objetivo, es el de Vladímir Kara-Murza, el periodista y opositor ruso que reside en el área de Washington desde que en 2024 salió de una prisión de Siberia dentro de un intercambio de prisioneros.
Le pongo en contexto: el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York sostiene que los cinco acusados actuaban por orden de ‘agentes estatales’ y califica los hechos de ‘flagrante violación de la soberanía de Estados Unidos’. Ninguno de los imputados ha sido detenido.
La trama tenía tres patas. Reclutamiento de residentes en Estados Unidos para vigilar al objetivo. Contratación de pistoleros en México. Y financiación directa desde una estructura que el expediente denomina RIS, la red de servicios de inteligencia rusos que funciona como brazo exterior del Kremlin para asesinatos selectivos.
México aparece en el sumario como pieza operativa, no como escenario accidental. Según el escrito, uno de los reclutadores dijo a un colaborador en Estados Unidos que tenía ‘gente en México’ capaz de ejecutar el trabajo. El precio pactado: 40.000 dólares por eliminar al disidente o hacerlo desaparecer.
Moscú no envía sicarios desde Rusia: alquila manos locales en el país vecino del objetivo. Es más barato, más negable y mucho más difícil de rastrear.
Cinco nombres, tres nacionalidades y una estructura que no figura en ningún organigrama
Tres de los señalados ocupan la parte alta de la jerarquía. Yuri Khrameev, de 63 años, ex coronel de inteligencia, ha reclutado asesinos para ejecutar disidentes y trabajó codo con codo con Putin cuando ambos eran jóvenes. Su hijo, Kirill Khrameev, de 27, es oficial en activo del FSB, heredero directo del KGB soviético.
La tercera es Oemis Romagoza Durrithy, miembro influyente de la diáspora cubana en Rusia, señalada como coordinadora de ataques para la red. Los otros dos completan la cadena operativa: el cubano Yaidel Delgado Suárez, alias ‘Viking’, reclutador prolífico con contacto directo con sicarios en México, y su estrecho asociado, el venezolano Ángel Eduardo Castro, encargado de captar a personas residentes en Estados Unidos para la fase de vigilancia.
Fíjese en la composición. Un coronel ruso, un oficial del FSB, una cubana asentada en Moscú, un cubano con agenda en México y un venezolano de enlace. La RIS no opera con funcionarios de nómina. Opera con lealtades ideológicas, pasaportes de conveniencia y capas intermedias que aíslan al servicio de la mano que aprieta el gatillo. En el oficio eso tiene nombre: ‘cut-out’.
Los cinco siguen en libertad.
El tradecraft: vigilancia previa, reclutadores locales y un silencio diplomático que huele a pacto
La vigilancia preoperacional es el paso más revelador del expediente. Antes de matar, hay que mirar. Rutinas, itinerarios, escoltas, domicilios. Esa fase exige presencia física sostenida en el entorno del objetivo, y es ahí donde las redes caen: en Estados Unidos, la vigilancia de un disidente ruso en el área metropolitana de Washington deja rastro de telefonía, de matrículas y de movimientos bancarios.
El segundo elemento es la externalización. Contratar a nacionales de terceros países permite al Kremlin negar cualquier vínculo formal. Ya ocurrió en 2020 con el biólogo molecular mexicano Héctor Cabrera Fuentes, detenido por participar en la planificación de un atentado contra el desertor Aleksandr Poteyev en Miami, el antiguo responsable del programa de ‘ilegales’ del SVR. Cabrera cumplió una condena corta y fue deportado a México en 2023.
He seguido durante años la pista mexicana del espionaje ruso y siempre me ha llamado la atención lo mismo: México se ha convertido en la retaguardia logística de Moscú. El Mando Norte de Estados Unidos sostiene que el país alberga desde 2022 la mayor concentración mundial de agentes de inteligencia militar rusa. Buena parte de la plantilla de la embajada rusa en Ciudad de México está bajo sospecha de operar con cobertura diplomática. Y hay analistas que calculan que un número indeterminado de ciudadanos rusos entró haciéndose pasar por refugiado de la guerra de Ucrania.
El gobierno de Claudia Sheinbaum no ha comentado la acusación. Tampoco ha explicado por qué no ha expulsado a los espías rusos que figuraban en la lista que le entregó la embajada estadounidense en México. En paralelo, la Fiscalía de Nueva York guarda silencio y no ha respondido a las consultas periodísticas sobre el grado de cooperación mexicana en la investigación.
Hay un detalle que casi nadie subraya y que a mí me parece el más importante de todo el caso. Washington y Moscú mantenían un acuerdo tácito de no dañar a los oficiales de inteligencia ni a sus familias en territorio ajeno. Ese pacto no escrito llevaba décadas sin romperse. Si la trama era cierta, lo rompieron.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
Vector de amenaza: asesinato encubierto por delegación. No es un ciberataque ni una filtración; es el viejo método húmedo del oficio, con una capa tecnológica mínima y una capa humana maximalista. La rúbrica es la RIS ejerciendo de brazo exterior: reclutamiento ideológico, vigilancia preoperacional prolongada, contratación de ejecutores locales y financiación opaca por 40.000 dólares. Es el mismo patrón que Moscú ha aplicado en el Reino Unido —catorce operaciones conocidas según los recuentos públicos—, en Alemania, Francia, Polonia, Turquía, y España.
Agencias implicadas. En el lado atacante, la RIS con el FSB en la cadena de mando y un nodo cubano de coordinación multioperativa. En el defensivo, el FBI y el Departamento de Justicia, que han desarticulado la fase de vigilancia antes de que llegara la ejecución. En el tercer círculo, México, cuyo territorio se usó como base logística sin que su gobierno haya aclarado nada. El CNI y el CCN-CERT no aparecen en este expediente, pero les concierne directamente: España ya ha sido escenario de la misma doctrina rusa, con el asesinato a tiros del piloto desertor Maksim Kuzminov en Villajoyosa en febrero de 2024 y el atentado con explosivos de Fuengirola meses después.
Nivel de clasificación estimado: Top Secret. La vigilancia preoperacional sobre un disidente protegido implica datos de localización, dispositivos de protección y contactos institucionales de máxima sensibilidad. El material que el FBI tuvo que manejar para llegar a los cinco nombres estaba, con casi total seguridad, compartimentado bajo el principio de fuentes y métodos.
La atribución aquí es sólida porque hay acusación judicial. En ciberguerra casi nunca la tenemos; en HUMINT, cuando aparece, suele llegar tarde y con los ejecutores ya en paradero desconocido.
Lo veo como una advertencia para Bruselas. La doctrina de eliminación selectiva del Kremlin ya no distingue entre suelo ruso, suelo británico, suelo español y suelo estadounidense. Y la lección mexicana debería leerse en clave europea: los países vecinos de un objetivo se han convertido en la sala de espera del crimen.
El próximo hito procesal llegará con las comparecencias ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York y con una respuesta oficial del gobierno mexicano que, de momento, no ha llegado.
El resto es contabilidad de la muerte.
