El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este jueves un plan que abre la puerta a 18.400 viviendas protegidas hasta 2028. Salió adelante con los votos de PP, Vox y los concejales no adscritos; Más Madrid y el PSOE votaron en contra. La norma no dibuja barrios nuevos: convierte en residencial suelo que hasta ahora estaba reservado a oficinas, dotacional privado y hospedaje.
El texto tramitado por el Área de Urbanismo que dirige Borja Carabante es quirúrgico. No toca el plano de la ciudad, toca la etiqueta de cada parcela. Donde antes solo cabía una sede corporativa o un hotel, ahora cabe vivienda con protección pública.
Qué suelos se liberan y cuántas viviendas salen de cada uno
El primer bloque nace de la ley autonómica 3/2024, de 28 de junio, de medidas para la promoción de vivienda protegida, y de su modificación posterior. Madrid ya la estrenó en su versión inicial, la que permitía levantar alquiler asequible en suelo industrial durante 15 años. De aquella tanda salieron, según el propio delegado de Urbanismo, 5.806 expedientes tramitados. Con la actualización entran al juego el dotacional privado y el terciario de hospedaje: 4.900 viviendas en parcelas de oficina, más de 3.000 en dotacional privado y algo más de 130 en terciario de hospedaje. Son más de 8.100 pisos adicionales en dos años.
La segunda palanca no depende del uso del suelo, sino de la letra pequeña del planeamiento. El plan permite subir un 20% la edificabilidad y un 30% la densidad en parcelas ya calificadas para vivienda protegida sin tocar el PGOU. De las ocho alegaciones presentadas, una se admitió íntegra y tres en parte, con un límite explícito: el incentivo vale para vivienda colectiva, nunca para unifamiliar. De ahí salen más de 4.400 hogares que, sumados a los anteriores, elevan el techo del plan por encima de las 18.400 viviendas.
En total, con las dos normas regionales en marcha, el Ayuntamiento calcula 14.000 viviendas en cuatro años. Es la cifra que el Gobierno municipal repitió durante el pleno para sostener su tesis: para Carabante, la crisis actual es ‘un problema netamente de oferta’ y el diagnóstico obliga a poner suelo en el mercado, no a intervenir el precio.
La oposición votó en contra por el fondo y por la forma. Reyes Maroto (PSOE) lo resumió con una frase —’Han puesto el cartel de Madrid se vende’— y habló de un modelo basado en la especulación y el pelotazo. Rita Maestre (Más Madrid) sostuvo que los dos planes especiales solo sirven para convertir la ciudad en ‘un tablero de Monopoly’. Vox apoyó el texto y aprovechó su turno para pedir que el acceso a estas viviendas se limite a los españoles.
Madrid no gana ni un metro cuadrado de suelo con este plan: solo cambia el uso de lo que ya tiene y confía en que el mercado haga el resto.
Hospedaje en polígonos: del loft encubierto al apartahotel legal
Hay una segunda norma aprobada en el mismo pleno, con menos titulares y más efecto a pie de calle. La Norma Zonal 9 grado 3º del PGOU solo admitía hoteles en determinados ámbitos industriales. La restricción se aprobó en 2007 para cortar un fraude concreto: naves autorizadas como apartamentos turísticos que después se comercializaban como viviendas, con pérdida de suelo económico y sin garantías para quien vivía allí.
Ahora esa puerta se abre a cualquier modalidad de hospedaje: apartahoteles, pensiones y casas de huéspedes. El ámbito alcanza más de 240 parcelas repartidas en ocho distritos —Arganzuela, Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Usera, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas—, con ejemplos reconocibles: el polígono de la carretera de Burgos, el barrio del Aeropuerto, la calle Josefa Valcárcel o la esquina de Costa Rica con la M-30. El Ayuntamiento lo justifica por la terciarización de estos ámbitos y por el empuje del Plan Reside, la ordenanza que ha cerrado la apertura de pisos turísticos en bloques residenciales del centro.
El precedente que invita a la prudencia
Antes de dar por hechas las 18.400, miramos el precedente inmediato. La primera aplicación de la ley autonómica en la capital dejó 5.806 viviendas en tramitación tras varios años de recorrido, y eso que el mecanismo era más sencillo que el actual. El papel admite más promociones de las que después se levantan. Entre el acuerdo de pleno y la primera llave hay concurso, licencia y obra por delante, con la ventana del plan fijada en 2028. A eso se suma que el incentivo de edificabilidad se aplica sin tocar el planeamiento: acelera expedientes, pero deja la densidad final en manos de cada promotor.
El segundo frente es el del alojamiento. Abrir 240 parcelas industriales a apartahoteles y pensiones puede aliviar la presión sobre el centro, aunque también puede reeditar el problema que la norma de 2007 quiso atajar si la inspección posterior no es fina. La distancia entre un apartahotel legal y un piso turístico camuflado se mide en en licencias y visitas, no en el nombre que figure en el cartel.
El calendario manda. La ventana de dos años para acogerse a los incentivos cierra en 2028 y los primeros movimientos se verán donde se concentra el suelo liberado: el este y el sur de la ciudad. San Blas-Canillejas, Barajas, Usera y Chamartín tienen ya las parcelas señaladas. La pregunta que deja el pleno no es cuántas viviendas caben en el plano, sino cuántas se levantarán de verdad. Las primeras licencias en esos cuatro distritos darán la respuesta.
